El éxito o el fracaso en la trayectoria escolar de los niños y adolescentes depende del grado de articulación que se desarrolla entre la familia y la escuela. Garantizar una educación de calidad para todos implica lograr una fluida articulación entre lo educativo y lo social. Mientras existan escuelas cuyas propuestas educativas no se ajusten a las características sociales y culturales de sus alumnos, difícilmente se logrará.

Es un deber de los sistemas educativos fortalecer las capacidades de cada escuela, ofreciéndoles los recursos necesarios para que puedan comprender las particularidades del contexto en que les toca educar, elaborar una propuesta institucional y pedagógica acorde a ese contexto, y sostenerla en el tiempo, como modo de garantizar a sus alumnos una experiencia escolar exitosa.
 

Una sintética historia educativa

Las políticas de educación en Argentina atravesaron un largo proceso con marcados cambios durante el correr de los años. En el período globalizado de 1880 a 1930, la educación se centró en formar ciudadanos, con la intención de “nacionalizar” el país y sus habitantes, buscando mantener la paz y el control social. Fue entonces cuando se sancionó la Ley de Educación Común 1420, con un profundo debate entre liberales y católicos por la laicidad. Más adelante, entre 1930 y 1955, se buscó ampliar la cobertura educativa a los nuevos sectores sociales, jerarquizando la disciplina, supervisando y controlando la labor educativa.

El período que va desde 1955 a 1976 entendió a la educación como un motor de desarrollo en el país, como inversión en capital humano. Para terminar con el analfabetismo se incorporó rápido a los jóvenes a la vida productiva, se crearon servicios educativos diferenciados por las diversidades regionales. Además, surgieron muchas escuelas para adultos y se incrementaron los establecimientos privados en todos los niveles.

La Reforma Educativa implementada en los 90 resultó poco viable, ya que agudizó la brecha entre integrados y excluidos al sistema. El Estado, en su proceso de descentralización que se inició en 1993, con la categoría “ministerio sin escuelas”,  generó una política de administración basada en la compensación de estas desigualdades materiales. Paradójicamente se focalizó a través del Plan Social Educativo (PSE) y el Plan Nacional de Becas. La expresión legislativa de este período se puede sintetizar en tres normas: la Ley de Transferencia, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior.

Desde fines de 2003 y principios de 2004, el Ministerio de Educación comenzó un camino de reformas de las leyes hasta entonces vigentes. De esta manera, en diciembre de 2003 se sancionó la Ley 25864, llamada de los "180 días de clase"; en el 2005 se sancionaron dos nuevas: la Ley 26058 de Educación Técnico Profesional y la Ley 26075 de Financiamiento Educativo, para concluir este proceso, en 2006, con la sanción de la Ley 26206 de Educación Nacional.

De todas maneras, existe una preocupación generalizada por el deterioro de la educación como consecuencia de la reestructuración del sistema educativo en los años 90 a través de la Ley Federal de Educación. De este modo, la inclusión, la calidad, la desigualdad y la deserción escolar se convirtieron en recurrentes temas de debate y análisis.