Ahí, en la puerta de una sala de debates colmada, apretujadas entre policías, abogados, familiares de condenados y de víctimas. Ahí, en un estrecho pasillo de tribunales federales, Luz Casenave se abrazó fuerte a su hija Luz Faingold, que con 17 años fue secuestrada, torturada y violada. Fue un abrazo enorme, un abrazo que madre e hija esperaron cuarenta años y que se multiplicó en los brazos de las 170 personas que la Justicia consideró víctimas de delitos de lesa humanidad y por los que condenó a 25 acusados, incluidos cuatro exjueces federales.

“Tuve que vivir para ver esto, no me quedó otra, tuve que seguir para escuchar esta condena que nos convierte en un pueblo más civilizado”, fueron las palabras de la mujer de 86 años.

Unos segundos antes, en la sala de debates se escuchó una sentencia histórica dictada por los integrantes del Tribunal Federal Oral N° 1, presidido por Alejandro Walter Piña. Histórica porque repara el calvario y el dolor de 170 personas y sus familias a las que nadie escuchó por años, histórica porque juzgó a toda la cadena de encubrimiento, histórica porque dejó en claro que los jueces no son impunes, y que si actúan fuera de la ley y no brindan protección a las víctimas, serán condenados. Y es, digámoslo, una sentencia valiente, porque tres magistrados de la Nación pusieron su firma en condenas a prisión perpetua contra cuatro exjueces, que tuvieron -al igual que el resto de los acusados- todas las garantías constitucionales durante el proceso.

Históricas condenas a Romano, Miret, Carrizo y Petra

El Tribunal Oral Federal N° 1 les dio perpetua, al igual que a otros nueve imputados. Otros acusados recibieron penas de entre tres y 20 años. También se absolvió a tres de los enjuiciados

Histórica sentencia

Esa pequeña sala ubicada en el segundo piso de Tribunales Federales fue el escenario de una sentencia histórica. Después de las 17, los policías permitieron sólo el ingreso de quienes fueron previamente anotados en una lista. A un lado de la sala se ubicaron las víctimas y sus familiares; en el otro, los familiares de los acusados. Y en medio de ambos, en el pasillo que divide la hilera de asientos, se ubicaron policías federales. Había tensión en el ambiente pero nadie la tradujo en palabras.

A la sala llegaban los murmullos de las cientos de personas que se congregaron en las escalinatas de los Tribunales y que siguieron por medio de una pantalla gigante los pormenores de la sentencia. Llegaban los sonidos de cánticos, de gritos, de música.

A las 18 todo estaba listo. Los abogados querellantes, los defensores, las víctimas, los acusados y los familiares de ambos. Y también dirigentes que con su presencia dejaron en claro su apoyo a un proceso judicial que respetó los derechos de los implicados: la vicegobernadora Laura Montero junto a algunos ministros del Ejecutivo; el exjuez federal Carlos Rozanski; la presidenta de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Norma Ríos; el rector de la UNCUYO, Daniel Pizzi, y la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Claudia García.

La ansiedad fue el sentimiento que reinó en la sala, incrementada por el calor agobiante. El primer acusado en llegar fue el exjuez Guillermo Max Petra Recabarren, quien se sentó detrás del vidrio que los separa del público. Fue el único de los exmagistrados que estuvo presente, los otros tres escucharon la sentencia por medio de videoconferencia.

El ingreso a la sala de los integrantes del Tribunal, Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, produjo el silencio inmediato. Pocos minutos después, la secretaria María Natalia Suárez inició la lectura de la sentencia y no se detuvo hasta terminar la última página del texto.

El ambiente en la sala fue de pura emoción. Hubo lágrimas y abrazos, unos de alegría, otros de tristeza por el familiar acusado. La lectura de cada una de las condenas incluyó los nombres de las víctimas contra las que se cometieron los delitos y eso provocó el llanto de quien padeció en carne propia las torturas y las violaciones, o de las madres, los padres, los hermanos y los hijos de desaparecidos, de esas 52 personas que aún nadie sabe dónde están.

Las nietas recuperadas también estuvieron en la sala. Celina Manrique Terrera y Claudia Buzzo –la nieta de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo en Mendoza, María Assof de Domínguez–, escucharon emocionadas.

Luego de la lectura de las condenas que se impusieron a 25 de los 28 acusados –tres fueron absueltos–, se aclaró que el Tribunal consideró en todos los casos que se perpetraron delitos de lesa humanidad y en el contexto del delito internacional de genocidio.

Las últimas condenas que leyó la secretaria del Tribunal fueron las de los cuatro exjueces. Uno de los momentos más movilizadores fue cuando se escucharon los nombres de Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren junto a las palabras prisión perpetua e inhabilitación perpetua. En el interior de la sala, las víctimas y sus familiares se abrazaron y lloraron, desde afuera llegaron los aplausos y los gritos de los que estaban en las escalinatas. Nadie esperaba esa condena.

Al final, la secretaria leyó el punto 50 de la sentencia donde los jueces incluyeron los nombres de cada una de las 170 víctimas de delitos de lesa humanidad incluidos en la Megacausa. Al escuchar cada nombre, los familiares se abrazaron y levantaron un cartel con una foto de su ser querido. Fue el reconocimiento a tantos años de lucha.

Minutos después, fuera de la sala de debates, apretujadas entre policías, abogados y familiares, Luz Casenave abrazó fuerte a su hija Luz Faingold, que con 17 años fue secuestrada, torturada y violada. Fue un abrazo enorme, un abrazo que esperó cuarenta años y que se multiplicó en los brazos de las 170 personas que la Justicia consideró víctimas de delitos de lesa humanidad.