La demanda fue presentada el 7 de abril pasado y tuvo sentencia firme el 15 de ese mes, informó la organización 100% Diversidad y Derechos, que efectuó el amparo y dio a conocer ayer la sentencia.

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, expresó en su fallo que es "alarmante que en el contexto de la plena institucionalidad democrática que nuestro país actualmente disfruta, haya un colectivo de personas a quienes les está vedado ser ellas mismas".

La magistrada sostuvo que ninguna de las amparitas debe "soportar un día más de su vida en un contexto de judicialización, estigmatización, criminalización y patologización hacia su persona y su calidad de vida", señala un comunicado.

La demanda contra el Gobierno porteño, del cual depende el Registro Civil, fue presentada por la abogada Marina Guimpel, en favor de Alba Rueda, Valeria Licciardi, Martina Nikolle Córdoba Ansardi, Lucía Romina Escobar, María Julieta Burgos y Paula P.

En su amparo, advirtieron que "la existencia de peligro en la demora es palmaria, cada día que pasamos con un D.N.I. que no refleja nuestra identidad nos agravia".

El presidente de 100 Diversidad y Derechos, Martín Canevaro, dijo a Télam que "el fallo deja de lado otras miradas del pasado y avanza en el reconocimiento del derecho a identidad como un derecho humano básico".

"Es el primer respaldo de la justicia porteña a un reclamo que es de toda la comunidad trans, que es el tratamiento en el Congreso de una ley de identidad de género", sostuvo.

Canevaro explicó que esa norma "les permitirá acceder a una serie de derechos, como el de trabajo estable, obra social o, en este caso, el derecho al voto con su verdadera identidad de género".

También comentó que "se solicitó el cambio del nombre y sexo registral de las amparistas para que se les garantice el ejercicio de sus deberes ciudadanos, ya que cada elección es un suplicio para ellas porque las expone a votar con un DNI que no refleja su identidad".

Rueda, quien también es responsable del Area Trans de 100% Diversidad y Derechos, manifestó a esta agencia que "esta medida nos permite posicionarnos desde un lugar muy importante para el mensaje que queremos transmitir a la sociedad" y coincidió en que debe ser tomado como un mensaje por el Congreso.

Esta amparista, quien trabaja en el Ministerio de Justicia de la Nación, donde es delegada de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, aseguró que "nosotras estamos viviendo todas las mismas realidades, aunque estamos insertas en distintos ámbitos".

"Yo tengo un trabajo estable y estudios universitarios, pero hay otras que viven en una esquina, en una situación de prostitución o de explotación sexual, pero lo que nos hace muy similares es que estamos pasando una realidad similar, ya que no existen políticas públicas para nuestro sector", enfatizó.

Luego aseguró que "éramos seis personas excluidas, con terribles problemas frente a instituciones privadas como públicas que sólo reconocían el nombre con el que habíamos sido registradas al nacer, que no es nuestra verdadera identidad".

"Por ejemplo -siguió- mi título universitario está a nombre de otra persona, que no existe, lo mismo que mi previsión social y mi sistema de salud".

En su demanda, las amparitas expusieron que "son numerosos los padecimientos que vivimos a diario y son incontables las consecuencias que ello implica como la imposibilidad de acceder a un empleo formal o acceder en igualdad de oportunidades y trato a los servicios de salud y educación, entre tantos otros".

Rueda indicó que estas acciones son parte de una estrategia que apunta a que salga la ley nacional de identidad de género, cuyo proyecto contempla "modificación o una nueva ley de salud, que contemple la hormonización, el cambio de sexo quirúrgico y las prótesis en el marco del sistema de hospitales públicos".

"El sistema de salud se rige aún por la ley de la dictadura de (Juan Carlos) Onganía, que castiga a los profesionales que realicen cambio de sexo, por lo que tenemos que recurrir a demandas judiciales para poder lograrlo".

De esa manera, dijo, "hoy nos excluyen y nos mandan a la clandestinización, donde se hacen intervenciones no seguras, con materiales no confiables".

Canevaro agregó que el fallo es del 15 de abril pero se dio a conocer ayer "porque queríamos estar seguros de que no surgiera alguna nueva instancia debido a alguna apelación o reclamo".

Por último, apunto que "con una ley de identidad de género ya no será necesario recurrir a la Justicia ni a un médico que certifique la identidad, porque el mejor especialista en estos casos es la persona que decide sobre sí misma".