El mensaje lapidario de Mauricio Macri se puede transmitir de este modo: “Buitre o muerte”. O sea, debemos acordar con los holdouts o se viene el ajuste o la hiperinflación. Es decir, si no cancelamos la deuda, no tendremos acceso al crédito internacional, y la Nación y las provincias deberán financiarse achicando el gasto fiscal. La nueva encerrona la impone la justicia de Nueva York que, por un lado, exige el pago a los buitres, pero por otro lado señala que debe revisar si el país quedará protegido de posibles reclamos de otros acreedores que ya acordaron en planes anteriores.

Esta situación le puso un freno al envión que Macri había logrado en el Parlamento para desmantelar la Ley Cerrojo, como le exige el norteamericano juez de primera instancia Thomas Griesa, pero que cuyo fallo ha sido revocado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Todo esto fue transmitido por Alfonso Prat Gay y ratificado por el Presidente anoche en el programa de Luis Majul de modo dramático, como si estuviera en un pasillo donde no tiene alternativa de salida.

Por eso, esta mañana irán al Congreso delegados técnicos de la cartera de Hacienda para disipar las dudas de los referentes peronistas y, de este modo, llegar mañana martes 15 a la sesión para tratar la ley que destrabe el acuerdo reclamado por Macri.

La plata de la Anses y el oxígeno a las provincias

Le atribuyen a Alfredo Cornejo la operación política entre los gobernadores peronistas para concretar la devolución del 15 % retenido de la coparticipación a través del fondo de garantía de la Anses. La gestión silenciosa del mandatario mendocino entre sus pares opositores no obtuvo el acuerdo, y el sondeo con resultado negativo le dio paso, finalmente, a la propuesta de la devolución de esos fondos en cuatro años.

“Esta fue una devolución escalonada a cuatro años (no a cinco, como se propuso inicialmente) a través de un pago del 3 % anual, más un plus de igual porcentaje en bonos u otro instrumento financiero. Si no fuera por la presión del PJ a través de las provincias, difícilmente este año Mendoza hubiera conseguido la promesa nacional de que ingresarán $ 550 millones en efectivo y otros tantos a través una probable renegociación de deudas”, de acuerdo con el repaso que hace Marcelo Arce, el columnista de MDZ Online.

Pagar toda la deuda junta significaría, según Martín Kerchner, el ministro de Hacienda de la provincia, “quebrar la Anses y eliminar todas las AUH”. En este sentido, agregó que el proceso “hay que hacerlo con razonabilidad”, se detalla en la crónica de Unidiversidad publicada el domingo 13. Claro que las declaraciones del jefe de la cartera financiera son muy parecidas a la opinión de los gobernadores que rechazaron la propuesta de Macri, acercada a través de Cornejo, de acuerdo con lo publicado este fin de semana.

Es evidente que estas negociaciones están emparentadas directamente con las tratativas entre la Casa Rosada y las provincias gobernadas por el peronismo por la derogación de la Ley Cerrojo para facilitar el acuerdo con los fondos buitre.

Este proceso político en el Congreso se frenó por la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó el levantamiento del embargo contra Argentina dispuesto por el juez Thomas Griesa.

El jefe del bloque del FpV en el Senado, el rionegrino Miguel Pichetto, fue uno de los primeros en reaccionar al enterarse del fallo neoyorkino, dado que “impacta de lleno en la negociación y las propuestas del Gobierno argentino, ya que la Cámara retoma la jurisdicción ante la presentación de otros bonistas que no han ingresado a los acuerdos pautados por Griesa”.
 

En Mendoza, el día del decreto

En tanto, la Provincia atraviesa su propio baldío, su extrema soledad en la discusión de quiénes somos y para qué queremos seguir siendo mendocinos. Estamos en medio de un debate por los escasos fondos públicos que acusa el Gobernador contar para administrar y las calamidades sociales que no dejan de costarnos vidas de manera silenciosa, con sectores cada vez más empobrecidos y con pronósticos sociales preocupantes.

En ese escenario se recrudecerá esta semana la polémica por los salarios estatales, en especial de los maestros, que esperan hoy el decreto gubernamental que defina el aumento por esa vía, ante el fracaso de la primera paritaria en la que debutó Cornejo como gobernador.

Esta mañana, los medios electrónicos consignaban que la normativa tan anunciada por el Gobernador no está publicada en el Boletín Oficial, aunque nadie duda de que se concretará.

Será el preludio para el inicio de las otras tratativas con los otros gremios de los agentes públicos, que advierten que la pelea más dura será con los sindicatos que representan a los trabajadores de la salud pública.
 

Modesta celebración

Como jefe del Ejecutivo provincial, el viernes 11, Cornejo salió a la calle a celebrar dos gestiones políticas que destrabaron sendas cuestiones sin que le generen un gastoo extra más allá de los costos fijos.

Por un lado, se hizo ver en el límite de Las Heras con Ciudad para anunciar que hoy, lunes 14, comenzará una obra de 28 millones de pesos para remodelar 1,6 km de la calle San Martín, canales aluvionales incluidos. Es un logro de la Unidad Financiera Internacional de Mendoza, que logró desanudar el enredo burocrático, y del empuje político de Julio Cobos, reconocidas ambas acciones por Cornejo en ese acto.

Por otro, Cornejo festejó el arribo del nuevo-viejo helicóptero policial que había quedado varado en Chile por un problema aduanero y que el Gobierno anterior, por falta de fondos y capacidad, no pudo hacer llegar.  

“Casi el 20 % lo vamos a pagar en un financiamiento directamente con la empresa. Esa es la negociación a la que hemos llegado. Hemos podido reducir el costo, estirar los plazos de pago y traerlo con el equipamiento íntegro. Solo falta la parte sanitaria, que la vamos a incorporar en 30, 40 días. Vamos a llevar el helicóptero a Chile nuevamente y vamos a tener la posibilidad de tener un helicóptero de ambulancia, prácticamente”, narró el Gobernador.

Revisando, Cornejo salió a celebrar la capacidad de gestión de su Gobierno y no el posible acuerdo con la Nación por la recuperación del 15 % retenido de la coparticipación federal. O sea, una modestia franciscana pero que a esta altura sirve como para levantar la autoestima gubernamental, teniendo en cuenta que esos fondos federales irán directo a compensar deuda ya contraída con la que se vienen pagando los sueldos.