El 44,1 % de la población económicamente activa tiene un empleo de pleno derecho, es decir, estable y registrado, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina en el que se analizaron los cambios producidos en el mercado laboral entre 2010 y 2018.

El estudio, denominado “Heterogeneidad y Fragmentación del Mercado de Trabajo 2010-2018”,  se realizó sobre la base de estadísticas y encuestas en conglomerados urbanos con 80 mil habitantes o más, entre los que se incluyó al Gran Mendoza. En total, se concretaron consultas en 5800 hogares por año.

Los profesionales analizaron distintas dimensiones del mercado laboral, entre ellas, el empleo pleno de derechos (aportes previsionales y continuidad), el precario, el inestable, el desempleo, el ingreso y las variables que afectan la posibilidad de lograr un trabajo de calidad, como el nivel educativo, entre otros.

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Empleo público y privado

De acuerdo al informe, menos de la mitad de la población económicamente activa de 18 años y más logró acceder a un empleo de pleno derecho, es decir, con todo los aportes y continuidad. En cuanto al resto, el 9,9 % está desempleado, el 18,6 % tiene un subempleo inestable (changas, trabajos temporarios o son beneficiarios de programas de empleo con contraprestación) y el 27,2 % se desempeña en un empleo regular pero precario; es decir, tiene un nivel de ingreso superior a la subsistencia, pero sin afiliación al sistema de la seguridad social.

Otra de las conclusiones fue que –durante el período estudiado– aumentó la proporción de ocupados en el sector micro-informal de la estructura productiva, que a finales de 2018 incluyó al 49,3 % de los ocupados. Estos empleados realizan actividades autónomas, no profesionales, con alta rotación y con baja o nula vinculación con el mercado formal.

En cuanto a la división entre los ocupados en el sector público y privado, en el primer grupo quedó incluido el 14,9 % de la franja de población analizada, mientras en el segundo, el 35,8 %. Estos últimos realizan actividades profesionales o en unidades económicas de media o alta productividad, e integradas a los mercados formales.

Entre las conclusiones del informe, se destaca la fuerte asociación existente entre el sector donde están insertos los trabajadores y la calidad de su labor. Así, el 81,7 % de quienes se desempeñan en el sector micro-informal (ocupaciones en pequeños establecimientos, de servicio doméstico o independientes no profesionales) pasó en algún momento por un empleo precario, mientras que esta condición solo alcanzó al 24,8 % de quienes se desempeñan en el sector formal y al 12,6 % de los del sector público.

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Los más perjudicados

La distribución de ocupaciones es muy dispar según el sexo de los trabajadores. El estudio determinó que las labores más presentes entre las mujeres son el trabajo por cuenta propia no profesional (el 45,4 %) y el servicio en hogares (el 22,9 %). Mientras tanto, la mitad de los varones (el 57,9 %) realizaba actividades como cuentapropistas no profesionales.

Otra de las variables analizadas fue el salario. En 2018, el ingreso medio mensual del total de los ocupados fue de 17 454 pesos; el del sector micro-informal, de 10 283; el del privado formal, de 24 985, y el del público, de 22 987 pesos.

Los trabajadores del sector micro-informal soportan un escenario laboral más adverso que los del sector privados, ya que en relación con este último, hay más proporción de personas sin el secundario completo y residentes en hogares de nivel socioeducativo bajo. Además, el 75,9 % no cuenta con aportes jubilatorios, el 51,3 % no posee cobertura de salud, el 30 % estuvo desempleado por lo menos una vez en el último año, el 13,2 % declaró una antigüedad menor a un año y el 45,1 % demanda más horas de trabajo.

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En la investigación también se analizaron las condiciones psicosociales de los trabajadores. Las personas incluidas en el sector micro-informal se ubicaron en la peor situación. El 23 % presenta malestar psicológico, el 24,1 % afronta de forma negativa los problemas, el 16,6 % expresa sentirse nada o poco felices y el 14,1 % tienen creencia de control externo; es decir, que siente que no puede tomar decisiones para modificar lo que le sucede.

El estudio determinó que la posibilidad de los trabajadores de poseer un empleo pleno de derechos está fuertemente asociada a aspectos estructurales. En este sentido, el sector en el que se inserta en la estructura productiva y el nivel socioeconómico del hogar tienen un peso muy superior frente a factores de carácter personal como sexo, edad o nivel de instrucción.

Como en informes anteriores, se mantienen las características del grupo que posee más inconvenientes para la obtención de un empleo de pleno derecho. Ahí están incluidas las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de nivel educativo bajo.