El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a 49 personas, entre ellas el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, a su ex segundo Roberto Baratta y a otros ex funcionarios además de empresarios como Angel Calcaterra, Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo. La causa investiga el presunto pago de sobornos para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.

El listado de citados incluye a Jorge "Corcho" Rodríguez, señalado como supuesto intermediario en las maniobras sospechadas. Martínez De Giorgi citó entre los empresarios a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por la firma Iecsa, a Héctor Ramón Castro por la empresa Comsa y a Gianvincenzo Coppi, por la firma Ghella.

La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, cuando está citado "Corcho" Rodríguez. El juez no les puso fecha a las indagatorias de los ejecutivos de Odebrecht citados a declarar —entre los que está Marcelo Odebrecht— debido a que deberán ser interrogados en Brasil. 

Odebrecht, el gigante de la obra pública brasileño, admitió ante la justicia de los Estados Unidos haber pagado US$ 35 millones de coimas para conseguir contratos en la Argentina.

El juez advierte en la resolución que "en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore".

Las 49 citaciones abarcan a los ex funcionarios que "formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal" u otras reparticiones que intervinieron "de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio" y, además, a los "apoderados de las empresas privadas adjudicatarias" y sus responsables.