Portezuelo: el consorcio Malal-Hue rebajó más de USD 200 millones la oferta de la obra

Sociedad

Consultado sobre las demoras que ha sufrido el proyecto, Suarez agregó: “Desde el punto de vista jurídico, con el laudo a favor de Macri, el tema está cerrado ya aprobado por el Coirco. Lo que ocurre es que La Pampa se opone y, cuando cambió el gobierno, plantearon que los estudios ambientales deben ser aprobados por el consejo de gobernadores y eso no está bien, debe ser por el comité ejecutivo, que es donde están los técnicos. Lo ideal sería que Alberto Fernández le dé un cierre”.

Finalmente, el mandatario advirtió: “Nosotros, desde Mendoza, al momento de firmar el contrato, vamos a tomar todos los recaudos porque todas las megaobras del mundo tienen cláusulas para que no se siga frenando la obra. Es tomar recaudos”.

Fiscalía de Estado se pronunció 

El Fiscal de Estado, Fernando Simón, indicó en su dictamen que no encontró fundamentos para dar por fracasada la licitación, por lo que queda a decisión del gobernador disponer su continuidad, aun teniendo en cuenta los riesgos existentes. Sin embargo, puso condicionamientos a los fines de que se proteja el patrimonio provincial ante futuros imprevistos.

Los argumentos centrales en que los presentantes fundaron sus peticiones hacían a tres grandes aspectos:

• Por un lado, los referidos a la legalidad de la licitación. Entre ellos, la existencia de una única oferta en la licitación en curso, precio excesivo de la única oferta realizada y el mejoramiento de oferta realizado por el proponente;
• Luego, los que se fundaban en la importante disminución del caudal del río Grande en la última década, lo que dificultaría el llenado de la presa a construir y podría provocar una disminución de la energía a generar, así como tornar inconveniente la evaluación económica de la obra;
• Finalmente, los que remarcaban la existencia de cuestionamientos en el ámbito del Coirco a la realización de la presa. En el mismo sentido, advertían la incertidumbre que genera la existencia de reclamos de provincias limítrofes sobre los caudales de las cuencas principales del territorio y de procesos judiciales iniciados en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la realización de la obra

La Fiscalía, previamente a expedirse, solicitó informes y ampliaciones al Departamento General de Irrigación, a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima y a la autoridad de aplicación del proceso licitatorio, el Ministerio de Infraestructura de Planificación e Infraestructura Pública, los que terminaron de ser contestados en los últimos días.

Sostuvo que no puede ignorarse que la construcción de la presa es un proyecto formulado hace décadas ya y contemplado en el Tratado de creación del Coirco en 1976, y que el proceso de concreción tuvo inicio con el convenio transaccional celebrado por el juicio iniciado por Mendoza contra la Nación por los daños provocados a la Provincia por el régimen de promoción industrial que benefició a las provincias vecinas.

Destacó que el proceso no ha estado libre de dificultades y que ha sido objeto de numerosos estudios (incluyendo el análisis de cuatro universidades nacionales, consultoras y diversos organismos públicos especializados), así como objeto de largos debates y audiencias públicas.

Antes de analizar cada una de las cuestiones planteadas, dedicó algunos párrafos a explicar a la ciudadanía las funciones de la Fiscalía de Estado en Mendoza. Destacó que ese órgano de control tiene otorgada por la Constitución Provincial la doble función de defensa del patrimonio fiscal y de control de la legalidad del actuar de la administración pública, por lo cual, en ese cometido, puede interponer acciones ante el Poder Judicial contra los actos de los otros poderes que se consideren fuera del marco de la legalidad vigente y pedir su nulidad.

Completando la explicación, señaló la distinción entre la evaluación de mérito, oportunidad o conveniencia para la toma de una decisión política, que es una atribución que la Constitución otorgó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el control de legalidad de esa decisión, que es lo propio de esta Fiscalía de Estado, aclarando que no es su atribución reemplazar o sustituir a dichos poderes en la toma de las decisiones que la Constitución Provincial les ha encomendado, sino solo controlar su legalidad y razonabilidad.

Subrayó que la Fiscalía de Estado sí tiene a su cargo la defensa del patrimonio fiscal; por lo tanto, tiene atribuciones para realizar las recomendaciones y requerimientos necesarios para proteger ese patrimonio, lo que se advierte en la sugerencia de una serie de renuncias a eventuales reclamos e indemnizaciones de los oferentes que deben precisarse y aclararse antes de la adjudicación.

En su conclusión indicó, primeramente, que respecto al proceso licitatorio, la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación y que tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22 %, la que en definitiva resulta en beneficio de la Provincia.