El ministro de Agua, Ambiente y Energía del gobierno de José Manuel de la Sota, Manuel Calvo, sostuvo que se trató de un cierre provisorio y preventivo, hasta tanto se demuestre la seguridad de las antenas, ya que no se contó con los informes de impacto ambiental pertinentes basados en la Ley General del Ambiente (N° 7343) y su Decreto Reglamentario (N° 2131) de esa provincia. Con este argumento, y acusando al gobierno nacional de haber instalado la infraestructura de modo arbitrario y patoteril, se procedió, entre fines de diciembre de 2012 y mediados de enero del corriente año, a la clausura efectiva de cinco antenas, ubicadas en Río Cuarto, Villa María, Leones, Villa Dolores y la localidad de Malagueño.

Una cautelar a favor de la pluralidad de voces

Las reacciones fueron múltiples y en todos los frentes. Vecinos y vecinas de Leones fueron los primeros que se movilizaron en protesta. El Ministerio de Planificación, accionista mayoritario de la empresa ARSAT, inició acciones legales contra el gobierno de Córdoba. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) presentó un amparo; lo hizo a través de su titular, Martín Sabbatella, acompañada en la presentación por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, el delegado de AFSCA en Córdoba, Carlos Vicente, y funcionarios de la Procuración del Tesoro, entre otros. 

El fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, dictaminó la competencia del juez Alejandro Sánchez Freytes, del Juzgado Federal Nº 2 de la provincia, para analizar la cautelar presentada por AFSCA como organismo responsable de garantizar en todo el país el ejercicio de una comunicación audiovisual sin censura. La cautelar busca frenar las Resoluciones 1026/12, 1027/12, 1028/12 y 1029/12 de la Secretaría de Ambiente que determinaron la clausura.

Las acciones del gobierno provincial no se limitaron a interrumpir el servicio o la instalación de las antenas. El director de Radio y Televisión Argentina, Alberto Cantero, respondió públicamente al ministro Calvo, explicando que las actitudes patoteriles vinieron de parte del gobierno provincial: “(…) en diciembre de 2012 mandó de madrugada a la policía de la provincia de Córdoba haciendo ostentación de armas, a desalojar a todos los trabajadores y técnicos que estaban terminando la construcción de la estación, incautando todos los elementos de las empresas contratistas”, elementos que todavía las empresas reclaman y no les han sido devueltos, y agregó: “Es el ejecutivo de Córdoba que todo lo politiza y judicializa, ordenando a la empresa de energía de Córdoba (EPEC) que rompa unilateralmente el convenio que con el acuerdo del propio gobernador firmó el 12 de marzo del 2012 para que en su predio se instalara la torre de TV digital, y para que a esa torre migraran las instalaciones de la propia EPEC. El ejecutivo cordobés desconoció todas las cláusulas del convenio que había firmado y sin justificación y en forma prepotente lo rompe”.

Protesta general

Múltiples actores sociales se pronunciaron repudiando la clausura de las antenas y en defensa del derecho ciudadano a la comunicación. Profesionales de la producción y la realización audiovisual agrupados/as en la Asociación de Productores Audiovisuales de la Provincia de Córdoba (A.P.A.C) y en Productores y Realizadores Audiovisuales de la Provincia de Córdoba (P.R.A.C.), la Coalición por una Comunicación Democrática (ex Coalición por una Radiodifusión Democrática), las universidades nacionales de Córdoba, Villa María y Río Cuarto, la coordinación general de la TV Digital en Córdoba a través de su titular provincial Haydé Giri y la Asociación Argentina de Actores, fueron algunas de las organizaciones e instituciones que protestaron la medida. 


La Coalición organizó un acto de repudio frente a la Casa de la Provincia de Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires. En Leones la movilización continuará este viernes 15 con un festival artístico por la defensa del derecho a la TV gratuita, en el que participarán Peteco Carabajal, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Bruno Arias, Diego Frenkel y Daniela Herrero, entre otras figuras.


Una medida sin fundamento

La excusa de la falta de estudios de impacto ambiental o de informes sobre estos estudios carece de fundamento. AFSCA explica que se presentó el Aviso de Proyecto a mediados de diciembre de 2012 y, días antes, el informe de impacto ambiental, económico y turístico, realizado por ARSAT y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). La nota Nº 423 de la CNC, según se menciona en el recurso de amparo, “indica que se estaría 376,89 veces por debajo del límite [de radiación] establecido en la normativa vigente en nuestro país, siendo esta situación coincidente con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud”. Además, las antenas se situaron en predios donde no produjeran contaminación visual ni alteraran la flora y fauna locales. Los informes presentados toman en cuenta también la experiencia registrada en otras provincias donde ya está la infraestructura en funcionamiento. En Malagueño, la antena de la TDA compartía el predio con otras antenas de cable y de radio. De todas ellas, la que produce mayor radiación es la de Cablevisión, cuyos niveles se ubican en cinco veces los de la televisión digital, por lo que todo el conjunto no produce una contaminación significativa.

La conclusión de todos los actores es unánime: es la ciudadanía cordobesa la que se perjudica con esta medida que la priva del servicio de televisión gratuita que le garantizaba la TDA, mientras que el mayor beneficio lo obtiene Cablevisión, la empresa que brinda un servicio pago en una provincia donde el acceso a la TV por aire es muy limitado. La afinidad demostrada en los últimos años por el gobernador De la Sota hacia el grupo Clarín, socio mayoritario de Cablevisión, alimenta la convicción general sobre las motivaciones políticas de la medida contra la TDA.