Florencia Romano estaba desaparecida desde el sábado 12 de diciembre por la tarde. Tras una intensa búsqueda, el jueves 17 hallaron un cuerpo y la Justicia confirmó que era el de la menor. El fiscal Fernando Guzzo ratificó que el día de la desaparición, hubo un llamado al 911 que podría haber prevenido el femicidio, pero fue desestimado.

El Centro Estratégico de Operaciones (CEO), perteneciente al Ministerio de Seguridad, realizó una compulsa por el hecho. Esta mañana, el titular de la Inspección General de Seguridad comunicó que la operaria fue identificada. Luego de iniciar un sumario administrativo, la mujer fue sancionada: la pasaron a “pasiva”, le retuvieron el arma reglamentaria y el 50 % del sueldo hasta terminar con la investigación.

Sin embargo, el foco de las organizaciones y la militancia feminista no está puesto en esta persona en particular, sino en la responsabilidad del Estado, que no puede garantizar la vida de las mujeres. Aunque parece tener herramientas, no tiene la capacitación ni la voluntad para actuar en casos de violencia de género. 

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El llamado realizado por el vecino denunciaba peleas en el domicilio de Pablo Ramón Arancibia, quien hoy está imputado junto con su pareja, Micaela Estefanía Méndez. Sin embargo, a pesar de las precisiones, ningún móvil policial arribó a la zona y la denuncia fue completamente desestimada. 

Roberto Munives, el director general de la pPolicía, reconoció el error del 911 pero, aun así, decidió cargar de responsabilidad a la familia. No puso el eje en la falta de actuación del Estado, que tenía toda la información para accionar y prevenir el femicidio pero no lo hizo.   

“Hechos como estos son evitables, precisamente a través de la educación, a través del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir, precisamente porque debemos tener ante todo dentro del seno familiar un diálogo de apertura, porque todo se inicia a través de un engaño sobre la menor”, relató Munives.

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Este proceder deja ver varios problemas. Por un lado, la irresponsabilidad del Estado, que no actuó como correspondía, no respondió a la emergencia. Por otro, la lógica de las instituciones y las personas que las componen –la operaria policial del 911 o Munives–, que siguen entendiendo los problemas de violencia de género como asuntos privados y no como un problema público y profundamente político. 

Este es el sentido de los reclamos sociales que se dejan ver en los hashtags usados para la convocatoria a la marcha para pedir justicia, que sostienen #ElEstadoEsResponsable, #NiUnaMenos, #HartaQueNosMaten.

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