Uno de los cambios más significativos que trae a la mesa la Ley de Movilidad es que permite la aparición en la provincia del “servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas”, como la misma lo denomina. Con Uber y Cabify como principales exponentes, la novedad levantó polvareda en el gremio de los taxistas desde el mismo momento en que se admitió como posibilidad.

Tras las manifestaciones en repudio a un proyecto que finalmente se convirtió en ley, la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) continuó con la resistencia y a fines de agosto presentó un recurso de amparo ante la Justicia por considerar inconstitucional la norma. A la espera de que se resuelva, ¿cuáles son sus objeciones a la llegada de estas plataformas?

Alberto Menghini, abogado de Aprotam, indicó que entienden que la ley “está fomentando la competencia desleal”. “El eje no es que no lleguen estas plataformas, porque entendemos que, por el avance  de las tecnologías y las exigencias de la sociedad, sería una utopía”, admitió Menghini. Sin embargo, el letrado señaló los factores que consideran más injustos.

Uno de los reclamos fue para que tengan que pagar los mismos impuestos que los taxistas. “Que ese chofer (el de Uber o Cabify), al igual que los choferes de los taxis, sea registrado laboralmente, se le pague un sueldo, tenga las mismas cargas patronales, sociales, sindicales, previsionales”, exigió.

La Ley también incluye un cambio en la denominación del servicio de taxis y remises. Como indicó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, “el taxi no es un servicio público, sino de interés general. El servicio público tiene la característica de ser esencial y debe prestarlo el Estado, que puede darlo en concesión (…) Lo demás es un servicio de interés general, y no lo digo yo, desde el punto de vista jurídico es así”. Por esto, “al estar catalogado como servicio público, en 10 años, que nunca se relicitaban, se las prorrogaban con una ley”, explicó.

 

La disputa por los clientes

Desde Uber apuntan a “complementar” la oferta de transporte, según su gerente de comunicaciones, Juan Labaqui. El principal argumento que esgrimen es que la mayoría de los conductores no lo tendrá como fuente principal de ingresos. Ya hay más de 11 000 conductores inscriptos en Mendoza que aspiran a ser conductores de Uber.

“Queremos contribuir con soluciones de movilidad y oportunidades para quienes buscan un ingreso adicional para sus familias o ahorrar para un proyecto personal”, manifestó Labaqui, y aseguró: “Uber es confiable, ágil y seguro”.

El abogado de Aprotam replicó que “es una gran falacia (…) Para que esto tuviese un velo de credibilidad, la ley debería haber previsto cuántos vehículos de estas plataformas podrían funcionar por cada tantos vehículos de taxi o remís, cosa que no hace. Es decir que en la práctica es presumible que termine habiendo más vehículos de estas plataformas que del servicio de taxis y remises”, protestó Menghini.

El marco para que operen Uber y Cabify

Lo que se exige a los choferes que aspiran a trabajar en alguna de estas firmas es la portación de un carnet profesional y un coche con una antigüedad no mayor a los cinco años. Las empresas, por su parte, deberán abonar a la provincia un impuesto del 1 % sobre cada viaje. “Si gobernara sólo teniendo en cuenta los pedidos de los empresarios, me parece que estarían sobrerrepresentados esos intereses. Yo tengo que ir a ver si el usuario está conforme o no con el servicio que tiene”, justificó los cambios Mema.