El 5 de junio puede ser un día importante para la política de medios. La presidenta Cristina Fernández convocó para ese jueves a los representantes de los medios públicos audiovisuales, las universidades nacionales (entre las que se encuentra la UNCUYO), y la AFSCA, para dar inicio a un proceso que desemboque en un sistema de medición de audiencia oficial llamado SIFEMA. Este proyecto busca la veracidad, imparcialidad y transparencia de los datos de la medición de audiencia y, de ese modo, superar a la medición del rating que hace la empresa brasileña Ibope, por la cual la mayoría de las empresas mediáticas orientan su programación y se definen las pautas publicitarias. 

Sintonicemos 
La popularidad y la masividad de un contenido televisivo se miden hoy por un número, un porcentaje que se denomina rating. “El rating es la medida del consumo de un programa de TV o de radio, de un bloque horario, de una tanda publicitaria o de un medio de comunicación, teniendo en cuenta un target (o público objetivo). Rating es un indicador básico de audiencia que relaciona la cantidad de audiencia ya sean personas u hogares con el tiempo de exposición al medio”, define Ibope, la empresa de origen brasileño que mide desde hace años el alcance de las programas de televisión en Argentina. La empresa utiliza una serie de cuadernillos y de aparatos distribuidos por todo el territorio, pero basados en puntos estratégicos de concentración urbana. Los 2450 aparatos se conocen como people meters y registran minuto a minuto el encendido y el cambio de canal en el televisor que se esté evaluando.

Esta medición genera tres problemas básicos. Uno es el de la distribución de los aparatos y cuadernillos, que no parece ser lo suficientemente amplia y representativa de la diversidad de las audiencias. Otro es el empleo del minuto a minuto para medir el rating de los noticieros, lo que desvirtúa el objetivo de ese género que es el de brindar información relevante y transforma la noticia en espectáculo. El tercer problema, y el que genera los planteos de más larga data, es el de la veracidad de estas mediciones; muchas veces han sido puestas en duda las cifras que favorecen casi sin matices a unos canales por encima de otros. Estos son los motivos de cuestionamientos permanentes por parte de asociaciones, medios y organismos que piensan la TV como una vía para garantizar el acceso público a la comunicación, frente a quienes solamente le imprimen un criterio comercial.


Todo por el rating
La medición del rating, en realidad, es una estadística que permite saber a las empresas anunciantes dónde les conviene publicitar sus productos o servicios. El impulso financiero que reciben por esa pauta los programas más vistos alienta su permanencia en el aire y fomenta la creación de nuevos envíos del mismo género, estilo o formato, mientras quedan rezagados en las grillas los ciclos con propuestas diferentes.

Más allá de la distribución de los dispositivos de medición, el control centralizado de sus resultados es también uno de los aspectos que generan el rechazo de quienes lideran hoy el cambio de paradigma de los medios de comunicación, desde lo meramente comercial hacia la comunicación como derecho. En este cambio de paradigma participan los organismos surgidos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA, Defensoría del Público), la Televisión Digital Abierta, los canales públicos y las universidades que generan sus propios medios de comunicación.

Todos estos cuestionamientos se expresaron en su momento en el 11.º Encuentro de Televisoras Públicas que se realizó a fines de marzo en Mendoza. En el cierre del Encuentro se firmó un acta compromiso, difundida como “Carta de Mendoza”, que consta de 15 puntos, dos de ellos referidos a las ideas que se impulsarían en adelante respecto de las audiencias: “Señalar que el actual sistema de medición de audiencias es ineficaz para representar los consumos televisivos existentes en el país y legitima la cartelización de la pauta comercial.

”Que es necesaria la creación de un sistema de medición de audiencias federal, con parámetros y métodos transparentes, que reflejen la realidad del consumo televisivo del país. En este sentido, los canales públicos acordamos crear un comité de seguimiento dentro del propio CFTVP para analizar las mediciones de audiencia y las condiciones de financiamiento actuales y avanzar en la consolidación de indicadores de consumos televisivos de alcance nacional”.

Desde entonces, periodistas, funcionarios y autoridades universitarias han hecho saber que el reclamo sigue vigente.