Un 2014 pobre de debate político

Algunas leyes importantes quedaron sin tratar, y varios proyectos no verán la luz. El martes arranca un nuevo capítulo en la puja oficialismo- oposición.

Un 2014 pobre de debate político

Especiales

Gabriela Ceppi

Publicado el 10 DE DICIEMBRE DE 2014

La paridad en las cámaras legislativas, la falta de presupuesto y la escasez de desembolsos nacionales forman parte del combo que colaboró para que la mayoría de las intenciones de Francisco Pérez no viera la luz. A esto se sumó un endurecimiento de la oposición que hizo difícil que los proyectos oficiales lograran avanzar y mostraron un año con debates escasos, casi magros.

Para el oficialismo, la oposición ha sido poco creativa y no ha colaborado para destrabar los debates o para encarar otros nuevos. Es más: repasan leyes que, a pesar de tener el consenso opositor, tampoco se trataron.

Pérez comenzó su penúltimo año de gestión sin presupuesto. Casi ocho meses tardó en tener su pauta de gastos aprobada. Es que la oposición consideraba que el gobernador estaba sobredimensionando su necesidad de endeudamiento y le trabó en la Justicia una reconducción presupuestaria que le hubiera permitido tomar crédito en la mitad del año. Cuando logró destrabarlo, la crisis internacional, sumada a un freno que impuso la Nación a los endeudamientos provinciales, complicó aún más el panorama porque el gobernador obtuvo la aprobación para endeudarse pero sólo logró emitir bonos por 250 millones de pesos; el resto fue afrontado con letras que deberán cancelarse en lo que resta del año.

Pero el presupuesto no fue la única traba que le impuso la oposición. Las casas también tuvieron su capítulo. El radicalismo le frenó la posibilidad de endeudarse con una firma china por considerar que las condiciones de devolución del préstamo no eran las adecuadas. Así, Pérez fue avanzando con los magros fondos que llegaron de Nación y el plan Procrear, que puso paños fríos a una situación preocupante por demás por la escasez de viviendas.

La necesaria reforma de la Constitución tampoco dio sus frutos. El gobernador hizo el primer amague en 2012 y este incluía la reelección. Rápidamente, los radicales salieron a aclararle que con reelección no iba a pasar el filtro legislativo. Así, en un año el gobernador envió un nuevo texto excluyendo esta posibilidad pero con otros cambios necesarios, que iban a ser sometidos a debate popular. Esta intención tampoco pudo ver la luz.

En mayo, Francisco Pérez demandó por segunda vez a la Legislatura una ley de Ética Pública, pero la intención, que apuntaba a transparentar la gestión, tampoco tuvo su debate. En este punto hubo varios textos dando vueltas, incluso uno del oficialista Fernando Simón que preveía reglamentar además el acceso a la información. De manera conjunta hay un proyecto radical y otro del Ejecutivo, pero ninguno fue sometido a debate.

En el medio, Pérez logró sancionar una norma para poner tope a los sueldos de los funcionarios. Si bien no es una ley integral, como pretenden varios gobernadores desde hace años, sí servirá para ordenar los salarios de quienes ingresen a la administración pública. De todas maneras, el orden lógico que exigirían los sueldos de los tres poderes está lejos de arrimarse. Es que Hacienda trabaja en una norma general para toda la administración pública, inspirada en un estudio que hizo Rodolfo Lafalla en 1999, pero al parecer la falta de consenso legislativo hará que el Ejecutivo no se anime a enviarla al menos durante esta gestión.

Uno de los pilares que pretendía sellar la gestión era el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), necesario para que se elaboraran los planes sectoriales que permitirían poner orden a la distribución del territorio. Pero para la oposición, el texto enviado por Pérez no fija pautas claras y ya advirtieron que, tal como estaba, en comisiones no avanzaría. Desde el sector oficial creen que será necesaria alguna reforma. Mientras, la aplicación de la ley general sigue en veremos y cada municipio se maneja con sus propias reglas.

El toque final a la resistencia lo puso la oposición pero en base a la presión social. La discusión por los debates mineros quedó trunca en la Legislatura y desató una guerra silenciosa entre intendentes del mismo color político que aún no se sabe cómo terminará. Es más: referentes del equipo oficial siguen militando la idea y aseguran que volverán a enviar otro proyecto con modificaciones a la Legislatura, pero será difícil que eso se logre en un período preelectoral.


Lo que viene

El martes a las 10.00 tendrá un nuevo capítulo la puja oficialismo-oposición. Es que el gobierno presentará su presupuesto 2015 en Diputados y, desde ya, el radicalismo advierte que no aprobará la ley impositiva con una rebaja del 2 por ciento en Ingresos Brutos a las empresas que exploran y explotan hidrocarburos. La salida será negociada, pero el oficialismo cuenta con poco margen, teniendo en cuenta que hay una ley nacional que así lo establece y que fue consensuada con los gobernadores de provincias petroleras.

Si no se aprueban estas herramientas financieras tampoco se podrá avanzar en la ley madre. Es por esto que las reuniones son de lo más variadas por estas horas y la semana entrante seguirán, porque la idea es tratarlo antes del receso de fin de año.

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