Trece gobernadores de la oposición pidieron hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare inconstitucional los decretos presidenciales que establecen la reducción del IVA a productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible para la deducción del Impuesto a las Ganancias.

Según informaron fuentes judiciales y políticas, los 13 distritos que realizaron sus pedidos de medidas cautelares al máximo tribunal son Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Si bien las presentaciones se hicieron en forma separada, el contenido de todos los documentos es similar, explicaron.

Los mandatarios provinciales aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus arcas ya que se trata, en el caso de IVA y Ganancias, de impuestos coparticipables, por lo que pidieron el dictado de una cautelar para que no se les retraigan recursos a las provincias hasta que se dicte un fallo de fondo.

Estos planteos se suman a los cuatro recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

Tanto las medidas por IVA y Ganancias como la decisión de intervenir sobre el costo de los combustibles se tomaron en el marco de una batería de iniciativas diseñadas por el Gobierno para moderar el impacto de la devaluación post PASO en las economías de los sectores medios y bajos.

La medida de impacto inmediato fue la eliminación del IVA, del 21%, a los alimentos de consumo básico pan, aceite, leche, pastas, yerba, arroz y azúcar.

De los Estados que no se presentaron hoy en Tribunales, cinco corresponden a Juntos por el Cambio (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes), mientras Misiones, Neuquén y Río Negro postergaron sus recursos porque iniciaron negociaciones con la Casa osada.

Asimismo, tampoco se sumaron a la presentación grupal las administraciones de Chaco, Córdoba y Entre Ríos, todas peronistas.

Las negociaciones con la Casa Rosada fueron confirmadas por el gobierno de Río Negro, que consignó que se abrió un "canal de diálogo" para llegar a un entendimiento.

"Ante este compromiso, Río Negro decidió no avanzar en la acción judicial, priorizando el diálogo entre los distintos estamentos en la búsqueda de las mejores políticas para garantizar el poder adquisitivo de los argentinos sin que se afecten los recursos disponibles por las provincias para cubrir las mismas necesidades sociales", remarcó el gobierno provincial en un comunicado.

El propio gobernador, Alberto Weretilneck, sostuvo por Twitter que "desde Nación confirmaron que a fines de este mes se realizará un análisis del impacto de las medidas económicas sobre la coparticipación de las provincias, y a partir de allí se buscarán alternativas para evitar la afectación de los fondos provinciales".

Como parte de las 13 administraciones que se presentaron a la Corte, Chubut pidió "condenar al Estado nacional a restituir a la provincia una suma equivalente a la disminución en la masa a distribuir de los fondos coparticipables (ley 23.548) que por aplicación de las normas cuestionadas se afecte sobre los ingresos que corresponden a la provincia".

En la misma línea, Tierra del Fuego advirtió que en caso de que el máximo tribunal "considere conveniente mantener la medida adoptada por el Estado nacional", se solicita que "se ordene al Poder Ejecutivo nacional que asuma provisionalmente con recursos propios el efecto económico de la medida impugnada hasta que culmine el entuerto".

Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, hizo la presentación a través del fiscal de Estado, Fernando Tanarro, quien denunció la inconstitucionalidad de los decretos 561/19 y 567/19 y reclamó que se "ordene el reintegro de las sumas indebidamente no ingresadas a la masa coparticipable con más sus intereses".

El gobierno santacruceño considera "inconsulta, abusiva, e inconstitucional una modificación de la base de cálculo del Impuesto a las Ganancias y de la alícuota en el Impuesto al Valor Agregado de los productos de la canasta alimentaria", expresa uno de los párrafos de la demanda.

"La medida cautelar presentada hoy no pide que se dejen sin efectos las deducciones sino que quien debe hacerse cargo es el Estado Nacional con fondos propios y no de las provincias", aclaró Tanarro en una comunicación oficial.

Como lo hizo días atrás, la Corte enviará las demandas a la Procuración General de la Nación para que dictamine si los casos presentados son de su "competencia originaria".

Fuentes del gobierno de Mauricio Macri indicaron que a fines de este mes se realizará un análisis del impacto de las medidas económicas sobre la coparticipación y, a partir de esa instancia, se buscarán alternativas para evitar la afectación de fondos provinciales.

Las iniciativas del Gobierno motivaron también presentaciones por fuera de las "competencia originaria" de la Corte, como la que instruye el juez en lo Contencioso Administrativo Federal porteño Pablo Cayssials ante la demanda promovida por la empresa Vista Oil & Gas, representada por el ex jefe de YPF Miguel Galuccio.

Vista Oil estuvo presente en la reunión que el miércoles último mantuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con gobernadores y empresarios del sector petrolero para debatir sobre los efectos de las medidas gubernamentales.