Mientras el andamiaje legal de los sectores audiovisual y de telecomunicaciones sufre modificaciones por vía de los primeros decretos del presidente Mauricio Macri, los principales actores corporativos del sector exponen cambios de posiciones. Sobre estos se discute menos, como si se tratara de oscilaciones telúricas sin repercusión en la superficie de la producción y circulación de información, flujos de comunicación y de entretenimientos de la sociedad. Sin embargo, no se puede comprender esa superficie sin considerar los desplazamientos estructurales anticipados por los grandes grupos.

Como efecto inmediato del cambio de gobierno, tanto el desempeño del Estado –en su múltiple rol de regulador, controlador, operador y financiador del ecosistema de medios y telecomunicaciones– como el comportamiento de los conglomerados privados más importantes evidencian tendencias de la nueva etapa. Sus repercusiones desbordan al Estado y a los grandes operadores, ya que estos poseen un efecto disciplinador sobre los actores de menor envergadura.

El presente texto enfoca los dos principales grupos de comunicación, Telefónica y Clarín, que tuvieron alineamientos opuestos no sólo en el pasado reciente (basta pensar en la línea editorial de los informativos de sus canales de aire, el Trece –grupo Clarín– y Telefe –grupo Telefónica–, frente a las políticas kirchneristas), sino que datan de la década de 1990. Telefónica y Clarín fueron y son competidores en varios mercados. Si bien las telecomunicaciones fijas y móviles le reportan a Telefónica un volumen económico mucho mayor, Clarín tiene una estratégica diversificación en todo el sector de medios, donde es operador dominante de varios mercados.

Pese a sus diferencias de origen, de actividad y de que Telefónica es un operador global y Clarín esencialmente actúa en Argentina, los dos grupos hoy coinciden en reclamar cambios normativos sobre leyes promovidas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tienen pendiente la clausura del judicializado proceso de adecuación previsto por la ley audiovisual de 2009, que el kirchnerismo dejó incompleto (a pesar de haber sido un tema que marcó el discurso presidencial durante años) y que manipuló tan grotescamente que Macri podrá resolver en beneficio de los grupos concentrados sin demasiado costo. En suma, Telefónica y Clarín afrontan retos que no son tan divergentes como sus intereses. En otro contexto, los adversarios habían depuesto diferencias cuando hicieron lobby por la ley de “Preservación de Bienes Culturales” de 2003.

Por un lado, Telefónica continuará expandiendo su red móvil en 4G y debe mejorar las prestaciones de sus redes, pero reclama al gobierno que le ceda más espectro y, a la vez, que se levante la prohibición para prestar TV satelital. Ello conduce a cuestionar dos leyes vigentes: la más reciente, de “soberanía satelital” (noviembre de 2015) que –como reacción a la compra de Nextel por parte del grupo Clarín– incluyó una reserva de espectro para la estatal ARSAT originalmente previsto para un cuarto operador de telefonía móvil; y la ley de telecomunicaciones y TIC “Argentina Digital” de diciembre de 2014, que modificó la previa Ley Audiovisual al autorizar el ingreso de las telefónicas a la TV pero les veda la explotación de TV satelital. Justamente, este vector interesa a Telefónica, ya que brinda el servicio en países de la región y por el alcance del satélite podría ampliarlo a la Argentina.

Por otro lado, el grupo Clarín tramita el final de su guerra contra el Ejecutivo sin que sus ingresos hayan sufrido daños (al contrario) pero con esquirlas adheridas a su prestigio periodístico, afectado por la contienda. Su desafío es múltiple también: intentará blindar su dominio en la TV por cable a través de Cablevisión (donde tiene como socio minoritario a David Martínez, de Fintech, otro que con el nuevo gobierno buscará revertir el impedimento para formalizar su control de Telecom Argentina), que es la unidad de negocios que más ganancias le reporta al conglomerado pero, a la vez, expandirse a la telefonía móvil. Para ello compró Nextel hace pocos meses. A pesar de que esa operación fue denegada por la autoridad de aplicación de la Ley Argentina Digital (AFTIC), el cambio de gobierno y la decisión de Macri de subordinar tanto la AFTIC como la AFSCA al flamante Ministerio de Comunicaciones abren expectativas reales de revisión. Como Telefónica, Clarín también pretende modificar parcial o integralmente leyes clave promovidas por el kirchnerismo, en este caso la de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios, ya que no regula gráfica ni Internet).

En ambos casos, la excusa más a mano para objetar las leyes es su presunta obsolescencia, fruto de los avances tecnológicos. Si se toma este argumento como válido, entonces ninguna ley será satisfactoria, toda vez que el vértigo de la convergencia digital avanza a un ritmo incompatible con los acuerdos políticos y legislativos necesarios para adoptar regulaciones. Pero, más allá de esa excusa, lo que motiva la objeción a las leyes que regulan los sectores audiovisual y de telecomunicaciones es la percepción que tienen los principales operadores de las limitaciones presentes en la normativa para la expansión de sus negocios en épocas de convergencia de servicios y productos. En este sentido, y aunque la asunción de Macri ya avanzó y neutralizó algunos de los efectos de esa regulación (subordinando las autoridades de aplicación), el cambio de etapa representará desde una perspectiva estructural el desplazamiento de los conflictos, no su anulación.

Ya sin la retórica semiotizante de la batalla cultural, el sector infocomunicacional revelará sus tensiones de modo más directo, con los operadores audiovisuales recelando del ingreso de las telefónicas al sector de TV (en particular, los cableoperadores); las telefónicas recelando de las condiciones de los servicios de Internet, ya que sienten que están sometidas a regulaciones nacionales intensas, mientras que los depredadores digitales como Google, Facebook, WhatsApp o Netflix, con su escala global de operaciones, sortean con mayor facilidad las leyes locales, y con actores que fueron invocados y postergados por las políticas de los años previos (las PyME, las cooperativas, las organizaciones sin fines de lucro, los sindicatos) pujando por encontrar un lugar bajo el sol.