El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo decreto migratorio, en un segundo intento por vetar la entrada a su país de inmigrantes procedentes de Yemen, Sudán, Libia, Siria, Somalia e Irán, países de mayoría musulmana. En este segundo decreto, el mandatario excluye a Irak del veto. Su entrada en vigor se producirá el 16 de marzo y sustituirá al polémico veto emitido el pasado 27 de enero y bloqueado por una decisión judicial.

Unas horas antes de la firma del documento, el Ministerio de Exteriores iraquí ya confirmó que Irak no estaría en la lista de los países vetados. El portavoz de Exteriores, Ahmed Yamal, expresó en un comunicado que su departamento "da la bienvenida a la decisión".

Las autoridades iraquíes manifestaron sentir un "gran alivio" tras conocer la decisión de Trump. "Se trata de un paso muy importante hacia la buena dirección que consolida la estrategia de alianza entre Bagdad y Washington en numerosos escenarios y especialmente en el frente contra el terrorismo", indicaron en un comunicado.

Después de que la Justicia estadounidense frenara el controvertido intento de la Administración Trump de prohibir la llegada de inmigrantes al país, la nueva orden tiene como objetivo vetar durante 90 días el viaje a Estados Unidos de los inmigrantes procedentes de estos seis países.

Irak ha sido retirado de la lista debido al papel ejercido por el Ejército iraquí en la lucha contra los milicianos del grupo terrorista Estado Islámico y a la decisión de las autoridades del país de poner en marcha una serie de medidas para frenar el flujo de emigrantes.

Miles de iraquíes que lucharon junto a las tropas estadounidenses desde la invasión de 2003 se han trasladado a Estados Unidos tras recibir amenazas por haber trabajado con las tropas extranjeras desplegadas en el país.
 

Los residentes permanentes no se verán afectados

La Casa Blanca informó que el nuevo decreto también asegura que miles de residentes permanentes en Estados Unidos no se vean afectados por las restricciones de viaje. Los juzgados del país han registrado más de una veintena de demandas contra el anterior veto, que fue bloqueado por violar la enmienda constitucional sobre la protección de la libertad religiosa.

Trump criticó públicamente a los jueces que emitieron el veredicto y aseguró que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el presidente decidió realizar una serie de cambios para facilitar la defensa de la orden en los juzgados.

Las autoridades señalaron que los refugiados que se encuentren "en tránsito" no se verán afectados por la medida y podrán viajar a Estados Unidos. Según fuentes de la Casa Blanca, el nuevo decreto no impone restricciones inmediatas.
 

Antecedentes

La primera orden de Trump prohibía la entrada de personas provenientes de los siete países durante 90 días y vetaba el acceso al país durante 120 días a todos los refugiados, a excepción de los sirios, cuya entrada estaba prohibida de forma indefinida.

La nueva orden retira esta medida y no hace distinción entre países. "Este nuevo decreto suprime la diferencia entre países, así como la restricción indefinida. Los une a todos bajo una misma categoría de 120 días de suspensión", informó la Casa Blanca.

Tampoco hace distinción entre religiones. Mientras que en la anterior orden se establecía que los cristianos sirios podían entrar a Estados Unidos y prohibía la entrada al país de manera indefinida del resto de refugiados provenientes de Siria y con otras creencias religiosas, ahora se ha eliminado cualquier referencia a los cristianos.

Durante la campaña electoral, Trump destacó la importancia de impedir que la población musulmana tuviera acceso a Estados Unidos. Según el presidente, la orden tenía como finalidad impedir que se produjeran ataques por parte de milicianos islamistas.

La Casa Blanca señaló que la nueva orden se basa en asuntos de seguridad nacional y no tiene nada que ver con la religión. "Se diferencia sustancialmente del primer decreto y, aún así, tiene la misma finalidad, protegerá el país y nos mantendrá a salvo", afirmó un alto cargo del Gobierno.