A un año del vencimiento del plazo legal para que las comunas aprueben sus planes de ordenamiento territorial, solo cuatro de las dieciocho cumplieron con este plazo: Capital, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Lavalle. Las demás tienen distintos grados de avance y -entre ellas- seis son las más atrasadas, ya que ni siquiera terminaron de trazar los lineamientos centrales de sus propuestas.

Nadia Rapali, vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, confirmó que solo las cuatro comunas mencionadas completaron el proceso previsto por ley. Es decir que elaboraron el plan, lo pusieron a consideración de los vecinos en una audiencia pública y luego fue aprobado por el Concejo Deliberante.

La geógrafa comentó que el avance de este proceso en el resto de las comunas es dispar: a Las Heras, Maipú, y Santa Rosa sólo les resta que el plan sea analizado en el Concejo Deliberante, Guaymallén tiene la propuesta lista, pero aún resta que realice la audiencia pública . En una situación simular se encuentran Malargüe y La Paz.

Ordenamiento territorial: la hora de las comunas

Llegó la hora de las comunas. Después de veinte años de discusiones, Mendoza tiene un Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y ahora los 18 municipios tienen doce meses para elaborar sus propios planes, en los que deben respetar los lineamientos que les marca la norma aprobada ayer (miércoles 23 de agosto) en la Legislatura.

Sin plan

Rapali nombró también a las comunas que están atrasadas, ya que ni siquiera tienen el plan elaborado. Se trata de General Alvear, San Rafael, San Martín, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

La profesional explicó que se conjugaron una multiplicidad de factores por las cuales estos municipios no concluyeron su plan, entre ellos la falta de profesionales idóneo, los acotados fondos para realizar estudios de base y en algunos casos la falta de voluntad política.

Empujón a los municipios para que concluyan sus planes

El último empujón para pasar de la teoría a la práctica: esas palabras podrían estar estampadas en el convenio que firmaron el Ejecutivo y la UNCUYO, cuyos profesionales acompañarán a las comunas para que concluyan sus planes de ordenamiento territorial.

Respecto de los fondos, Rapali reconoció que son escasos los 22 millones de pesos que se distribuyen entre las comunas por año para concretar sus propuestas. Esto, con dos salvedades: la primera es que se distribuyen siguiendo el criterio de la coparticipación, es decir que algunos reciben muy pocos dinero, y la segunda que sólo se habilita un nuevo desembolso una vez que hicieron la rendición de cuenta ante el Tribunal de Cuentas, una situación que sólo cumplieron las cuatro comunas que concluyeron el proceso.

Ahora, como cierre de gestión antes de que inicie su mandato el gobernador electo, Rodolfo Suárez, Rapali realizará un informe en el que detallará cuáles son las comunas que ni siquiera elaboraron su plan, es decir que incumplieron con la ley. Explicó que de acuerdo a la Ley de Ordenamiento, es la Fiscalía de Estado, el organismo que tiene la potestad de llamar la atención a quienes no cumplieron con los plazos previstos en la norma.

Ley de Ordenamiento: del proceso histórico a las falencias en su aplicación

Tres referentes del ámbito académico y científico coincidieron en su balance respecto de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, a diez años de su aprobación.

Una herramienta clave

Los planes de ordenamiento municipales son una herramienta clave para que las comunas continúen su proceso de crecimiento, pero siguiendo directrices claras. En los mismos deben definir, por ejemplo, sus zonas urbanas, de interfase y rural y explicitar qué actividades están permitidas y cuáles prohibidas en cada una de ellas. Esto, con el objetivo de intentar dejar de lado las excepciones que aprueban los concejos deliberantes, que en muchos casos posibilitan cambios en los usos del suelo, según las conveniencias de distintos actores.

Ordenamiento territorial: la excepción como norma

Aldo Rodríguez Salas dijo que Mendoza vive en estado de excepción permanente respecto de las normas que regulan el ordenamiento territorial. El especialista en derecho ambiental aseguró que esta situación demuestra la gravedad y el desborde de algunas situaciones que se deben solucionar.

Estos planes comunales forman parte de un proceso que comenzó hace más de diez años, cuando luego de un trabajo arduo de muchos profesionales -y con la UNCUYO a la cabeza- en 2009 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y en 2017 el Plan Provincial, que marca los lineamientos que deben seguir los municipios.

Rapali rescató el proceso histórico en esta materia, aunque aseguró que es necesario consolidarlo. Explicó que los planes comunales son el puntapié inicial para comenzar a trabajar y redefnir los códigos de edificación de cada municipio.