En días de cuarentena obligatoria, fueron varios los casos judiciales tuvieron a la Administración Nacional de la Seguridad Social como protagonista, por distintas decisiones alrededor de los beneficios de los ciudadanos.

Un caso puntual que se produjo en la provincia de Mendoza, fue el del mendocino Mariano Pérez, quien, por una decisión de la junta médica del organismo estatal, se quedó sin el beneficio de “jubilación por invalidez” en medio de la cuarentena, con la imposibilidad de conseguir trabajo, y con una realidad económica apremiante. Y, como frutilla del postre, sin obra social siendo que tiene un impedimento motriz superior importante.

María Emilia Micames, abogada del joven mendocino, contó a Unidiversidad su versión de los hechos del caso: “Se trata del caso de un muchacho que venía cobrando su jubilación por invalidez (producto de un accidente) y conforme a un procedimiento establecido en la Ley de Jubilaciones, Anses lo volvió a citar y la Comisión Médica actuante determinó que debe reinsertarse en el mercado laboral y perder su jubilación, pese a que no tuvo una recuperación (sí, una mejoría) médica”.

En ese sentido, la abogada Micames resaltó: “Estos procedimientos ante la Comisión médica son muy arbitrarios, desinformados y tortuosos”. Y agregó: “Y como para completarla, le dan a las personas 5 días para apelar sus decisiones, plazo en el que los afectados tienen que conseguir un abogado que los defienda, un médico que constate su incapacidad y contestarle a la Justicia”. Por ello, para la letrafa, “es un procedimiento inconstitucional” que afecta las garantías del debido proceso, ya que mucha gente se queda sin defenderse y sin su beneficio.

“La incapacidad original de mi cliente fue superior al 66%(absoluta), por lo cual tiene derecho al retiro por invalidez. En esta oportunidad de revisación, la junta médica de Anses determinó que el afectado tiene un 50% de incapacidad”, comentó Micames.

Por otra parte, haciendo alusión a la situación económica actual azotada por el coronavirus, la abogada consideró: “Es evidente que ante la actualidad del mercado laboral y la realidad económica que atraviesa el país, esta persona mayor, que además está retirada del trabajo desde hace 3 años justamente por orden de la misma Anses, y que tiene el 50% de sus posibilidades físicas, tenga muy pocas chances de conseguir un trabajo digno que le permita mantenerse decorosamente”.

Ante este panorama, la letrada explicó a este medio que presentó “una acción de amparo”, por un lado para resolver con la mayor velocidad posible esta situación y, por otro, para soslayar que la decisión de Anses “ataca derechos constitucionales” de su cliente.

Además, María Micames resaltó que lo que busca es que “se determine en sede judicial y con médicos que no dependan de una auditoría del Gobierno, la incapacidad que sufre esta persona para trabajar”, porque “no se trata de un caso aislado, sino que son varios”.

Finalmente, la abogada resaltó que en mismo contenido del amparo, planteó simultáneamente una medida cautelar “para que se le rehabilite el cobro de esta prestación”, la cual es “imprescindible y necesaria para esta persona” ya que no se la puede procurar por sí mismo.

Ante esta medida para seguir cobrando antes de la resolución del caso, la Justicia federal ha dado el aval apra que se mantenga el pago por parte de la Anses.