El 20% de los hogares de los conglomerados urbanos no posee cobertura de salud y durante 2017 sus integrantes recortaron gastos en atención médica o en medicamentos. Este son dos de los datos que se desprenden del informe Análisis Multidimensional de la Situación de Pobreza en Hogares desde un Enfoque de Derechos, realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA).

El trabajo incluyó a los aglomerados urbanos de 80 mil habitantes o más -incluidos el Gran Mendoza y San Rafael- y la muestra de hogares fue de 5.712 casos por año, ya que se analizó la evolución de distintos indicadores en el período 2010-2017.

El informe, subido a la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina los últimos días de diciembre de 2017, analiza la situación de pobreza pero desde la perspectiva de los derechos. Para ello, los profesionales siguieron la evolución de algunos indicadores: seguridad alimentaria, cobertura de salud, servicios básicos, vivienda digna, recursos educativos, afiliación al sistema de seguridad social y comunicación e información.

En los fundamentos del informe se destaca que la pobreza es una de las formas más injustas de marginación social ya que impone limitaciones al progreso individual y colectivo y evidencia el fracaso del sistema político-económico para reducir las desigualdades sociales. Y destaca que el bienestar económico constituye un aspecto relevante, pero que no es la única privación, sino que también existe una serie de derechos afectados que son asumidos como “la expresión de consensos civilizatorios de alcance universal”.

Es en este contexto que los profesionales determinaron una serie de dimensiones a considerar, que tiene que ver con el acceso a derechos básicos para el ser humano, y cuya evolución se analizó para el período 2010-2017.

Cobertura de salud

Una de las dimensiones que se analizó fue la privación en la cobertura de salud, que mostró un descenso pronunciado en 2011, luego se moderó en los dos años siguientes, pero a partir de 2014 inició una tendencia ascendente hasta llegar a 2017 donde llegó a su punto más alto. Esto significó que 20% de los hogares no tenía cobertura de salud y debió recortar gastos en atención médica o en medicamentos.

Del informe se desprende que en 2017 se registró un incremento de la privación de la cobertura de salud respecto de 2016. Esta situación se concentró en los estratos más desfavorecidos como los hogares de clase trabajadora marginal, los de nivel socioeconómico muy bajo y los que residen en barrios vulnerables,  en villas o asentamientos.

Para comprender la evolución de esta privación se incluyó un ejemplo. Entre 2016 y 2017 el recorte en gastos médicos se incrementó en el estrato de clase trabajadora marginal en 3,4 puntos porcentuales alcanzado al 52%; en los hogares de estrato económico bajo el déficit aumentó en 5,5 puntos, quedando afectados el 36% de ellos.

En el escrito se ensayan algunas de las posibles razones para explicar este fenómeno. Entre ellas el incremento en los precios de medicamentos, los cambios en las políticas de su otorgamiento gratuito o a un probable deterioro de la remuneración real para los estratos más bajos de la estructura social.  

El 35% de la población de Mendoza es pobre

Este fue el dato que surgió de la primera encuesta sobre condiciones de vida que difundió la DEIE. La indigencia llegó a 7.8%.

Seguridad alimentaria

El indicador Seguridad Alimentaria mide la falta de acceso a los alimentos por lo que expresa una privación extrema. Del análisis se desprende que no experimentó cambios significativos entre 2016 y 2017, y que en este último año afectó a 10% de los hogares de estrato socioeconómico muy bajo.

Servicios básicos y vivienda

El informe concluyó que la privación en el acceso a los servicios básicos (sin conexión a red de agua corriente, cloacal o fuente de energía) descendió desde 2010 a 2017. En ese período el déficit pasó de 36% de hogares a 30%.

En el trabajo se consignó que una de las razones fundamentales para explicar el descenso de este déficit fue la inversión pública en este tipo de servicios básicos urbanos. Pero al mismo tiempo, destaca que la situación más vulnerable sigue siendo la de los hogares de estratos sociales más bajos, y en especial los del conurbano bonaerense.

Otro de los indicadores donde los profesionales observaron una evolución favorable en el período estudiado fue la vivienda. Mientras que en 2010 el déficit en el acceso a una vivienda digna alcanzaba a 23,7% de los hogares, en 2017 la proporción fue de 17,6%.

Deterioro del empleo

Una de las dimensiones que no mostró cambios relevantes fue la situación de los hogares respecto del empleo registrado y la seguridad social. En 2016 y 2017 hubo un deterioro aún más marcado para los estratos más bajos, donde el déficit para los hogares de clase trabajadora marginal representó el 39% en 2015, el 43% en 2016 y el 47% en 2017.