Diez años sin Johana Chacón: “El caso fue una bisagra para visibilizar la violencia de género”

Sociedad

Sostuvo que, si bien en esos casos hay dificultades probatorias y “al sistema de justicia le falta”, la responsabilidad no es solo del Poder Judicial. “Hay instrumentos, hay herramientas, pero falta el hacerse cargo de esos instrumentos y herramientas. Y este mismo cuestionamiento es extensivo a los otros estamentos, a todos los sistemas estatales de abordaje, de contención, de promoción, de difusión”.

Gisela Gutiérrez

Fue vista por última vez el 19 de julio de 2015, en el Barrio La Favorita, luego de que denunciara que era explotada sexualmente. Gisela estaba embarazada, producto de una violación que también había informado a la justicia. Tenía dos niños y una niña que ahora están a cargo de Ramona Bazán, su madre. La mujer radicó la denuncia ante la fiscalía recién 48 horas después de la desaparición de su hija porque en la comisaría le habían dicho que tenía que esperar ese tiempo.

Gisela Gutiérrez

Poco después, se abrió una causa por averiguación de paradero que quedó a cargo de la fiscala Daniela Chaler, que siguió varias líneas de investigación, pero no obtuvo ningún resultado. A la causa provincial se sumó otra en la Justicia Federal, con la hipótesis de que podría ser un caso de trata de personas. Este expediente tampoco tuvo avances y fue archivado. Lo preocupante, aseguró en aquel momento el abogado Fernando Peñaloza, es que Gisela hizo denuncias en la fiscalía y nunca se dispusieron medidas de protección sobre ella.

En el proceso de investigación, se intervinieron teléfonos y se hicieron rastrillajes que no dieron resultado. De hecho, el primero fue denunciado porque participaron en él canes no especializados y, según la hermana de Gutiérrez, María Alcaya, ninguno fue bien hecho. En otra ocasión, no quisieron excavar más de 15 centímetros donde marcó el animal y, como la búsqueda empezó un mes después de su desaparición, podría estar enterrada más abajo.

“El Estado no quiere o no sabe investigar, no le interesa buscar a las mujeres pobres. No quiere gastar sus fondos buscando a las pibas de los barrios populares y por eso decidieron cerrar la causa”, sostuvo Alcaya.

 

 

 

 

 

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Juicio por Gisela Gutiérrez

El 5 de septiembre de 2022, siete años después de la desaparición, será la audiencia preliminar del juicio por jurado, una etapa preparatoria en la cual las partes ofrecen las pruebas sobre el delito y se establece un orden a seguir para el proceso penal. En este proceso, el abogado Fernando Peñaloza representa a la mamá de Gisela Gutiérrez. La fiscalía acusa a Héctor Díaz Tejera por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, mientras que Peñaloza lo planteó como femicidio, es decir, agravado por razones de género.

La hipótesis de la acusación sostiene que Gisela Gutiérrez y Díaz Tejera se conocían del barrio y un día ella fue a la casa del hombre, donde también estaban los hermanos Marcos y Daniel Quiroga. Héctor quiso tener relaciones sexuales con Gisela, ella se resistió, él la apuntó con un arma y, al parecer, disparó sin querer. Luego, los tres llevaron el cuerpo a un puesto en el piedemonte y lo enterraron.

Algunos aspectos se pudieron acreditar, pero sobre otros solamente hay pruebas indirectas, porque el cuerpo de la víctima nunca se encontró. Sobre esta base, el desafío de la acusación, explicó Peñaloza, es que el jurado tome el argumento de que se puede hablar de homicidio, aunque no exista la prueba material del cuerpo.

Viviana Luna

El 7 de diciembre de 2016, Viviana Luna concurrió a una entrevista laboral en Potrerillos y nunca regresó. Durante todos estos años, su familia ha llevado adelante una intensa búsqueda. En la lucha por saber qué pasó con ella, denuncian el accionar de la Justicia provincial, que garantiza la impunidad. Hasta hoy le reclaman al Estado que destine todos los recursos necesarios para saber realmente qué pasó.

Viviana Luna

Para el caso, la fiscalía insistió en la hipótesis de un posible suicidio de Viviana. Su familia sostuvo firmemente todos estos años en que "a las personas no se las traga la tierra" y encabezó una lucha que continúa pese a la inacción judicial.

En septiembre de 2021, la familia de Luna contrató un perito independiente, Marcos Herrero. El hombre es adiestrador de perros y participó en distintos casos en los que se encontraban involucrados distintos sectores del poder económico, político, policial y judicial. En un hotel abandonado, el hombre y el sabueso hallaron huesos humanos –que correspondían al cráneo de un varón– y otros objetos y papeles relacionados con Luna, su expareja y personajes relevantes de la política y la Justicia mendocina.

Herrero fue detenido a principios de diciembre del año pasado. El fiscal Gustavo Pirrello lo acusa por falsa denuncia, falso testimonio, usurpación de títulos y encubrimiento. Asegura que el investigador “manipuló evidencia en la escena”, sin “presencia policial” ni “autorización judicial”. Ante esta situación, la familia se justifica del modo más razonable: los años de impunidad, de falta de información, la búsqueda sin respuestas resultan en una marcada desconfianza hacia la Policía y el Poder Judicial.

 

 

 

 

 

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Abigail Carniel

Tenía 18 años cuando fue vista por última vez, el 15 de abril de 2021 a las 00.30. Volvía de un bar céntrico junto a una amiga y se bajó del colectivo en el Barrio Sargento Cabral, Las Heras. Cuando desapareció, se dio a conocer que vestía pantalón azul, remera rosa y campera celeste. Sin embargo, las cámaras de seguridad del micro la muestran con un abrigo negro.

Abigail Carniel

Abigail tiene pelo negro ondulado, mide 1,70 metros de estatura, es de tez blanca y tiene una contextura física mediana. Una información clave: en su brazo izquierdo tiene un tatuaje con los nombres Hernán y Zahira en cursiva, y en la pierna, una cicatriz de diez centímetros de largo por tres de ancho. Los rastrillajes no han dado resultados, y el aumento de la recompensa por datos que aporten información sobre su paradero, tampoco.

Ante la falta de respuestas por parte del Estado, la familia se organizó junto con otras personas. Incluso hay una comisión de búsqueda que participa en las manifestaciones y difunde su trabajo en redes sociales. Su reclamo es concreto: “El Estado mendocino no la está buscando”. Han llevado a cabo concentraciones, manifestaciones, jornadas artísticas, acampes y ollas populares.

 

 

 

 

 

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Por este caso detuvieron a tres hombres: Martín Márquez, Vicente Chumacero y Matías Díaz. Sin embargo, el 26 de agosto de 2021, la Justicia les revocó la prisión preventiva –aunque siguen imputados– al considerar que no había pruebas contundentes contra ellos, a pesar de los testimonios y las escuchas telefónicas. En ellas, uno de los detenidos, explica la comisión de búsqueda, admitió ser el autor del asesinato. Además, responsabilizan a dos mujeres –Gisela Miranda y Lourdes “Nené” Cuadra– por la desaparición de Abigail, y al procurador Alejandro Gullé, al fiscal Carlos Torres y al gobernador Rodolfo Suarez por el nulo avance de la causa.

Marcos Herrero también fue contratado para este caso en octubre del 2021. Más allá de la legitimidad o no del perito privado, los casos evidencian una necesidad de las familias de avanzar en la investigación y encontrar las respuestas que el Estado no les da.