El Supremo Tribunal Federal (STF), hizo lugar a un recurso presentado por el diputado Wadih Damous, del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, para que se exija una mayoría especial en el Congreso antes de aprobar la iniciación de un juicio político. Este fallo le da a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, un respiro ante las iniciativas de impeachment para destituirla. Sin embargo, continúa la tensión entre el oficialismo y la oposición, conformada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Popular Socialista (PPS), Demócratas (DEM) y Solidaridad (SD).

Al hacer lugar al recurso interpuesto por Damous, el juez del STF, Teori Zavaski, fijó que un pedido de juicio político debe ser avalado por tres quintas partes de la Cámara de Diputados. "En un proceso de tamaña magnitud institucional, que pone a juicio el más alto cargo del Estado y del gobierno de la Nación, es presupuesto elemental la observancia del debido proceso, formado y desarrollado sobre la base de un procedimiento cuya validez esté fuera de cualquier orden jurídico", destacó Zavascki.

A pesar de esto, el juez también solicitó a Cunha que explique su interpretación del reglamento. Esto indica que el STF no dio por cerrado el caso y para tener un criterio definitivo esperará la respuesta del legislador, que igualmente dispone de otros procedimientos para dar curso al juicio político.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hasta este martes, ya rechazó ocho pedidos de impeachment y todavía tiene sobre su escritorio ocho más. “Quería evitar quedar como el villano de la película que precipitara la salida de Dilma”, explica el diario La Nación. Por eso había acordado con los mayores partidos de la oposición que ayer rechazaría el pedido de juicio político con más peso –presentado por el jurista y exfundador del PT Hélio Bicudo, y por el exministro de Justicia Miguel Reale Jr.– para que luego los opositores pudieran elevar la decisión final al plenario de la Cámara. Allí, por reglamento interno, sólo habría precisado de mayoría simple (257 de 513 votos) para ser aprobado e iniciar así el proceso de remoción de la presidenta.

Como explica La Nación, Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), pero se declaró opositor al gobierno, a quien acusa de impulsar las denuncias en su contra por supuesta corrupción dentro del caso Petrobras. "Eso (por la medida cautelar) no interfiere en mi trabajo, porque aún me cabe aceptar o rechazar los pedidos. Ese papel no está en cuestionamiento. Lo que fue tratado ahí fue el rito futuro. Y no hay que pensar en el rito futuro, hay que pensar en el rito presente", expresó Cunha, desafiante, a la prensa.

Si Cunha acepta alguno de los pedidos de juicio político contra Rousseff, el asunto pasaría a una comisión especial que analizaría el caso y tendría que someterlo al plenario de la Cámara de Diputados. Allí necesitaría de dos tercios (342 votos) para ser abierto. Si esto sucediese, la presidenta de Brasil sería removida temporalmente de su cargo por 180 días, mientras su accionar es juzgado en el Senado; allí precisaría también de dos tercios (54 de los 81 senadores) para ser aprobado. En su lugar asumiría el poder el vicepresidente, Michel Temer, del PMDB.

El rechazo al pedido de juicio político respalda la estrategia del partido gobernante pero no anula la disputa en el Congreso. El expresidente Lula criticó a la oposición por respaldar los pedidos para la apertura de un juicio contra la presidenta.