Los tres femicidios ocurridos en la última semana, además de sacudir a la opinión pública, encontraron al poder político retomando el control de la agenda, como efecto de los crímenes, con distintas acciones.

La contracara a este desarrollo son las estadísticas, tan fatales como los mismos casos de las muertes violentas de mujeres en manos de varones desquiciados. Por ejemplo, los datos que destaca Los Andes hoy, que enfoca en que, en Mendoza, cada 25 días una mujer es víctima de un ataque mortal por un varón machista, y que de los 11 asesinatos registrados en lo que va del año, ocho de las víctimas eran madres de niños pequeños.

Los acontecimientos sucedidos tras la seguidilla de muertes hicieron que el Ejecutivo retomara la iniciativa pública. A fuerza de coberturas periodísticas y reduccionismo en los análisis, terminó apareciendo como víctima de la misma violencia social cuando un centenar de personas quemaron y pintarrajearon la entrada de la Legislatura, al final de la marcha en repudio de los femicidios.

Portadas digitales, tapas impresas e informes televisivos coparon con las imágenes de los destrozos en la casona de las leyes. Así, el Gobierno terminó beneficiado por esta situación que fue producto del descontento instalado por un grupo que denunciaba el trato diferencial de los femicidios por parte del Estado.

Precisamente, por el apuro impuesto por las muertes, se agilizó la puesta en marcha de una decisión legislativa de crear la fiscalía para los delitos originados por la violencia de género. La ley de creación de esta unidad fiscal fue aprobada el año pasado, pero no se había tomado la decisión política entre el Gobierno y el Poder Judicial de ponerla en funcionamiento.

Fuertemente el Poder Ejecutivo salió a anunciar que denunciará ante el jury de enjuiciamiento al fiscal de Luján Fabricio Sidoti por no haber actuado en consecuencia para proteger a Ayelén Arroyo, la última víctima de femicidio. Por no proceder adecuamente, Sidoti será acusado ante el tribunal colegiado y esa demanda será acompañada por legisladoras. Es decir, para el Gobierno, la muerte de Ayelén se pudo haber evitado, ya que la víctima actuó bajo las recomendaciones del OAL de Luján y radicó la denuncia con el aval del Estado.

Anoche se vieron y se escucharon por Canal 9 dos casos más de mujeres que denunciaron desidia judicial y policial: dijeron que sus atacantes se manejan con impunidad ya que sienten cierta protección de los policías y del mismo fiscal Sidoti. Las mujeres salieron en vivo en una manifestación de vecinos que se apostaron frente a la Fiscalía N.º 11 de Luján.
 

Otro fiscal en la mira

Gustavo Fehlmann, titular de la Fiscalía de Instrucción N.º 4 de Godoy Cruz, está acusado por un colectivo de mujeres por acoso sexual a una alumna cuando el magistrado era profesor de Derecho Procesal en la Universidad Champagnat. La organización, con la académica Alejandra Ciriza a la cabeza, apuntó contra Fehlmann en la justicia penal y ante el jury de enjuiciamiento.

Justamente Ciriza es destacada por sus dichos en Unidiversidad Noticias, de Señal U, cuando sentenció: “Las respuestas de los funcionarios hablan de su infinita ignorancia. Es preocupante que quienes tienen la responsabilidad no conozcan del tema ni tengan un diagnóstico apropiado”.