En tres meses se cumplen cinco años de aquel momento en que el proyecto ingresó a la Legislatura, pero durante estos años nunca se sometió a debate. Se trata de la reforma de la Constitución para que el voto no sea secreto cuando se elige a un candidato a un cargo que necesite ratificación legislativa.

Como era de esperar, y tras el papelón institucional protagonizado ayer con el rechazo de Miriam Gallardo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, el radicalismo intentará reflotar su idea de someter a consideración popular la votación pública y nominal de los candidatos a ocupar estos cargos. La idea es del senador Juan Carlos Jaliff, quien intentará consensuar primero con el vicegobernador Carlos Ciurca para que este eleve la petición al Poder Ejecutivo.

Los ánimos están caldeados tras el rechazo a la postulación de Miriam Gallardo, pero el radicalismo se medirá igual con su idea de avanzar en una enmienda constitucional que permita reformar el voto secreto fijado en el artículo 83. De manera paralela, en el entorno del gobernador ya dejaron trascender que enviarán en menos de 30 días otro candidato para ocupar ese lugar.

Jaliff entiende que dan los tiempos para someter a consideración popular el sí o el no a la reforma este 21 de junio. Lo cierto es que faltan 82 días para las elecciones y, para que se aplique, deben estar impresas miles de boletas, además de una campaña de comunicación para informar a los mendocinos. Lo que es más importante es que debe existir el necesario consenso político para que quede aprobado, algo que, por lo que se vio ayer, en la Legislatura está ausente. “Es la situación indicada, porque tras el filtro de las PASO quedarán sólo seis o siete boletas, entonces la gente puede entender de una manera simple qué es lo que debe votar”, consideró el legislador.

Por qué secreto

La forma de selección para estos tres cargos está fijada en la Constitución provincial a través del artículo 83. La norma especifica que corresponde al Senado prestar o negar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que, por esta Constitución o por la ley, deban hacerse con este requisito. Además, fija que el voto será secreto, pero no establece sanciones si esto no ocurre.

El acuerdo se considerará prestado si el Senado no se pronuncia sobre la propuesta del Poder Ejecutivo dentro del término de 30 días, a contar desde aquel en que el mensaje entró en Secretaría y estando la Cámara en funciones. La Constitución dice que, en caso de ser rechazado un candidato, el Poder Ejecutivo no podrá insistir con él durante dos años y deberá proponer el nuevo candidato dentro de los treinta días siguientes. En todos los casos, la propuesta deberá tener entrada en sesión pública y ser tratada con dos días de intervalo por lo menos.

La modificación que pretende Jaliff

El radicalismo ya había anunciado su decisión de cambiar este mecanismo, en caso de ser gobierno. Lo que dice el proyecto de Jaliff es que la votación debe ser nominal en vez de secreta. Además, fija que toda propuesta deberá tener entrada y ser tratada en sesión pública, previa audiencia reglamentada por ley. El radical sugiere la reforma a través del expediente 000059181 y, de conseguirse el aval necesario, podría ser tratado en las próximas sesiones de esa cámara.

Desde el Gobierno no se expresaron al respecto y se limitaron a decir que Pérez enviaría un nuevo pliego para su tratamiento en los próximos días. La reforma de la Constitución provincial fue el gran anhelo de los últimos gobernadores, pero en ningún caso se logró el consenso necesario para avanzar con ella.