Apenas seis de cada diez candidatos nacionales de cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre –entre ellos, los integrantes de los 6 binomios presidenciales– cumplió con su obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción, tal como establece la Ley de Ética Pública.

Así se desprende de un relevamiento realizado por la fundación Directorio Legislativo, que –en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) como Change.org y Causas Comunes– viene impulsando distintas iniciativas de transparencia durante la campaña electoral, como una ley para transparentar los procesos de lobby.

“El porcentaje de cumplimiento es bajo, teniendo en cuenta que la modificación de la Ley de Ética Púbica se realizó en 2013 y ya pasó un tiempo considerable para interiorizarse sobre la práctica de presentar las declaraciones juradas”, dijo a Télam Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo. Los 12 candidatos que integran las fórmulas presidenciales presentaron sus declaraciones en tiempo y forma, pero el mayor incumplimiento se registra entre los postulantes a diputados y senadores nacionales.

Según la información presentada ante la OA, el presidente Mauricio Macri es el candidato con mayor patrimonio (151 millones de pesos), seguido de Roberto Lavagna (casi 30 millones), José Luis Espert (casi 16 millones), Juan José Goméz Centurión (casi 12 millones), Alberto Fernández (3 millones) y, por último, Nicolás Del Caño (303 mil pesos).

En las últimas elecciones legislativas de 2017, la campaña impulsada por Directorio Legislativo logró que el 66,3 % de los postulantes presentaran la información, con lo que superaron en el 40 % lo que había ocurrido en los comicios de 2015. “Pero ahora resulta preocupante que el porcentaje de cumplimiento sea menor al de 2017”, advierte De los Santos, que recuerda: “No hay sanciones previstas para los que no la presentan, salvo la mirada de la opinión pública y organizaciones como la nuestra que hacemos monitoreo”.

La Ley 26857 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública –que rige desde 1999– estableció la obligatoriedad para los candidatos a cargos electorales nacionales a presentar su declaración jurada patrimonial, con el detalle de sus bienes, acciones bursátiles, empleos anteriores, participaciones en sociedades, entre otros datos. “La publicación de este tipo de información es un instrumento clave para la rendición de cuentas de los gobernantes. Además, sirve para identificar potenciales irregularidades, conflictos de interés y casos de enriquecimiento ilícito en quienes nos representan o aspiran a hacerlo”, dice De los Santos.

Con la consigna “Candidatos transparentes”, la iniciativa fue acompañada desde la plataforma de peticiones Change.org, que reunió más de 120 mil firmas para que los candidatos presenten la información requerida por ley, lo que demuestra que “la gente quiere saber, exige rendición de cuentas y está a favor de transparentar los procesos”.

Junto a Causas Comunes, una iniciativa de la ONG Democracia en Red, impulsan además un proyecto de ley para transparentar los procesos de lobby y que haya un registro público de las reuniones de los funcionarios públicos. “Es necesario transparentar los procesos de gestión de intereses para que la ciudadanía conozca qué actores influyen en la toma de decisiones de sus representantes en los tres poderes del Estado. Esas decisiones impactan directa e indirectamente en nuestras vidas”, dice Agustín Frizzera, titular de Democracia en Red.

El proyecto incluye la necesidad de transparentar los organismos públicos, que los registros sean digitales y de acceso público, que se creen registros de reuniones con personas que se dedican al lobby o a la gestión de intereses particulares, y que se declaren viajes y regalos.