Santiago de Chile fue el lugar elegido por distintos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presentar un informe regional sobre trabajo decente e igualdad de género en América Latina y el Caribe, que impulsa la elaboración de políticas públicas que promuevan el acceso igualitario de mujeres y varones al empleo decente, así como la participación femenina en la discusión sobre modelos de desarrollo, políticas fiscales y tributarias y de la distribución del gasto y los presupuestos.

El documento, denominado “Políticas para mejorar el acceso y calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe”, fue elaborado en forma conjunta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres.

A la presentación del informe, según un comunicado de ONU, asistieron académicas, estudiantes, dirigentes sociales y sindicales, así como funcionarias de gobiernos y de organizaciones de mujeres.

La consultora de la OIT, Solange Sanches Do Prado, presentó el documento y planteó la necesidad de incorporar la dimensión de género en el debate sobre las estrategias de desarrollo de la región. Dijo que el empleo y las condiciones de vida de las mujeres son variables clave para el desarrollo equitativo y sostenible de América Latina y el Caribe.

“La superación de los problemas que afectan a las mujeres requiere caminar en la dirección de sociedades más inclusivas e igualitarias. Para eso, es necesario invertir en la construcción de la igualdad de género, donde la autonomía económica de las mujeres juega un papel fundamental”, señaló la experta, según un comunicado de FAO.

Do Prado recalcó que la única forma de construir autonomía es con la generación de trabajo decente para las mujeres, con protección social y sistemas para el cuidado, incorporando el trabajo productivo y el reproductivo, y el ejercicio de los derechos de las mujeres, añadió.

“El desarrollo económico de los países constituye una condición fundamental pero insuficiente para la promoción de la igualdad. Los países necesitan avanzar hacia un desarrollo incluyente y sostenible, donde la dimensión de género esté manifiesta desde el comienzo”, agregó Do Prado.

Otra de las expositoras fue la economista y directora de Estudios de Comunidad Mujer, Andrea Bentancor, quien recalcó que las mujeres debían participar en la discusión sobre los modelos de desarrollo, las políticas tributarias y fiscales, así como la distribución del gasto y los presupuestos.

El comunicado de ONU  también da cuenta de que la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile,  Bárbara Figueroa, aseguró que el informe era una guía esencial para apoyar el diseño, la implementación y evaluación de políticas de empleo para la igualdad de género, con un énfasis muy particular en políticas públicas participativas.

Justamente, la directora regional de ONU Mujeres, Moni Pizani, destacó esos objetivos del informe. Aseguró que la intención era formular recomendaciones de política pública que promovieran el acceso igualitario de hombres y mujeres a las oportunidades de empleo decente, que contribuyeran a la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres.

Desigualdad en el campo

Uno de los aspectos que destaca el documento es la participación esencial que tienen las mujeres en la producción de alimentos en la región como trabajadoras agrícolas, asalariadas, cuentapropistas e incluso que no reciben remuneración alguna por su trabajo.

Según el documento, si las productoras agrícolas tuvieran las mismas condiciones laborales que los varones, sería posible alimentar a 150 millones de personas más en el mundo. Este dato muestra cómo la brecha de género representa un costo social real, en términos de producción agrícola, seguridad alimentaria y crecimiento económico. 

Una de las conclusiones del informe es que la estructura productiva no crea suficientes empleos de buena calidad para las mujeres rurales,  que están fuertemente ligadas a los patrones tradicionales de género. Su aporte a la economía campesina es poco reconocido y su acceso a la propiedad de la tierra, limitado.

La especialista de FAO, Soledad Parada, comentó que las mujeres rurales se ocupan de la agricultura en condiciones de alta precariedad, ya que trabajan por cuenta propia y el 50 por ciento de ellas no son remuneradas por su labor.

“El número de mujeres incorporadas al trabajo agrícola asalariado es creciente en los últimos años; pero esta integración laboral tiene un carácter intermitente y a menudo es en empleos precarios y mal remunerados”, añadió la especialista, según un comunicado de FAO.