Después de que se levantara gran revuelo por su trabajo como abogado penalista al mismo tiempo que preside un organismo de control de la Policía de Mendoza, Marcelo Puertas –miembro del directorio de la Inspección General de Seguridad– anunció, a través de la Bicameral legislativa que se ocupa de esta problemática, que dejará las causas que defiende actualmente.

Invitado a debatir distintos proyectos de ley en la Legislatura, Puertas asistió acompañado del director general de la Policía, Roberto Munives. Si bien evitó hablar con la prensa, Puertas se encargó de anunciar que está dejando de ejercer su profesión en forma privada.

Si bien la prohibición que establece la Ley 4976 al respecto no alcanza a la función que él desempeña, la decisión tomada tiene que ver con una cuestión de ética pública, ante cuestionamientos de legisladores incluso del mismo frente que gobierna la provincia.

Puntualmente, el diputado Marcos Niven, del Partido Demócrata presentó un proyecto de ley para que los cargos en la IGS sean incompatibles con el ejercicio de la defensoría, y con mayor razón en causas penales.

Por su parte, el legislador camporista Lucas Ilardo realizó un pedido de informes al Poder Ejecutivo respecto de la compatibilidad del presidente de la Inspección General de Seguridad. “La acusación que pesa sobre los defendidos por Puertas es de robo triplemente agravado en concurso ideal por empleo de armas en sentido impropio, por el empleo de armas de fuego no aptas para el disparo y por haber sido cometido en lugares poblados y en banda. Es por ello que pensamos se debería definir si una persona que actualmente ejerce la defensa penal está en condiciones de compatibilidad con las funciones que la Inspección General de Justicia impone”, argumenta la presentación impulsada por Ilardo.
 

“No hacemos política inquisidora”

En tanto, el presidente de la bicameral de Seguridad, Mario Díaz, aseguró que los legisladores que participaron en la reunión –que fue cerrada para la prensa, y con la imposibilidad de acercarse a los funcionarios convocados– se fueron conformes porque se pudo hablar “con total sinceridad y de todos los temas consultados”.

En el mismo sentido, destacó que “acá no existe una política inquisidora, sino una política de consenso y discusión de los temas. Se están investigando distintas cuestiones que tienen que ver con la transparencia de las personas que ejercen cargos jerárquicos de la Policía a fin de darle más transparencia al sistema”.

Consultado acerca del nombramiento del comisario Marcelo Esquivel como jefe departamental de Capital, aún pesando sobre él una denuncia de violencia de género, con prohibición de uso de arma reglamentaria y de vestir el uniforme policial, Mario Díaz comentó: “La designación de Esquivel tuvo que ver con que en ese momento era el mayor en jerarquía, aunque hubo por parte de la IGS una sanción de 40 días y ya no está cubriendo el cargo porque el titular regresó”.

Sin embargo, también aseguró que van a poner en práctica un protocolo para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.
 

Leé el proyecto para prohibir que los directores de la IGS no puedan ejercer la abogacía mientras duren sus mandatos: