En 2022, y haciendo uso del derecho ciudadano a proponer proyectos legislativos, Romina Diego presentó una iniciativa en el Senado de Mendoza para que se legisle adecuadamente la violencia vicaria. Se llama así a la agresión que los varones ejercen sobre hijos e hijas como vía para dañar a la madre. El término “vicario” se refiere, justamente, a las personas que sustituyen o cumplen las veces de otras. Niños y niñas son un medio, pero son víctimas directas de la violencia de género, y ese es el abordaje que pretende el proyecto de creación del Programa Provincial de Prevención, Abordaje y Tratamiento Integral para la Erradicación de la Violencia Vicaria.

Motivada por la necesidad personal de transformar una experiencia traumática en una herramienta de ayuda, Romina Diego presentó esta iniciativa. No es solo su experiencia, sino también su expertise: es abogada por la UBA, escribana titular de registro y mediadora de la UNCUYO. Como prevé la ley, el proyecto fue suscrito por Natacha Eisenchlas, legisladora provincial del bloque Cambia Mendoza y, en ese entonces, presidenta provisional del Senado. A contramano del desfinanciamiento nacional en políticas de igualdad de género, integrantes de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de la Cámara Alta invitaron a Diego para tomar conocimiento sobre los alcances y fundamentos de su iniciativa.

A diferencia de la que se ejerce directamente sobre las mujeres, esa forma de maltrato en la que los agresores dañan a los hijos para infligir sufrimiento a sus parejas o exparejas no está debidamente legislada en la mayoría de los lugares o, al menos, la normativa es insuficiente para la acción. Sin embargo, si se tiene en cuenta un abordaje integral y multidisciplinario –complejo, como la situación misma–, la violencia vicaria y la violencia de género están profundamente relacionadas, explicó Romina Diego en la Legislatura. 

Las niñas, niños y adolescentes que se desarrollan en entornos de violencia de género o familiar,  se ven afectados aun cuando la violencia no se ejerza directamente contra ellos.

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— Frente Nacional contra Violencia Vicaria A.C. (@FNCVVICARIA)

June 26, 2024

La legislación argentina establece el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias: lo prevén tratados y acuerdos internacionales, como la Cedaw o la Convención de Belem do Pará, y la Ley nacional 26485. También contempla tanto el daño, maltrato o agresión directa –psicológica, física, sexual, económica, simbólica– como la indirecta. Es decir, tiene en cuenta que existe una forma de violencia que el agresor ejerce cuando no puede acceder personalmente a la mujer. Lo hace sustituyendo el foco de violencia por todo aquello a lo que está apegada o siente cariño: los hijos e hijas de ella o en común, la familia o la pareja actual.

Las niñas y los niños en el medio pueden ser agredidos sexual o físicamente e, incluso, ser víctimas de homicidio. La finalidad de tales actos es causar el mayor daño y sufrimiento psicológico y emocional a la mujer. Por eso, explica el proyecto, la violencia vicaria constituye una de las manifestaciones más cruentas y brutales de la violencia de género. Así lo explica la trabajadora social española Anca Cristina Dinu.

De hecho, nuestro país también adhiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, y su órgano de aplicación, el Comité, advirtió en 2006 que los castigos corporales y otros tratos crueles o degradantes son formas de violencia y perjuicio frente a las cuales los Estados deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para eliminarlas. Crear el Programa Provincial de Prevención, Abordaje y Tratamiento Integral para la Erradicación de la Violencia Vicaria iría en ese sentido. 

Este programa pretende ofrecer un marco legal y operativo para la protección de las víctimas mediante el trabajo con protocolos de acción y prevención que respeten y protejan los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. El proyecto también enfatiza la necesidad de que se coordinen acciones concretas entre diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo el Ministerio Público Fiscal, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, y organizaciones de la sociedad civil.

España es uno de los pocos países donde la violencia vicaria está detallada y sancionada legalmente. En América Latina, México es uno de los países vanguardistas en el reconocimiento de esta violencia. Tras un debate en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la violencia vicaria fue tipificada como un delito que se puede penar hasta con seis años de cárcel. En nuestro país, la agrupación M.A.M.I acompaña a mujeres que están atravesando esta violencia y, en una nota de Feminacida, aseguraron que no alcanza con las leyes de Protección Integral y de Protección contra la Violencia Familiar.