Finalizando su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa, el gobernador Rodolfo Suarez se refirió a la situación de las cárceles provinciales y afirmó que las personas privadas de su libertad tienen garantizado la salud frente a cualquier riesgo de contagio de Covid-19.

“No hay excusas para los “sacapresos” que viven pidiendo masivas prisiones domiciliarias y excarcelaciones con cualquier excusa, por ejemplo, invocando los riesgos del coronavirus. En Mendoza las condenas se cumplen”, enfatizó el Gobernador.

“Las cárceles de Mendoza son lugares de aislamiento seguro, donde la población tiene control sanitario, más aún frente a la pandemia. En este sentido, desde el 16 de marzo se puso en marcha un protocolo preventivo específico para evitar la Covid-19, destinándose, entre otras medidas, un alojamiento a estrenar en el complejo Almafuerte II de 90 camas, para que realicen cuarentena las personas detenidas que eventualmente pudieran presentar síntomas hasta su recuperación, de manera de evitar cualquier tipo de contagio entre internos. Además, se han destinado otras 90 camas totalmente equipadas para cuidar al personal penitenciario” destacó Suarez.

Reforma constitucional, uno de los principales anuncios de Suarez

El principal anuncio que hizo el Gobernador esta mañana durante la apertura de la Sesiones Ordinarias en la Legislatura provincial es la reforma constitucional. Allí mencionó que presentará un proyecto para que no haya más elecciones intermedias para legisladores o legisladoras y para incorporar nuevos derechos.

Asimismo, el gobernador en su discurso afirmó que será la Justicia quien deberá analizar cada caso concreto y determinar el riesgo social que podrían tener aquellas personas liberadas, ya que se deberá considerar si el lugar de detención domiciliara ofrece mejores oportunidades que el servicio penitenciario.

“Es la Justicia, en el marco de su independencia, quien deberá analizar en cada caso concreto, el conflicto que se puede generar entre el riesgo social de otorgar cualquier beneficio para los detenidos y la posibilidad que tienen de contraer efectivamente el virus, sin dejar de considerar si el lugar de detención domiciliaria ofrece mejores oportunidades que con las que cuenta el sistema penitenciario, si, además, esa excepción puede perjudicar o no a los demás habitantes con los que el interno pueda tener contacto como, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia o los niños y niñas”, afirmó Suarez.

“Para el mejor funcionamiento del Sistema de Justicia y del derecho de defensa de las personas privadas de la libertad, el gobierno provincial ha solicitado a la Nación que se exceptúe del aislamiento social preventivo y obligatorio a las profesiones liberales dentro de las que se encuentra el ejercicio del Derecho”, finalizó el mandatario.