La reciente destrucción del “Friso de la Memoria” montado frente a los Tribunales Federales en homenaje a los detenidos desparecidos, recogió este jueves el repudio público de los organismos de Derechos Humanos y sectores que acompañan la lucha contra el genocidio dictatorial en la provincia. Los nombres de los desaparecidos mendocinos reseñados en las placas rotas se hicieron  presentes en el acto a través de los ramos de flores depositados por las Madres de Plaza de Mayo sobre el monumento dañado  y mediante el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad.

Las declaraciones vertidas a la prensa por las agrupaciones de familiares de desaparecidos y ex presos políticos fueron coincidentes a la hora de vincular este último ataque a la campaña anónima de desprestigio que viene azotando a los abogados que participan en el tercer juicio contra represores de la última dictadura que se realiza en la provincia. 

También concuerdan en que esta seguidilla de atentados responde a la impotencia arbitraria de aquellos que pretenden obstaculizar el avance y la profundización del proceso de Verdad, Memoria y Justicia en el país en general y en Mendoza en particular, tras 35 años de impunidad. Cabe señalar que cada testimonio aportado en juicio vigente ha permitido reconstruir la red de complicidades civiles con el aparato represivo en la época dictatorial, y su posterior protección política llegados los años de democracia.

La cadena de ataques integra también amenazas anónimas sobre Gustavo De Marinis, hermano de la desaparecida Lidia De Marinis, y sobre el Juez Roberto  Burad, integrante del Tribunal Oral que juzga a los genocidas.

María Domínguez, Madre de Plaza de Mayo de Mendoza, aseguró que las recientes declaraciones de víctimas de la represión provincial en el proceso de extradición que enfrenta en Chile el ex camarista Otilio Romano –acusado por favorecer la impunidad y el avance del plan sistemático de exterminio y desaparición de personas entre 1975 y 1983-, y la orden de arresto emitida esta semana contra 35 represores en San Rafael –a cargo del juez federal Eduardo Puigdengolas-, “les volvió a mover el avispero a  los cómplices de los asesinos y por eso utilizan esta metodología de terror”.

Gentileza de Bernardo Rodríguez

Para María, apoyada en su experiencia de 35 años de lucha, de poco les sirve a los terroristas llevar a cabo este tipo de ataques, “porque ya nada nos da miedo, hemos salido a la calle solas a buscar a nuestro hijos cuando sabíamos que a nosotras también nos perseguían. Ahora nada nos detiene, al contrario, esto nos da más fuerzas para avanzar en la búsqueda de Verdad y Justicia”.

 El pasado que no vuelve

Diego Lavado, abogado querellante en el juicio de lesa humanidad es una de las primeras víctimas de esta campaña contra los organismos de derechos humanos a través de afiches anónimos dirigidos a agraviar su trayectoria ética y profesional. A raíz de esos afiches y otros que circularon en diferentes comercios y locales de la provincia que claramente incitan al odio y la violencia contra tres abogados y un fiscal, ha solicitado a la Justicia que se investigue el origen de todo esto. De acuerdo a varios indicios, detrás de esta campaña estaría Osvaldo “El Oso” Quiroga, organizador de la Asociación de Víctimas del Delito y activo partícipe de la Comisión por la Seguridad Ciudadana que funciona en la Legislatura Provincial, y también el Fiscal Javier Pascua, presunto instigador de tan lamentables eventos.

Sobre este punto, Edición Cuyo consultó a Nino Bonoldi, hermano de la desaparecida Adriana Bonoldi, quien explicó que la sospecha tiene sus fundamentos lógicos en la concatenación de atentados contra familiares de víctimas de la dictadura, monumentos de la memoria y abogados querellantes: “Todo surge de una matriz que es justamente la defensa que hacen los abogados a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad por delitos comunes. Frente a esto se encuentran los impulsores de la llamada Ley Petri y el fiscal Pascua.”

Bonoldi dijo que hasta que las investigaciones no arrojen resultados no se pueden hacer acusaciones directas, pero que sí es debido insistir con la “matriz ideológica común de estos hechos, claramente de derecha y guiada por una sed de justicia por mano propia y la impunidad de los hechos del pasado”.  Subrayó además que  “tantos los abogados como los organismos actúan dentro de la ley, pretendiendo que los derechos humanos sean ejercidos por todos y para todos por igual: tanto para un genocida acusado de desaparecer gente como para un ladrón de pasacasets”.

En la misma sintonía, Ramón Ábalo, miembro de la  Liga por los Derechos del Hombre, explicó que dicha  campaña responde “a los nostálgicos del pasado que son los mismos que exigen mano dura y que se oponen a la igualdad ante la ley”.

Por su parte, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, aseguraron que se recompondrán las placas  y que se llevarán a cabo todas las medidas penales para encontrar a los responsables. Asimismo, la titular del área, María José Ubaldini, pidió a los mendocinos "no amilanarse en esta lucha de la democracia, porque los impulsores de los ataques representan una minoría”.

Gentileza de Bernardo Rodríguez

 La escalada del odio, paso a paso

17-18 de marzo de 2006: Se produce una conversación que luego fue ofrecida como prueba por el Ministerio Público en la causa contra varios represores de la provincia por delitos de lesa humanidad. En ella, un policía federal, identificado como Marcos Ochoa, se ofrece a ir hablar con el abogado Javier Pascua –en ese entonces prosecretario del Juez Federal Luis Leiva- para que este averigüe cómo “despegar” a José Martín Mússere –ex integrante de la Policía de Mendoza- de la causa en la que estaba imputado como represor y torturador.                        

20 de diciembre de 2010: Trascienden las objeciones hacia la postulación de Javier Pascua al  cargo de Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Los doctores Alfredo Guevara y Pablo Salinas describen las actitudes homofóbicas y xenófobas de Pascua: las primeras fueron en su condición de profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Aconcagua, al ironizar con la “bala” que mata a una persona y usar como ejemplo a un profesor de esa casa de presunta orientación homosexual. En otra oportunidad, ya desempeñándose como Fiscal, Pascua expresó que “es difícil distinguir cuando se trata de dos morochos como ellos”, en directa referencia a la condición racial del imputado y su primo.

13 de marzo de 2012: Más de 3.000 personas se manifiestan en la Legislatura en reclamo de justicia por el asesinato de Matías Quiroga. El padre del joven Matías,  Osvaldo “El Oso” Quiroga, hace un discurso donde exclama estar harto del tema de los derechos humanos y de los abogados que defienden delincuentes. Frente a la multitud cuestiona que las agrupaciones de derechos humanos tengan subvenciones millonarias (sic) del Estado. Días después, Quiroga junto al diputado Luis Petri solicita el enjuiciamiento del Juez de Ejecución Eduardo Mathus, quien había otorgado el régimen de salidas transitorias previsto en la ley a una de las personas acusadas del homicidio de Matías, y aparecen carteles en los alrededores de tribunales con la imagen en color de Osvaldo Quiroga y una leyenda en la parte inferior que decía “El padre de Matias Quiroga firmó el pedido de destitución deljJuez Eduardo Mathus”.

30 de marzo de 2012: El Fiscal Javier Pascua se reúne con representantes del grupo de víctimas del delito que impulsaron la sanción de la llamada “ley Petri”. Según los medios de comunicación “el funcionario judicial les acercó a los padres un listado de propuestas que pueden aportar elementos para hacer contra la inseguridad. Concretamente, que la comisión de los tres poderes que propuso Quiroga trabaje junto a un equipo técnico especializado en cada materia, con un director a cargo, que los familiares de las víctimas tengan un representante en el Consejo de la Magistratura para que sean escuchados cuando se designe un juez, que a la hora de nombrarse un magistrado se considere su vocación de servicio y que luego tenga que someterse a una capacitación permanente y obligatoria”.

30 de abril de 2012:  El Fiscal Javier Pascua se vale de una noticia de Los Andes que publicaba las objeciones a Pascua vertidas en el 2010, para solicitar el apoyo de algunos diputados, consiguiendo el respaldo de Daniel Cassia (Peronismo Federal), Luís Petri (UCR), Aldo Vinci (PD), Raúl Guerra (Eje Peronista del Sur), José Barrigón (UCR y presidente del Foro Seguridad Rural), Patricia Gutiérrez (UP), Gustavo Cairo (Pro) y Gustavo Valls (Peronismo Federal), además de Osvaldo Quiroga (por los familiares de víctimas de delitos).

11 de setiembre de 2012: Ya constituida la Comisión por la Seguridad Ciudadana, que se reúne todos los jueves en la Legislatura Provincial y trabaja articuladamente con la Bicameral de Seguridad, Osvaldo Quiroga presenta una nota solicitando la gestión inmediata de informes sobre cuántas agrupaciones dedicadas a los derechos humanos reciben o han recibido subsidios, partidas, colaboraciones o aportes materiales de algún tipo por parte del estado provincial y/o nacional.

19 de octubre de 2012: En los alrededores de Casa de Gobierno y de los Tribunales, aparecen pegados carteles en postes y semáforos con la foto y agravios a Diego Lavado. Por la tarde, este recibe una llamada de una voz femenina que le advierte que los carteles que han pegado en la zona de tribunales fueron realizados por los familiares de las víctimas que se juntan con el fiscal Javier Pascua. Textualmente, dijo: “Se volvieron locos cuando se enteraron que ustedes quieren que se declare la inconstitucionalidad de la “ley Petri”. El Fiscal Pascua los asesora, ese tipo lo odia a usted y al resto de los abogados de derechos humanos, por la denuncia que le hicieron ante el Consejo de la Magistratura. El Pascua ha logrado el apoyo de algunos familiares víctimas de delitos y quiere ponerlos a todos en contra suya. Primero le tocó a usted. pero van a seguir con Salinas, Guevara y el resto de los abogados para que no se metan con esa ley que la consideran propia”. Finalmente esta persona manifestó: “Cuídese, doctor, que esta gente es pesada y están muy locos, quieren ir a las casas y al estudio de ustedes para hacerles daño”.

7 de noviembre de 2012: Aparecen nuevos carteles en el interior de locales comerciales de los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz. Bajo la foto de los doctores Pablo Salinas, Alfredo Guevara Escayola, Diego Lavado y Dante Vega, una leyenda dice: “Estos son los mercaderes de los derechos humanos” y en la parte inferior dice: “Marque las diferencias entre las personas de bien y los abogados que defienden y liberan a los delincuentes que nos roban, nos violan y asesinan. Si tiene un comercio (zapatería, restaurant, drugstore, farmacia, café, etc.) No los atienda. Es hora de comenzar nuestra lucha …. La lucha de las personas de bien. No tenga miedo, participe de las marchas sin violencia ni agresión, ni daño a la propiedad pública o privada”.

14 de noviembre de 2012: Por la mañana se detecta que manos anónimas han producido hechos de vandalismo contra el monumento que se ubica frente al edificio de los Tribunales Federales de Mendoza (Av. España y calle Pedro Molina de Ciudad), ocasionando la destrucción del friso y las placas que contienen el nombre de las personas desaparecidas en la Provincia durante la dictadura cívico militar que gobernó el país en el período 1976-1983.