Absueltos. Anoche un tribunal tucumano resolvió, “por unanimidad”, que ninguno de los trece imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón debía ser condenado. Cuatro horas después de lo anunciado inicialmente, tras esperar bajo el calor espeso del fin de la tarde en las escaleras del Palacio de Justicia, Susana Trimarco escuchó que la Sala II de la Cámara en lo Penal absolvía a los acusados para quienes la fiscalía había pedido entre 25 y 12 años y medio de prisión, en función de las responsabilidades adjudicadas. La lectura de la resolución no llevó más de diez minutos. La secretaria del juzgado leyó: no se hacía lugar a la acción civil, todos resultaban absueltos. Antes de que se terminara de escuchar el veredicto, la sala donde se realizaba la audiencia estalló: Gonzalo “Chenguita” Gómez gritó “¡mamá!”; Irma Medina quiso abrazarlo; Fernando “Chenga” Gómez rompió en llanto. Los familiares y amigos del resto de los imputados sollozaron entre gritos. La lectura de quiénes quedaban absueltos debió recomenzar. Eran todos. Hubo un instante de silencio. Susana Trimarco permaneció mirando al frente, en silencio. Desde un banco detrás de ella, Rosa Schonfeld, madre del estudiante Miguel Bru, no contuvo un sonoro “¡hijos de puta!”. Y la sala estalló. La policía desalojó el lugar en tiempo récord.

En la cabina de una camioneta, acompañada por los abogados Carlos Varela Alvarez y José D’Antona, Susana Trimarco dejó el lugar; en la caja del vehículo, el diputado nacional Horacio Pietragalla sollozaba.

Minutos después, en la Fundación María de los Angeles, el abogado Varela Alvarez advirtió que “esto no termina acá”. “Es una vergüenza, una estafa” y “la van a pagar”, dijo a continuación Trimarco, quien segundos antes había pedido a una abogada de la Fundación y amiga de Marita que dejara de llorar. “La adversidad nos hace fuertes”, arremetió el abogado D’Antona, quien reiteró lo que había contado Trimarco: al conocer la noticia, Micaela, la hija de Marita, ya adolescente, lloró. “El Poder Judicial de Tucumán está podrido”, señaló, antes de adelantar que “las lágrimas de Micaela las van a pagar con el cargo”. “No pararé hasta pedir el juicio político a los jueces”, dijo Trimarco. D’Antona añadió que el Poder Judicial de Tucumán debe ser “intervenido” porque el fallo “es un acto de corrupción”.

Trimarco relató entonces que había recibido un llamado de Cristina Kirchner: “No puedo creer lo que hicieron, contá conmigo”, contó que le había dicho.

El veredicto estaba anunciado para las cinco de la tarde. Minutos antes de dar esa hora, la cita fue pospuesta para las siete. Los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano permanecían en el Palacio de Justicia desde el fin de la instancia de últimas palabras de los imputados, a media mañana. A quince minutos de las siete, Susana Trimarco cruzaba la plaza de los tribunales escoltada por los abogados, Varela Alvarez, D’Antona, Carlos Garmendia y Germán Díaz. Le seguían los pasos funcionarios nacionales, provinciales, diputados. Al verla, las decenas de personas de organizaciones sociales y partidos políticos que se concentraban en el lugar comenzaron a aplaudir. Poco después, todos entonaban “Todavía cantamos”, cuya letra el abogado Varela Alvarez había repartido.

Siete y media, Trimarco esperaba ante las puertas de los tribunales. El calor tucumano apretaba. Por la cuadra y las escaleras rondaban haciendo tiempo los diputados Pietragalla y Stella Maris Córdoba; la coordinadora del Programa Nacional de Rescate a víctimas de trata, Zaida Gatti, la legisladora (MC) Vilma Ripoll, el jefe de la División Trata de Personas de la policía tucumana, Julio Fernández; el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Juan Mena. La espera se extendía, pero no había palabras que la explicara. A la vuelta de la esquina, sobre otra calle, los imputados esperaban también que les franquearan el ingreso. Juan Derobertis esperaba bajo un árbol; Chenguita Gómez se apoyaba sobre una valla mientras su novia le acariciaba la cabeza.

Recién poco después de las ocho, a instancias de uno de los abogados de la querella, la policía judicial permitió a Trimarco ingresar al edificio, pero sólo cuarenta minutos después le permitieron el paso a la sala de audiencias. Desde las escaleras donde primero habían tomado asiento, la madre de Marita Verón comenzaba a inquietarse. A instancias del abogado D’Antona, integrantes de la policía judicial intermediaron con personal del juzgado. “No nos tengan miedo. Vamos a escuchar cualquier resultado. Hace diez años que esperamos y necesitamos una respuesta”, dijo desde la escalera Varela Alvarez, que pedía que alguien comunicara sus palabras a los jueces. “Si la respuesta es adversa, haremos lo necesario. Le pedimos a la Justicia tucumana que no nos tenga miedo”.

Minutos después, permitieron que Trimarco y su equipo subiera el tramo de escaleras que faltaba. Los imputados y todos sus abogados ya se encontraban allí. La imputada Medina tenía los ojos colorados, la imputada Milhein lloraba, el menor de los imputados Gómez a duras penas se contenía.

Eran las nueve y diez y en la Sala II de la Cámara en lo Penal no volaba una mosca. La fila de bancos más cercana a la puerta cobijaba a Trimarco, integrantes de la Fundación María de los Angeles, representantes de instituciones y organizaciones sociales. Entre una y otra fila, policías. Contra las paredes, policías; entre el banco para la prensa y el sector de los imputados, policías. La secretaria del juzgado dijo “de pie”, la puerta de la salita de los jueces se abrió y el aire se cortaba con un cuchillo.

Lo que estaba por leer la secretaria del juzgado, adelantó el presidente del tribunal, Piedrabuena, era “una breve síntesis” cuyos fundamentos serían dados a conocer el 18. La funcionaria judicial anunció que las decisiones habían sido tomadas por unanimidad y leyó: que los hermanos María Jesús y Víctor Angel Rivero, Daniela Milhein y Andrés Alejandro González eran absueltos; que también lo era el ex policía Pascual Andrada; que Derobertis, Fernando Gómez, Azucena Márquez...

–¡Mamá! –gritó entonces Chenguita, y en la sala empezó a crecer un murmullo. Le siguió un ruido. La lectura del veredicto ya no se escuchaba.

La secretaria retomó. La lista de absueltos continuaba con Mariana Bustos, Carlos Luna, Paola Gaitán, Gonzalo Gómez.

–¡Gracias dios mío! –estalló Chenga.

A metros, desde la fila de bancos tras Trimarco se escuchaban tantos sollozos como desde la fila de familiares y amigos de los imputados.

La secretaria leyó que el tribunal no hacía a lugar a la acción civil. Que remitía “las piezas procesales pertinentes” a una fiscalía de instrucción en el caso de Milhein y González, y al Juzgado de Instrucción Nº 3 en el caso de Medina, sus hijos, Bustos, Luna, Gaitán, Márquez y Andrada para “la correspondiente investigación de las eventuales conductas criminosas”.

Rosa Schonfeld gritó “¡hijos de puta!”. Todo el público se puso de pie en un segundo. La policía desalojó la sala.

La plaza ante tribunales estallaba en cánticos que pedían justicia. Al cabo de media hora, en la Fundación María de los Angeles reinaban el silencio, los ojos llorosos.

Flanqueada por sus abogados, acompañada por los diputados y funcionarios nacionales y provinciales, Trimarco dijo que “ya tenía información de que La Chancha (Rubén) Ale ha sacado los dólares debajo del colchón y les puso a ellos”, en referencia a los jueces, a quienes ella y los abogados sindicaron de “corruptos”. “No puede ser esto. Es una vergüenza, es una estafa. Estafaron a todas las pobres víctimas que se sentaron a decir lo que les hicieron”, dijo. Y señaló que “estoy más firme que nunca, así –y sin levantarse de la silla marcó el paso con dos fuertes pisadas–, como un soldado. No voy a parar hasta que estos tres delincuentes estén donde tengan que estar”.

Habían quedado atrás diez años de investigación; diez meses de debate oral; cuatro horas de espera en plena calle.