Pese a los reclamos de los productores mendocinos de ser incluidos, este jueves 26 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Emergencia Económica por un año para el sector frutícola en las provincias de Río Negro y Neuquén. El proyecto había sido presentado por la senadora neuquina Lucila Crexell y ya tenía sanción inicial en el Senado.

Desde la provincia había alzado la voz para reclamar Alberto Carleti, titular de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán, en representación de los productores de pera y manzana, quienes “sufren las mismas consecuencias que los de las provincias de referencia”, según reza el escrito que dirigió a los legisladores nacionales.

No obstante, en Mendoza la noticia no fue bien recibida, ya que quedó afuera de los beneficios. "Desde hace mucho tiempo venimos transmitiendo nuestros reclamos, manifestando los problemas que afectan a la fruticultura de Mendoza, que viene decreciendo en su superficie cultivada en forma sistemática. De continuar con esta tendencia, hay cultivos que desaparecerán, con el problema social que esto genera, quedarán productores totalmente excluidos, galpones de empaques cerrados y frigoríficos con capacidad ociosa, lo que significa ni más ni menos la pérdida de puestos de trabajo genuinos, que son muy difíciles de recuperar", advirtió la nota de Carleti, quien también ocupa el cargo de vicepresidente de Producción de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Uno de los artículos de la nueva ley dice: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”. Con estas prórrogas, de contemplarse hasta fin de año la emergencia económica, el sector se evitaría desembolsar, como mínimo, $ 600 millones en 2017.

Esta norma da así un respiro a un sector que atraviesa una gran crisis financiera en las provincias de Río Negro y Neuquén. El próximo paso es una reunión entre los senadores involucrados en el proyecto, representantes del sector frutícola y representantes de la AFIP para charlar sobre la ejecución de esos beneficios.

También existen deudas con la AFIP por parte de las empresas de la actividad, que en la charla se intentará que sean incluidas en el paquete. El pago de las prórrogas y las deudas de los beneficiados se hará en cuotas a partir de 2018.