Este miércoles a las 11, la Legislatura volverá a ser sede del análisis del tarifazo cuando la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado reciba a autoridades del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y a Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos, quienes analizarán, junto con operadores comunitarios de agua y luz, los inconvenientes que atraviesa el sector ante los aumentos.

La citación fue aprobada por la Cámara Alta a instancias del senador Gustavo Arenas (FpV-PJ) debido a la preocupación que reina en las uniones vecinales y las cooperativas ante el riesgo de cese de actividades por su imposibilidad de pagar las abultadas facturas del servicio eléctrico.

Se prevé que las partes involucradas en la problemática avancen en el tratamiento del proyecto de ley para establecer un régimen de subsidios de servicio público eléctrico a las uniones vecinales y las cooperativas de agua potable y cloacas, también presentado por el legislador justicialista. Esta iniciativa, que consta en el expediente N.° 67801 del Senado, surgió ante el grave impacto que sufren los operadores comunitarios de agua de Mendoza debido a la resolución N.° 6/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que aprobó los precios de referencia de la energía a aplicar en el cuadro tarifario y eliminó los subsidios a nivel nacional.

La propuesta recibió el aval expreso del directorio del EPAS, cuyos miembros también coincidieron en la necesidad de convocar a una reunión urgente con todos los actores involucrados. La solicitud derivó en la resolución para citar a la Legislatura a las autoridades de Servicios Públicos, el EPRE, el EPAS y de las entidades comunitarias que prestan los servicios de agua y cloacas. Las instituciones de este tipo nucleadas en el EPAS son más de 150 y operan unos 200 pozos en toda Mendoza para atender a una población de 500 mil habitantes.

Simultáneamente, en nuestra provincia existen unas 500 perforaciones de agua que son administradas por Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam Sapem), las municipalidades de Maipú, Luján de Cuyo y Tupungato, y más de 130 operadores comunitarios y comerciales de Capital, Godoy Cruz, General Alvear, Guaymallén, Junín, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Carlos, San Martín, San Rafael, Tunuyán y Tupungato.
 

El proyecto de ley

El proyecto de ley presentado por el senador provincial Gustavo Arenas –en coautoría con sus pares Mauricio Sat, Ángel Brancato y Luis Böhm– para evitar el cierre de las instituciones comunitarias establece “un régimen de subsidios provincial de servicio público eléctrico a las uniones vecinales y cooperativas operadoras de agua potable, productores primarios con sistema de riego por pozo y cooperativas de trabajo a cargo de empresas y/o fábricas recuperadas”.

La futura norma aclara que “el subsidio provincial de servicio público eléctrico tendrá por objeto compensar el aumento tarifario, estableciendo que la tarifa resultante para los usuarios establecidos en el artículo 1.º sea igual a la establecida antes de la aplicación de la resolución nacional N.º 6/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación”. Además dicta que “será con cargo al Fondo Provincial Compensador de Tarifas creado por la ley N.º 6497”.

Por su parte, el Fondo Compensador de Tarifas fue creado a partir del Capítulo XIII del Marco Regulatorio Eléctrico, originado por la ley N.º 6497. En este contexto, el artículo 75 define que ese fondo se aplicará siguiendo criterios eléctricos, económicos o sociales –según el caso– para compensar tarifas de acuerdo a como lo indique el Poder Ejecutivo y lo apruebe el Poder Legislativo.