La codicia es uno de los siete pecados capitales, según la doctrina católica. Sin embargo, en el sistema capitalista es la actitud que predomina entre las empresas (y los hombres que las forman y dirigen), que hacen uso de prácticas atentatorias de la dignidad humana, todo para aumentar la rentabilidad y las ganancias. No otra cosa que la codicia es lo que lleva a empresarios a someter a otros seres humanos, a condiciones de trabajo denigrantes, muy semejantes a las de la esclavitud.

En la Argentina, con los primeros sindicatos anarquistas, socialistas y comunistas, y luego desde el gobierno de Juan Perón, durante el siglo pasado, se fue elaborando un cuerpo de leyes protectorias del trabajador. Esto no fue gratuito, las patronales siempre protestaron contra cada avance y conquista de la clase trabajadora, que dejó sus mártires en la lucha por mejorar las condiciones de trabajo. El aguinaldo, las vacaciones, las licencias por maternidad o lactancia, etc., eran malas palabras para los empresarios acostumbrados a someter a sus empleados como si fueran parte de su patrimonio.

Aunque la legislación laboral protectoria dio marcha atrás durante los años del neoliberalismo (tanto con el menemismo como con la Alianza), en los últimos años los trabajadores han ido recuperando, poco a poco, aquellos derechos perdidos. Pero subsisten situaciones de explotación en algunos sectores de la economía que justamente son los más beneficiados con el crecimiento económico del país durante los últimos años.

 Las denuncias que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene realizando en los últimos meses, en cuanto a la no registración de trabajadores y la evasión en materia de cargas sociales, así como las realizadas por el Ministerio de Trabajo por denigrantes condiciones de trabajo, se han dado en empresas cerealeras y unidades de explotación agropecuaria, que constituyen el núcleo concentrado de uno de los sectores que más rentabilidad y ganancias extraordinarias ha obtenido en este período de la economía argentina.

No es casualidad que estas denuncias se hayan dado en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, las de mayor producción agrícola, y donde se allanaron campamentos en los que había trabajadores cumpliendo tareas en la cosecha del maíz, traídos para esa faena desde otras provincias, en condiciones que podrían configurar el delito de trata de personas, desde que se traslada con promesas que luego no se cumplen, se los obliga a permanecer en condiciones de explotación, y ni siquiera se les informa el lugar donde se encuentran.

Tal como sucedía en el siglo XIX en Paraguay y nuestras provincias de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, con el "mensú" (el trabajador rural en las plantaciones de yerba mate, donde era explotado cruelmente), a estos trabajadores se les cobra todo lo que consumen a precios muy elevados, disminuyendo así la paga que finalmente percibirán al finalizar su tarea. Sin atención médica, durmiendo en casillas de chapas en condiciones de hacinamiento, alimentándose como pueden, trabajando en jornadas de 12 a 14 horas diarias (la famosa jornada "de sol a sol" que prevé la legislación sobre trabajo agropecuario), etc. En pleno siglo XXI, para los trabajadores del campo pareciera que el tiempo no hubiera pasado, mientras los dueños de esos campos o de las empresas que producen en ellos, embolsan anualmente ganancias millonarias.

 Muy bien hace la AFIP en inspeccionar y denunciar estas violaciones no sólo a la legislación tributaria y laboral, sino a los derechos humanos. El titular de AFIP Ricardo Echegaray y la ministra de Producción, Déborah Giorgi anunciaron la quita de beneficios que gozaban estas empresas. Gracias a estas denuncias el resto de los ciudadanos que pagamos impuestos sin otro beneficio que alguno que otro descuentito por pago en término, nos enteramos de todo lo que el Estado les brinda al tan quejoso sector agropecuario: La aduana domiciliaria, que facilita las operaciones de comercio exterior para empresas con grandes volúmenes de importaciones y exportaciones; los Certificados Fiscales para Contratar, que les permite actuar como proveedores del Estado; el Registro Fiscal de Operadores de Granos, por el cual obtienen reintegros de un porcentaje de las retenciones practicadas en las operaciones de comercialización de granos, así como también la obtención de alícuotas diferenciales de retenciones; el Certificado de No Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA); las Transferencia de Saldo de Libre Disponibilidad, con lo cual trasladan valores a terceros; los Certificados de Crédito Fiscal para regímenes de promoción industrial y minería; el Registro de Combustibles, por el cual gozan de precios diferenciales.

Las sanciones aplicadas por la AFIP quitando estas exenciones, fueron dirigidas a las empresas Dupont, Pioneer y Adecco Specialities SA, luego de un procedimiento en la provincia de Córdoba, en el que se detectó la existencia de trabajadores no registrados y en condiciones laborales denigrantes. Así queda en evidencia la falsedad de la eterna queja de los productores agropecuarios, que no se cansan de protestar cuando el Estado pretende imponer retenciones o tributos, pero beneficiándose de exenciones y beneficios de los que no gozan la mayoría de los trabajadores.

 Y siguiendo con la codicia, además de mantener en condiciones de explotación extrema a sus trabajadores y de gozar de los beneficios que el Estado les otorga, estas empresas ni siquiera hacen los aportes que corresponden a su actividad. Es conocido el alto grado de evasión que tiene el sector agropecuario.

Sólo a modo de ejemplo, durante el mes de enero, la AFIP realizó controles en todo el país, en el llamado "operativo verano", y en varios controles realizados en Sinsacate y Las Varillas, en la provincia de Córdoba, detectó "irregularidades" en el 80 por ciento de los camiones cerealeros.

La mayoría tenía diferencias entre la carga que transportaban y la documentación respaldatoria de esa mercadería, como cartas de porte y código de trazabilidad. Por ejemplo, en muchos casos la carta de porte estaba a nombre de un contribuyente apócrifo o con domicilio ficticio.

 A todo esto, el sindicato que agrupa a los trabajadores rurales (Uatre), dirigido por el duhaldista Gerónimo "Momo" Venegas, tiene una íntima relación con las patronales de la Mesa de Enlace, en particular con Mario Llambías de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero también es muy querido en la paquetísima Sociedad Rural, al punto que Uatre tiene un stand permanente en las Expoagro que organizan las entidades patronales agropecuarias.

Está claro que para que exista semejante desprotección de los peones rurales, es por la complicidad de su sindicato, al punto que la viceministro de Trabajo, Noemí Rial, se ha quejado que cuando el Ministerio de Trabajo denuncia el empleo en negro en el sector rural, en lugar de obtener el respaldo del sindicato, Venegas les manda cartas documento para que se retracten. Esto sucedió en agosto de 2010, luego de unas inspecciones laborales en Chajarí, norte de la provincia de Entre Ríos.

El 23 de junio de 2010 la presidenta Cristina Fernández presentó un anteproyecto para reformar el régimen de trabajo agrario, cuyo texto actual proviene de un decreto-ley de la dictadura militar. Una de las principales reformas establece la jornada de trabajo de 8 horas en lugar de la "de sol a sol". Sin embargo Venegas negó que esta modalidad exista en el campo. Igual actitud tomaron las entidades de la Mesa de Enlace en diciembre de 2008, cuando la Comisión Nacional del Régimen de Trabajo Agrario intentó por resolución establecer la jornada laboral de 8 horas. Con el argumento de que "el trabajo del campo es muy especial" hasta la Federación Agraria se opuso a esa justísima medida.

Fuente: Argenpress