El presidente interino de Brasil, Michel Temer, recibirá a líderes de centrales sindicales para explicarles el sentido de reformas laborales y previsionales que impulsa. Mientras tanto, la prensa local afirmó que el nuevo Gobierno se propone privatizar la empresa de correos y la Casa de la Moneda, así como la participación que el Estado federal tiene en 230 compañías de electricidad.

Paralelamente, la poderosa Orden de Abogados de Brasil (OAB) reclamó que dejen sus cargos los ministros designados por Temer que están sospechados de corrupción y un diario informó que 12 de los 22 miembros del nuevo gabinete recibieron donaciones de empresas involucradas en el multimillonario desvío de fondos de la petrolera estatal Petrobras.

Temer convocó a los presidentes de Fuerza Sindical, la Unión General de los Trabajadores (UGT), la Nueva Central, la Central de los Sindicatos Brasileños (CSB), la Central Única de los Trabajadores (CUT) y la Central de los Trabajadores de Brasil (CTB). Las cuatro primeras confirmaron su asistencia, en tanto las dos últimas, vinculadas respectivamente con el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), no habían respondido, informó el diario O Globo.

El mandatario interino llamó a los jefes sindicales preocupado por las reacciones que generaron las primeras declaraciones de los ministros de Hacienda y de la Casa Civil, Henrique Meirelles y Eliseu Padilha, acerca de reformas a la edad mínima para la jubilación y al período de aportes previsionales.

El presidente de Fuerza Sindical, el diputado Paulo Pereira da Silva –uno de los principales impulsores del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff–, advirtió que Temer comenzó equivocado su gobierno al no haber consultado a las centrales gremiales antes de proponer cambios a la legislación previsional. "Vamos a decirle que ya hay en la legislación una edad mínima, que es la suma de la edad y el período de aportes; creemos que la situación del sistema previsional no es tan mala como dice el gobierno", señaló Pereira da Silva.

Tras la aprobación del juicio político a Rousseff y la asunción de Temer como presidente interino, las cuatro centrales que confirmaron su asistencia al encuentro entregaron al flamante mandatario un documento en el que le solicitaron que mantenga los derechos de los jubilados, entre otros pedidos. También reclamaron "mantenimiento y ampliación de los programas orientados a la disminución de las desigualdades sociales; fortalecimiento de la política de valorización del salario mínimo como vía para distribuir ingresos, y no al retiro de derechos en la reforma previsional".

El Gobierno aspira a que en la reunión –de la que participarán también Meirelles, Padilha y el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira– puedan iniciarse conversaciones sobre reformas a la legislación laboral.
 

Privatizaciones y sospechas

Mientras tanto, el equipo económico de Temer analiza la posibilidad de habilitar la incorporación del sector particular al capital de empresas estatales como Correos y Casa de la Moneda, en consistencia con la promesa de reducir la presencia del Estado en la economía, informó O Globo. La iniciativa contempla también la venta de las participaciones que el Estado federal tiene en compañías cuya propiedad es mayoritariamente privada, entre las cuales figuran unas 230 de la actividad eléctrica –generadoras, transportadoras, distribuidoras y parques eólicos– y otras del sector asegurador.

Por otra parte, la OAB difundió una declaración firmada por su presidente, Claudio Lamachia, en la que sostiene que "aquellos investigados no pueden ser ministros de Estado" pues eso "amenaza la posibilidad de que Brasil transite por mejores rumbos". El ministro de Planificación, Romero Jucá, es investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) por supuestos vínculos con el escándalo en Petrobras y sus colegas de Turismo y del Ministerio de la Secretaría, Henrique Alves y Geddel Vieira Lima, fueron citados por algunos delatores del caso aunque no están formalmente indagados, indicó la agencia EFE.

El diario O Estado de S. Paulo afirmó que 12 de los 22 integrantes del gabinete de Temer recibieron dinero de empresas involucradas en la red que desvió más de 2000 millones de dólares de Petrobras para financiar campañas proselitistas. El periódico aclaró que dichas donaciones fueron debidamente declaradas a la Corte Electoral, por lo que aparentemente se trata de contribuciones legales, aunque la Fiscalía General de la República investiga si se trató en realidad de sobornos encubiertos.