“No queremos más despidos, no queremos represión”. Bajo esa premisa, y la de salario igual a la canasta familiar –$15 700–, más de 600 manifestantes, según datos de la Policía de Mendoza, se abrieron paso por las calles del centro de Mendoza con petardos, cánticos, silbatos, sirenas, bombos y platillos.

La movilización, impulsada por ATE Mendoza, también contó con la presencia de la Feria Popular Guaymallén, Sitea, Ampros, Fadiunc, judiciales y municipales de Santa Rosa y Las Heras, el Sindicato de Prensa, partidos políticos como el PTS, el PO, el FIT –tanto Noelia Barbeito como Soledad Sosa se unieron a la protesta– y la Corriente Clasista y Combativa, yagrupaciones estudiantiles como CEPA e Izquierda Revolucionaria. También apoyaron la protesta la Orquesta Filarmónica de Mendoza y organismos nacionales como el  INV, la Dinaf, el Conicet y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros. Desde ATE indicaron que el acatamiento al paro había sido “masivo” –del más del 90 %– mientras que el Gobierno indicó que el máximo porcentaje de acatamiento fue del 8 %.

Los manifestantes se concentraron a las 10.00 en Garibaldi y San Martín y a las 11.00 ya estaban frente a la Casa de Gobierno. Cortaron la calle Peltier durante aproximadamente una hora y en ese período tomaron la palabra oradores de distintas organizaciones. Criticaron a varios funcionarios, como Macri, Cornejo y Bullrich, y dejaron en claro que el objetivo de la marcha era “ponerle un límite al Gobierno” ante los despidos “injustos” –más de 240 mil en todo el país, según expresaron–. Por su parte, Soledad Sosa, diputada nacional del FIT, exclamó que “los ñoquis son los empresarios y los que gobiernan para ellos”. Los reclamos más importantes fueron “paritarias libres, democráticas y sin techo” y “no al protocolo represivo”. En la manifestación se convocó a un “congreso nacional de trabajadores con todas las delegaciones”.

La marcha trascurrió ordenada y tranquilamente, y así lo reconoció el Gobierno. Sin embargo, los funcionarios decidieron vallar la Casa de Gobierno, lo que desató fuertes críticas por parte de los manifestantes. En tanto, el Ministerio de Seguridad envió una mediadora dos veces para que desocuparan la calle Peltier y permitieran “la libre circulación”.

Marcelo D´Agostino, subsecretario de Justicia, y Néstor Najul, de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, manifestaron que la idea de enviar a la mediadora era evitar el colapso de calles y garantizar “el derecho de todos”. Asimismo, deslizaron la posibilidad de que la fiscalía sancione a los manifestantes a partir del nuevo protocolo antipiquete.