La Cámara Federal de Mendoza estableció que de manera urgente el Juzgado Federal N° 2 tiene que resolver la cautelar por la tarifa de gas. Al mismo tiempo, los miembros de la ONG Protectora pidieron la recusación de la jueza Pura de Arrabal porque consideran que ella ya tomó postura al elevar el planteo a la Corte Suprema de la Nación, por lo que solicitan que otro magistrado resuelva la situación.

El argumento que esgrimen los representantes de Protectora es que Pura de Arrabal entendió que el máximo tribunal tenía que resolver el amparo y de alguna manera preopinó en su accionar. En el mientras tanto, la Cámara Federal entendió que la misma jueza puede resolver la cautelar siempre que no caiga en contradicciones.

Hay que recordar que la recusación es la facultad que la ley concede a las partes en un proceso, en este caso la ONG, para reclamar que un juez se aparte del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que pueda parcializarse o que ha prejuzgado. En este sentido explicaron que la acción judicial se debe solucionar en un plazo no mayor a las 24 horas y que si avanza el pedido, el juez Walter Bento o Marcelo Garnica tomarán la posta y resolverán el planteo judicial. “Tenemos que respetar al ciudadano que paga los impuestos”, dijo el abogado de Protectora Mario Vadillo.

En el contexto político en el que se encuentra la provincia, el reclamo por las tarifas -que es genuino- queda en medio de las aspiraciones que tienen dos de los protagonistas de esta historia: por un lado los abogados Mario Vadillo y José Luis Ramón y por otro lado la jueza Olga Pura Arrabal, quien pasó el filtro del Senado para integrar la Cámara Federal de Apelaciones.

Los abogados de la ONG están en plena campaña de cara a las Legislativas de octubre. En este caso, y aunque no lo digan de manera directa, que se frene el aumento de uno de los servicios públicos y se adecúe la tarifa a la Patagonia puede darles el rédito político que necesitan para llegar mejor parados a las elecciones.

En una entrevista con Unidiversidad, Vadillo repitió que es necesario que la provincia tenga una tarifa preferencial dada por las condiciones climáticas de Mendoza y que el Gobierno debe abordar los aumentos de gas dentro de una política de Estado. “Es hora unificar criterios y que el usuario pague en forma proporcional. La Justicia especula con que llegue la primavera y eso no puede ser, el gobierno tiene que ser serio”, sentenció Vadillo.

Qué dice el fallo

Desde 2009 la ONG presentó amparos para que en la provincia se adecúen las tarifas a las de la Patagonia. En 2017 la jueza Olga Pura de Arrabal tenía que resolver sobre la causa, pero en su momento ella pidió al Enargas y al Ministerio de Energía, así como también a Ecogas, de que esta causa no se tratara en Mendoza sino en Buenos Aires, puesto que se trataba de cuadro tarifario nacional.

Luego, en 2016 y 2017 la ONG se mantuvo con su pedido pero finalmente el Estado decidió -a través de audiencias públicas- ampliar los umbrales de consumo y avanzar con la implementación de tarifa social para los sectores de bajos recursos.

La nominada

La jueza Olga Pura Arrabal integra la lista final para cubrir una de las cinco vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones. Que se dilate la resolución -entienden los abogados de la ONG- la beneficia porque de esta manera evita tomar posición en un tema sensible. “Obviamente los Jueces cuidan sus puestos, pero cuando uno jura no puede especular porque la sociedad le da confianza (...) son privilegiados que deben honrar el lugar en el que están.

La lista para integrar la Cámara tiene el aval del Poder Ejecutivo y ya pasó el primer filtro del Senado, de acuerdo a lo que consignó el diario Los Andes el 23 de agosto. En este sentido el jueves 7 de setiembre se espera que en sesión, el pleno de la Cámara apruebe los pliegos y que luego tomen juramento.  La lista se completa con  Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Alfredo Porras.