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Análisis económico de la actualidad argentina junto a la economista Carina Farah.
24 DE OCTUBRE DE 2024
La defensa del ex ministro presentó un escrito ante la Justicia Federal. Dice que es para garantizar un proceso "justo, sin presiones políticas".
De Vido advirtió que existió "una inédita instrucción exprés" en la cual fueron sistemáticamente denegadas todas las medidas de prueba que solicitó" Foto: Clarín
El diputado y ex ministro de Planificación e Infraestructura de la gestión kirchnerista, Julio De Vido, expresó que prefiere ser sometido a un juicio por jurado en el proceso por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas.
Fuentes judiciales informaron este viernes 21 de julio que la defensa de De Vido hizo saber esa preferencia mediante un escrito presentado al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4), el cual en principio llevará adelante el juicio oral y público contra el funcionario.
De Vido y su abogado defensor Adrián Malonea y fundamentaron su pretensión en "la necesidad de contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial".
"Que el juicio sea llevado adelante con la intervención de jurados ciudadanos", plantearon en el escrito, y sostuvieron: "La intervención de un jurado responde, en primer lugar, a la necesidad de dar cumplimiento a un mandato constitucional".
Asimismo, esgrimieron "la necesidad de que la sentencia sea dictada por un tribunal que no se vea sometido al inédito nivel de presiones que los poderes ejecutivo y legislativo vienen ejerciendo sobre el judicial, garantizando a todas las partes una sentencia libre de sospechas vinculadas con las necesidades coyunturales de un gobierno".
"No existe ningún obstáculo razonable a este pedido teniendo en cuenta que las particularidades de su implementación pueden ser resueltas mediante la celebración de una audiencia a ese efecto", indicaron.
Según el escrito, "es la única forma de tener un juicio que esté a la altura de los acontecimientos que se investigan y que garantice una respuesta institucional adecuada, en un contexto tan enrarecido y tan sensible al aprovechamiento político como el de la actual campaña electoral".
De Vido y su defensa también advirtieron que existió "una inédita instrucción exprés" en la cual "nunca fueron analizadas sus presentaciones, ni evaluados sus argumentos, y le fueron sistemáticamente denegadas todas las medidas de prueba que solicitó".
El procesado "llega a esta instancia sin haberse podido defender y sin contar con garantías de poder hacerlo en el juicio oral que se pretende llevar adelante si se continúa en estas condiciones", subrayaron el escrito.
En ese sentido, plantearon "la necesidad de subsanar las graves irregularidades de la causa como condición previa" a la etapa oral y solicitaron "la producción de medidas de prueba esenciales para el correcto esclarecimiento de los hechos".
Ayer el fiscal federal Juan García Elorrio presentó ante el TOF4 las pruebas para juzgar Vido por su responsabilidad en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012, donde también hicieron sus reclamos las querellas y la Oficina Anticorrupción (OA).
García Elorrio pidió que declaren unos sesenta testigos en el segundo juicio que se realizará por la tragedia de Once y reclamó que se haga una instrucción suplementaria.
El TOF4 había habilitado la feria judicial de invierno para avanzar en el juicio oral, en el marco del segundo debate por las responsabilidades políticas.
El 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 de los 28 acusados y la pena más alta, nueve años de prisión, recayó sobre Claudio Cirigliano, ex titular de TBA, por estafa y administración fraudulenta contra el Estado.También fue condenado a cinco años de prisión el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi fue sentenciado a ocho años, mientras el maquinista de la formación siniestrada Marcos Córdoba recibió tres años y medio.
En el juicio, el tribunal ordenó investigar a De Vido por su responsabilidad en el control del transporte durante el gobierno kirchnerista.La Cámara Penal de Casación Federal tiene a su consideración si confirma o revoca la sentencia del primer juicio.
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