La decisión de la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, de anular la aplicación del cuadro tarifario y ordenar que Enargas elabore un nuevo marco para la zona norte de Mendoza, trajo alivio a los mendocinos. Sin embargo, el fallo no dio respuesta inmediata a la pregunta que muchos se realizaron: "¿Pago o no pago la factura?". Y comenzaron las especulaciones.

Durante la tarde de este lunes 30, la página de prensa del Gobierno de Mendoza tituló que Ecogas deberá refacturar las boletas que llegaron con incremento. Según la publicación, quienes hayan abonado con el incremento deberán efectuar la gestión correspondiente ante la distribuidora para acreditar el saldo a su favor, en caso de que no haya sido descontado el pago en exceso. Lo extraño es que cuatro horas antes, Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos, no supo explicar la medida.  

"Se trata de un problema de interpretación", mencionó Sergio Marinelli desde San Rafael a Unidivesidad. Es que para el funcionario, el fallo de la Justicia Federal no aclaró qué hacer con las facturas impagas. Por eso mismo, Marinelli aseguró que se reunirá mañana con la magistrada de primera instancia. 

Mientras tanto, Mario Vadillo, de ONG Protectora, dijo a Unidiversidad que aquellos a los que les ha llegado la factura no la paguen, ya que Ecogas "enviará una nueva factura" –con hasta el 80% de aumento tal como determinó la Justicia Federal–. Asimismo, la organización hará una nueva presentación para que aquellas personas que ya pagaron vean convertido el pago realizado en crédito en la próxima factura. 
 

Pedido para incluir a los usuarios del sur

A partir de la decisión de la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal de anular la aplicación del cuadro tarifario y ordenar que el Enargas elabore un nuevo marco para la zona norte de Mendoza, el Gobierno junto a los jefes comunales de General Alvear, San Rafael y Malargüe presentó este lunes 30 un pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal con asiento en San Rafael, para incluir en esta medida a todos los usuarios de la provincia. 

El Gobierno realizó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” y una medida cautelar junto a los intendentes para pedir la suspensión inmediata de todas las resoluciones que modificaron el cuadro tarifario y la continuidad de la prestación del servicio a aquellos que aún no pagan la boleta, luego de que el juez federal Eduardo Puigdéngolas rechazara el amparo presentado por la ONG Protectora. 

El fallo de la magistrada no rige en los departamentos del sur, en tanto que están subordinados a juzgados federales distintos. Según publicó el Diario San Rafael, el juez federal Eduardo Puigdéngolas de San Rafael explicó rechazó el amparo presentado por la ONG Protectora "porque eligieron una vía procesal incorrecta". En tanto, Marinelli señaló que el recurso presentado por la Provincia tendrá mejor suerte que el de Protectora, ya que "permite demostrar la afectación a derechos colectivos". Es decir que el fracaso del recurso presentado por la ONG se debió a una "cuestión procesal, esta vulneración de derechos es muy difícil de demostrar", dijo el Secretario. Asimismo, Marinelli manifestó que cree que "el juez  Puigdéngolas se expedirá mañana o pasado". 

La iniciativa del Ejecutivo provincial busca la suspensión inmediata de todas las resoluciones que modificaron el cuadro tarifario y que, en muchos casos, es de imposible pago por parte de los usuarios en todo el territorio provincial. También solicita extender la acción por el período de seis meses, lo que establecería un tiempo prudente para acordar con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación un cuadro tarifario razonable para los usuarios del servicio.

Vivivana Fernández, representante en San Rafael de la ONG, dijo a Diario San Rafael que "si bien Protectora recién comienza a trabajar en San Rafael, invito a que se dirijan a Ameghino 226, lugar donde se recibirán los formularios sobre la factura que pagaron anteriormente y las que han llegado o ya pagado con el aumento”.
 

Laura Montero sobre las tarifas

La Vicegobernadora explicó: “El problema es que fue aplicado en el contexto inadecuado, justo en invierno cuando hay mucha vulnerabilidad ya que ni la gente ni las empresas pueden afrontar el aumento. Esto ya lo vimos cuando fui senadora de la Nación y con el resto de los legisladores hablamos de que el mejor modo de salir de esto era siendo cautos, sin que tuviera un impacto tan regresivo y nocivo sobre la población y la producción”. En cuanto a la aplicación del aumento, Montero sostuvo: “No se pueden corregir los desvíos tarifarios de diez años de manera abrupta. Hay que remontar el sistema productivo y no ayuda que hayan llegado allí, en ese sector, facturas con costos tan elevados”.

Con respecto al pago de las facturas ya emitidas, Montero expresó que hay que seguir el día a día con la negociación que vaya teniendo con Ecogas y con el Gobierno Nacional: “Tenemos 30 días de plazo para pagar una factura y me parece que ese es el margen que hay que dar para que se resuelva este conflicto”, y agregó: “Desde el Gobierno se van a ir dando lineamientos en función de cómo se avance en esas negociaciones”.
 

Los fundamentos de la jueza Arrabal de Canals

La jueza federal de primera instancia frenó el aumento al establecer "un tope del 80 % del monto que se está pagando por factura". Su argumento más utilizado: la razonabilidad. 

• “La misión de la justicia es la de conjugar el interés público comprometido en el aumento de tarifas con los derechos de usuarios y consumidores”.

• “Si bien los aumentos del cuadro tarifario responden a los mayores costos derivados del proceso inflacionario que aqueja a nuestra sociedad y a la necesidad de afrontar requerimientos generales de un adecuado uso del gas natural, la medida debe ser adoptada dentro de un adecuado estándar de razonabilidad, la que no se aprecia a simple vista con el aumento súbito e intempestivo, en una misma estación del año, de un promedio del 700 %.

• "Entiendo que la suspensión de la resolución atacada, tal como lo solicita la actora, no resulta razonable, como tampoco lo resulta un aumento del 700 % promedio". 

• “Una falta total de aumento de tarifas, como ha sido solicitada, redunda en falta de fondos para inversiones y esa falta de fondos para inversiones perjudica no sólo a toda la sociedad, sino especialmente a los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Basta como ejemplo el caso de sujetos que residen en barrios sin acceso a redes de gas natural –debido a la falta de fondos de las empresas para tenderlas– y que deben abonar gas en garrafa a un precio sensiblemente mayor a los usuarios que cuentan con gas natural. En el caso de nuestra provincia, desde el año 2014, las tarifas permanecen inmutables, lo cual, como dije, no puede mantenerse razonablemente en una sociedad que vive un evidente proceso inflacionario. Me veo así en la necesidad de adoptar una decisión que, además de proteger los intereses en juego, nos permita como sociedad salir del círculo vicioso descripto, y en esta línea argumental, considero, a fin de conjugar los mencionados intereses, que si bien es cierta la necesidad de un aumento de las tarifas, los incrementos sucesivos a los cuadros tarifarios deben ser implementados en un lapso razonable y paulatinamente”.
• “Por lo dicho precedentemente, considero que corresponde emplazar a Enargas a realizar un cuadro tarifario diferencial para la provincia de Mendoza, que tenga en cuenta las implicancias climáticas que la afectan, similar al practicado para la provincia de La Pampa, de condiciones similares. Asimismo, corresponde emplazar a la parte actora, para que denuncie los diferentes grupos de usuarios en proporción a la riqueza y la incidencia de los aumentos en la canasta familiar, a fin de poder tratar en forma diferenciada la petición formulada en autos respecto a cada uno de los grupos denunciados”.
• “Me pronuncio por disponer la suspensión interina de la Resolución Enargas I/3730, por un lapso improrrogable de tres meses desde el dictado de la presente, sin perjuicio de autorizar a la Autoridad de Aplicación para que implemente aumentos de las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de la Resolución Enargas I/3730, hasta un tope del 80 % del monto que se está pagando por factura”.