El gobierno nacional y las provincias firmaron este martes una modificación al Pacto Fiscal de 2017 y acordaron la suspensión por un año de los juicios entablados a la Administración central por la baja de los impuestos a las Ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos, a la vez que crearon una comisión que analizará el impacto que tendrá esta decisión en las finanzas provinciales.

La modificación suspende además la nueva reducción de los impuestos provinciales -Ingresos Brutos y de Sellos, entren otros-, prevista para el 2020, que se encontraba contemplada en el acuerdo fiscal firmado hace dos años y modificado en el 2018, y se fijan las alícuotas en los valores correspondientes a este año.

El acuerdo, plasmado en una “addenda” al Pacto Fiscal del 2017, fue suscripto por el presidente Alberto Fernández, los gobernadores provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un encuentro que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, del que participaron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Previamente, los ministros de Economía provinciales estuvieron reunidos con funcionarios nacionales para afinar la letra chica que suspende efectos del Pacto Fiscal de 2017, en la cual, según fuentes cercanas a los mandatarios, se analizaron tres borradores hasta que se consensuó una versión final.

Salvo el gobernador de Tierra de Fuego, Gustavo Melella, quien no viajó a Buenos Aires porque debía asumir su cargo, la asistencia fue perfecta: estuvieron los mandatarios de los 23 distritos argentinos de todos los signos políticos.

Con la adhesión al Consenso Fiscal suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri, las provincias tomaron el compromiso de reducir gradualmente la presión impositiva hasta el 2022 pero la crisis económica, sumada a la disminución de fondos coparticipables y subsidios, planteó un contexto en el cual las finanzas quedaron en rojo y sin la chance de perder más recursos, una disyuntiva que agravaría aún más su situación.

Por ello, al suspenderse la baja de los impuestos, el acuerdo representará aproximadamente un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según estimaciones del Ministerio del Interior.

La comisión que se crea, denominada de "Evaluación del Impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la Canasta Básica de Alimentos”, estará integrada por un representante de cada provincia y de la Nación y tendrá el objetivo de proponer medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no judicial.

En la tarea de lograr el consenso más amplio entre los gobernadores y pulir los detalles del acuerdo estuvo ocupado desde hace una semana el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien se mantuvo en comunicación permanente y en algunos casos en forma personal, con los mandatarios tanto del oficialismo como de la oposición, indicaron fuentes oficiales.

En ese sentido, agregaron que el presidente Alberto Fernández busca así evitar las sentencias judiciales y consensuar una reparación financiera con las provincias que presentaron demandas, que no fueron todas.

El gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, en una conferencia de prensa posterior que ofreció junto con su colega de Jujuy, el radical Gerardo Morales, explicó: "Debemos colaborar porque lo más importante es restablecer la economía, poner en práctica medidas concretas que repercutan directamente en el consumo y que los argentinos puedan recuperar el poder adquisitivo del salario”.

Uñac aclaró que la cláusula que suspende la baja de los impuestos, y que otorga libertad a las provincias para que, en caso de considerarlo necesario, utilicen las alícuotas máximas que se establecían para el año 2019, “no significa un cheque en blanco para que aumentemos” los gravámenes.

Dijo que aún no había hecho una evaluación de los números que significa el acuerdo para su provincia, y agregó: “Sí sabemos la situación delicada en que se encuentran las finanzas nacionales y obviamente la provinciales, que varían de acuerdo a la situación de cada estado, pero es un análisis que les cabe a todas”.

Por su parte, Morales estimó que con la suspensión su provincia recuperará alrededor de 1.000 millones de pesos anuales y posibilitará “una mayor recaudación”, por lo cual el acuerdo “nos da un alivio a las provincias durante un año, es una ayuda, y luego veremos cómo continuamos con esa hoja de ruta que estaba establecida”.

Explicó que “cada provincia tiene un esquema tributario diferente y en consecuencia una situación diferente. Algunas por el Pacto Fiscal del 2017 tenían que bajar sus impuestos más y otras menos” y estimó que “va a haber mayor impacto seguramente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires”.