La fiscal Gabriela Chaves volvió a imputar a la líder de la Túpac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, y a un grupo de 42 personas más, algunas de ellas familiares de la dirigente. La organización y sus dirigentes están acusados de haber engañado a personas que querían acceder a una vivienda. 

Con estas acusaciones se superaron las 100 causas, teniendo en cuenta que desde hace más de un año que existen otras 25 que implicaron la detención de Rojas, su pareja Ramón Martínez y dos hijas, entre otras personas. Rojas está en libertad desde septiembre de 2017, tras haber estado detenida desde abril de ese año.

Una de las modalidades de las acusaciones es la estafa. Los Andes informó que la gente pagaba una cuota creyendo que lo hacía por una casa que le entregaría la Túpac, cuando en realidad quien debía entregarla era el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Otro delito es la coacción. Cada integrante de la organización debía cumplir con tareas tales como “ser serenos, ir a votar (a los líderes kirchneristas), asistir a las marchas, participar en cortes de ruta”, según señaló el diario.

La extorsión consistió en la entrega de dinero o mercadería con intimidación de por medio, y “si no cumplían se quedaban sin la casa”.

Una investigación discutida

En septiembre del año pasado, además de liberar a Nélida Rojas, la 8va Cámara del Crimen cuestionó el accionar de la fiscal Chaves. El tribunal rechazó en ese momento la principal imputación de la fiscal: la de la conformación de una asociación ilícita.

“No se requiere de conocimientos jurídicos, sólo de sentido común para advertir que no hay pruebas para sostener la existencia de una asociación con un plan para cometer delitos en forma indeterminada”, dijeron los jueces.

Tras las nuevas imputaciones, el abogado defensor de Rojas, Alfredo Guevara, criticó a Chaves. “Es impresentable que lleguen estas nuevas imputaciones”, manifestó el letrado, al tiempo que denunció que “esto es pura persecución, puro perjuicio”.