Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Debido a esto, la demanda social de garrafas de gas es muy grande y prioritaria para satisfacer las necesidades básicas de cientos de familias. Frente a la demanda de este servicio esencial, la respuesta que hoy brinda el Estado resulta inequitativa para un vasto sector de la población.

La Ley 26020 del año 2005 declara al Gas Licuado de Petróleo como de Interés Público y no como un Servicio Público, como sí lo es la distribución de gas por redes. La diferencia entre una y otra categoría es fundamental, porque el servicio público permite al Estado regular el valor de la tarifa y no simplemente establecer un precio de referencia como ocurre hoy con la garrafa y que, en rigor de verdad, el mercado no respeta. Esto, a todas luces, es una injusticia que perjudica principalmente a los sectores más vulnerables, más desprotegidos y de menores ingresos. 

Desde hace tiempo trabajamos en una ley destinada a corregir esta situación que afecta directamente a millones de personas que habitan nuestro país. Resulta arbitrario que aquellos ciudadanos que viven en localidades muy frías y sin acceso al servicio público de red de gas carezcan de la misma protección legal con la que cuentan los habitantes de ciudades con mejor infraestructura e ingresos.

Hoy se da la contradicción de que los sectores sociales más vulnerables son los que tienen que pagar el gas más caro. Esta situación desfavorable para algo más de 16 millones de usuarios de garrafas de gas se agrava por los abusos que cometen algunas empresas proveedoras, que no respetan el precio de referencia. Decimos un Estado presente porque con esta iniciativa establecemos que YPF –empresa estatal– venda la garrafa a precio regulado y uniforme en todo el país y así actúe como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto. Necesitamos una activa participación de YPF, pero también de todas las empresas concesionarias del servicio en materia energética.

Es un error dejar al mercado lo que el Estado debe garantizar y procurar, velando siempre por la igualdad y bienestar de toda la sociedad. Contamos con el apoyo y el aval de asociaciones de defensa al consumidor y defensorías del pueblo de diferentes partes del país. Por eso pedimos que el Congreso de la Nación discuta, enriquezca y sancione esta iniciativa, y así lograr igualar los derechos y permitir que millones de argentinos accedan a una garrafa de gas con una tarifa justa y uniforme en todo el territorio nacional.