El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la hasta ahora fiscal general en funciones, Sally Yates, por haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales el veto del magnate a refugiados e inmigrantes. Yates era una sobreviviente de la era Obama que seguía en el cargo a la espera de que el Senado confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions.

Todo empezó cuando la fiscal general envío a todos los fiscales del Departamento de Justicia una carta, filtrada por los principales medios de comunicación del país, en la que decía no estar "convencida" de que la orden ejecutiva firmada el viernes por Trump para luchar contra el terrorismo yihadista fuese "legal".

"Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto", afirmó en la misiva la fiscal general en funciones. "En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal", agregó.

Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.

Como es habitual, Trump tardó poco en pronunciarse a través de Twitter sobre la decisión de Yates, aunque pareció resignado a esperar a Sessions: "Los demócratas están retrasando mis nominados para el Gabinete por razones puramente políticas. No tienen nada más que hacer sino obstruir. Ahora tengo una fiscal general de Obama".

The Democrats are delaying my cabinet picks for purely political reasons. They have nothing going but to obstruct. Now have an Obama A.G.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

31 de enero de 2017

Pero horas después el magnate optó por despedir a Yates, a la que acusó de haber "traicionado" al Departamento de Justicia con su decisión y a la que llamó "débil" en lo que a seguridad fronteriza se refiere, y "muy débil" frente a la inmigración ilegal. "Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país", agregó en un comunicado la Casa Blanca.

Trump también relevó de su cargo a Daniel Ragsdale, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia responsable de las deportaciones, aunque en este caso no especificó los motivos y se desconoce si los despidos están relacionados. Hasta tanto el Senado confirme a Sessions, la nueva fiscal general en funciones es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia, quien se mostró "honrada" de trabajar para la Administración Trump.
 

¿Su pasado lo condena?

Jefferson Beauregard Sessions III nació en Selma, ciudad del estado de Alabama, que forma parte del cinturón del sur ultraconservador y con una historia de racismo extremo tan grande como su contrapartida: el lugar fue la cuna para la defensa del derecho al voto de los afroamericanos. Desde allí partió la marcha pacífica que fue violentamente reprimida por la policía y que marcó un punto sin retorno para los derechos civiles y la figura de Martin Luther King (la película Selma refleja muy bien la historia).

Sessions, que tenía 19 años cuando ocurrió la represión cerca del puente Edmund Pettus, se crió en esa tierra y recibió una formación ultraconservadora tanto de su familia y de su educación en la Universidad de Alabama (donde se graduó como abogado) como de sus años en el Ejército de Estados Unidos.

Su gran salto en la política lo dio en 1981 gracias al entonces presidente Ronald Reagan, que lo eligió como fiscal por el Distrito Sur de Alabama y, cinco años después, el mandatario republicano pensó en él para ser juez por la misma jurisdicción, pero esta vez el Senado no aprobó su pliego por sus comentarios racistas.

Durante la audiencia de confirmación se escuchó que Sessions trató de forma despectiva a Thomas Figures, un abogado auxiliar negro que trabajó con él, y que pensó que el Klu Klux Klan “estaba bien hasta que supo que fumaban marihuana". Además, siempre según las transcripciones reproducidas por los medios locales, el político calificó de “antiamericanas” a las ONG que luchaban por los derechos de los afroamericanos.