Para la diputada Margarita Stolbizer, “hay que recordar que el expresidente y CEO de YPF fue el responsable de negar la información sobre las cláusulas del contrato con la empresa Chevron y que, como consecuencia de ese comportamiento, el Gobierno obtuvo un fallo sancionatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligó a abrir esos archivos y mostrar el acuerdo”. En opinión de la diputada, para que el gobierno de Macri se saque “el lastre” de encima de haber sido “cómplice o continuador del mantenimiento del secreto”, violando un fallo del máximo tribunal judicial, debería cortar rápidamente con las pretensiones reclamantes de Galuccio, disponiendo su exoneración basada en las responsabilidades políticas, administrativas y funcionales que le corresponden por haber tomado una decisión en contra de las normas que lo obligaban a brindar la información requerida.

“No puede ser gratis para un funcionario público o representante del Estado violar las normas o actuar en contra de lo que éstas le ordenan. Como tampoco puede convalidarse el no cumplimiento de los fallos de la justicia que han impuesto una obligación a la empresa y a su directorio”. Stolbizer sostuvo que “el ingeniero Galuccio fue el responsable de la calificación del contrato como confidencial y de haber persistido en el secretismo pese a los reclamos de acceso a la información que se le hicieron, incluso desde el Parlamento. Fue nombrado al frente de YPF en representación del 51 % de las acciones en cabeza del Estado. Luego del fallo de la Corte no podía haber sido mantenido en la función, con mucha más razón, al asumir el nuevo gobierno, y eso hemos venido reclamando. Ahora pretende un retiro indemnizado con 5,5 millones de dólares”.

“Es inaceptable que pretenda el cobro por una gestión que, además de no haber dado los resultados económicos y energéticos que se habían comprometido, haya terminado sancionada por la Corte por negarse a dar información”, expresó la diputada. Recordó que el actual gobierno se encuentra haciendo una revisión sobre el funcionamiento del Estado durante el kirchnerismo, el abuso y el sobredimensionamiento por las contrataciones que se hacían. “Han despedido a miles de trabajadores (y no analizo la justicia o no de dicha medida), pero no puede quedar afuera de esa revisión un contrato de esta envergadura. ¿O acaso solamente van a revisar para despedir a los de salarios bajos y no van a mirar de qué manera se comprometía el patrimonio público con cláusulas de rescisión como la que le firmaron a Galuccio?”, finalizó Stolbizer.