El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocará mañana una norma que establece estándares medioambientales para la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como "fracturación hidráulica" o fracking en terrenos federales, impulsada por el gobierno de Barack Obama en 2015. "Esta norma es necesaria para evitar la carga innecesaria, requerimientos administrativos injustificados y costos de cumplimientos impuestos por la decisión de 2015 sobre el desarrollo de gas y petróleo", señaló en una nota la Oficina de Gestión de Suelos del Departamento del Interior, y que será publicada mañana en el Registro Federal, consignó la agencia de noticias EFE.

El gobierno de Obama decidió en 2015, tras años de discusión, obligar a las compañías energéticas a cumplir con los estándares federales de seguridad en la construcción de pozos empleados para este técnica no convencional de extracción petrolera y de gas, y hacer públicos los químicos empleados en el proceso. Sin embargo, la medida estaba bloqueada por decisión de un juez de Wyoming, que argumentó que el Departamento de Interior no tiene autoridad sobre la cuestión.

El nuevo procedimiento de extracción de hidrocarburos suscitó preocupación en la población ante la posibilidad de que provoque la contaminación del agua potable, la emisión de gases tóxicos al aire e incluso temblores de tierra. Con el fracking, Estados Unidos ha experimentado un auge de producción de petróleo y gas que ubicó al país entre los grandes productores, además de ser un gran consumidor, lo que ayudó al descenso del precio de la energía.

Los productores locales de petróleo y gas recibieron con buen talante la decisión de Trump porque entienden que la normativa aprobada en la gestión Obama era "excesivamente restrictiva y reforzaba la seguridad más que lo exigido por las leyes estatales", según palabras del presidente de la Asociación de Productores de Petróleo estadounidense, Barry Russell. Ante la inminente eliminación de las exigencias para este modo de extracción, grupos medioambientalistas como el Centro de Diversidad Geológica acusaron al gobierno de Trump de poner "en peligro la salud pública y la vida silvestre al permitir que la industria del fracking pisotee las tierras públicas".

La decisión de Trump, que se suma a otra batería de medidas que flexibiliza las exigencias medioambientales, tiene como objetivo crear más empleos y reforzar la independencia energética del país, según indicó el propio mandatario.