Brutal asesinato de la esposa de un desaparecido en Córdoba. Susana Montoya, también madre de un militante de H.I.J.O.S., fue golpeada en la cabeza y herida en el cuello con arma blanca. La familia ya había recibido amenazas, con la firma “Policía”. Y de dónde vino el crimen no era difícil de adivinar: el hombre desaparecido había sido militante de izquierda y subcomisario policial, de modo que la saña para con él fue extrema cuando la dictadura. Ahora se produjo este nuevo asesinato, inédito en democracia.

Que el hecho fuera en Córdoba y no en CABA, y que la TV oficialista –que no es poca– quisiera no ahondar en el asunto han hecho que pase relativamente inadvertido para la mayoría de la sociedad. Para ellos, se sigue con el tema Loan (siempre sin referir a las complicidades que se advierten del Gobierno local) o se continúa con la saga de Venezuela (monotema en el cual las torpezas de Maduro permiten tapar los intereses de EE.UU. sobre la mayor reserva petrolera del mundo, así como que el candidato González está acusado de haber participado de la represión ilegal en El Salvador en los años setenta).

El brutal asalto a la memoria colectiva que implica este asesinato, la ruptura con los acuerdos democráticos que la sociedad argentina forjó desde tiempos de Raúl Alfonsín, solo tienen precedentes en la desaparición de Julio López. Nada justifica el silencio mediático, perforado solo por algunos episodios de canales de TV que son conocidos por no pertenecer al establishment. Por supuesto, no han faltado repudios, pero lo que se requiere es protección para lo que queda de la familia, así como una investigación seria de lo sucedido. Nada fácil esto último, dado desde dónde se habría organizado el crimen.

Mientras, continúan las oleadas en torno a la insólita visita de diputados de la Nación a Astiz, Guglielminetti, Pernía, Suárez Mason y otros represores arquetípicos de la dictadura (uno de ellos, como ejemplo, está condenado por más de 300 casos de torturas, secuestros y sometimiento a cautiverio). Los legisladores/as fueron seis, pero el programa de Rial ha demostrado que el planeamiento de la visita es anterior, y que en él –que dio lugar a una serie de previas reuniones– participaron trece diputados/as del partido del Gobierno.

Uno de los implicados, Montenegro, es muy cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que disimula con habilidad sus simpatías de extrema derecha. Visitante de Videla, defensora de los agentes de la represión ilegal, ahora intenta seducir a políticos y sindicalistas, y hasta balbucea torpemente –a menudo tiene que leer– libretos tomados del repertorio peronista. Suficiente para que Guillemo Moreno, autoerigido en dueño de una identidad peronista de la que son dueños decenas de millones, lanzara que la vicepresidente podía “ser abrazada”, si es que el suyo fuera un “nacionalismo inclusivo”. Una página oscura para las convicciones democráticas en el país.

Otro episodio un tanto bizarro ligado a esta lamentable visita al penal de Ezeiza fue la disculpa ensayada por la diputada mendocina Lourdes Arrieta, que alegó no saber quién era Astiz, dado que ella nació en 1993, muy luego de los hechos de la dictadura. Este razonamiento implica que no podríamos hablar de los griegos, del Medioevo europeo, del pasado incaico o de la gesta de San Martín. Lo cierto es que ello no impidió que ella participara de una fotografía colectiva de los diputados con los represores condenados, que aprovecharon para entregar una nota donde piden alivio de la cárcel en la que están reclusos por crímenes de lesa humanidad.

El argumento de que se los visitó por razones humanitarias quedó así desmentido. Lo estaba desde el comienzo, cuando Benedit, uno de los visitantes, exhibió una proclama donde declaraba a los hoy presos como héroes y aludía a la victoria que habrían obtenido en una contienda salvadora de la patria.

Pero “hoy los diarios no hablaban de tí”. Sucede que, desde hace días, el juez Ercolini se ha estado comunicando con la ex primera dama Fabiola Yáñez, al encontrar indicios de posible violencia de género en el teléfono de la exsecretaria de Alberto Fernández, amiga de Yáñez. Parecería razonable y, sin embargo, no es evidente que, no habiendo denuncia de parte de la susodicha, un juez que toma estos datos desde otra causa quiera comunicarse con ella para ver si quiere denunciar. Es inesperado tanto celo, mientras los antecedentes antikirchneristas y promacristas del juez son absolutamente indisputables.

De tal modo, no se hablaba ni de la visita ni del asesinato en el canal más propio de la derecha argentina (La Nación+): allí se hablaba –antes de cualquier denuncia de Fabiola– de violencia de parte del expresidente. Sin más pruebas, por entonces, que lo dicho por Ercolini y lo lanzado por el diario Clarín, sobre cuya no neutralidad no es necesario explayarse.

Cuando se logró la denuncia por parte de Fabiola –difícilmente sepamos cómo se dio el paso inesperado a esa retardada decisión–, tuvimos referencias aún más intensas de que hubo violencia de género, sin que se asuma que por ahora solo existe la denuncia y que la solidaridad con quien sería la víctima no exime de demostrar primero que efectivamente lo es.

Por cierto, corresponde toda la solidaridad con Fabiola si los hechos han existido, y la condena al expresidente si ello se confirma. No cabe la menor duda al respecto. La violencia en ningún caso es tolerable, y ciertamente no lo es la de género. Pero deberemos esperar al desarrollo de la causa. Mientras, la agitación del tema por televisión será demoledora. Porque no es que “este hecho será usado políticamente”, como alguien señaló. Es mucho peor: la denuncia misma, aun si se confirma como genuina, fue obtenida por larvada pero evidente presión político-mediático-judicial.