Después del escándalo que se produjo en torno al registro de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, en los que figuraban casas valuadas en 0,70 centavos y un auto en 1 peso, la vicegobernadora Laura Montero –una de las funcionarias más cuestionadas por el valor con el que registró sus propiedades– auspició un proyecto de ética, cuyos autores son los legisladores oficialistas Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur). La iniciativa apuntaba a que se definiera con exactitud la forma de registrar las posesiones de los funcionarios en las declaraciones juradas, pero además ampliaba los sujetos obligados a presentar su manifestación de bienes, y creaba una comisión de seguimiento de ética pública, además de determinar los datos protegidos y garantizar el acceso a la información pública.

La iniciativa respaldada por Montero ingresó a la Cámara Alta el 9 de mayo y vino a engrosar la lista de proyectos sobre esta temática que ya existían en Legislatura, por lo menos cinco anteriores a este.

Sin embargo, e inexplicablemente, otra legisladora radical –que responde directamente al gobernador Alfredo Cornejo– presentó su propia iniciativa, a los pocos días de que la vicegobernadora organizara un acto legislativo en el que participó el exdirector de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, para dar curso a su proyecto. Se trata de Analía Jaime, quien aseguró que si bien son trabajos similares en algunos aspectos, no lo son en otros muy importantes.

El proyecto de Jaime ingresó a fines del mes de junio, un mes y medio después del de García y Mancinelli.

La principal diferencia es que el proyecto de la cornejista contempla la creación de una plataforma informática para que los sujetos obligados a presentar sus declaraciones juradas carguen allí sus datos, y funda una secretaría de Ética Pública, que sería la encargada de administrar esta información. Por otra parte, crea el registro de declaraciones juradas patrimoniales y el registro de funcionarios morosos.

Otra diferencia es que, al determinar los sujetos obligados a declarar bienes, contempla a dirigentes sindicales de gremios ligados al Estado, y a proveedores estatales.

Según aseguró la diputada, esta idea es más integral que la de García por estos aspectos mencionados, y por eso ella decidió presentarlo por su cuenta.

Sin embargo, hay otros rumores políticos detrás de la presentación de estos proyectos. El principal es una fuerte tensión entre el gobernador y la vice, que quedó reflejado con “la guerra de proyectos de ética pública”, aunque la afirmación parezca una  contradicción en sí misma.

Habrá que esperar hasta la semana próxima, cuando se retomen las actividades legislativas para determinar qué iniciativa de las presentadas se trata primero en comisiones y cuál tiene el suficiente apoyo político para seguir adelante.