“Este domingo volví a sentirme un mutante, con lo malo y lo bueno que implica eso, volví a sentirme un X-Men”, aseguró Mario Vargas –sociólogo y miembro de la organización Click– ante la noticia de la implementación de un Registro Único de Diversidad Sexual (RUD) que anunció el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza. Es que desde esa cartera, específicamente a través de la Coordinación de Diversidad, dieron a conocer la aplicación de esta “herramienta” con el fin de obtener datos psicosociales que permitan una posterior implementación de políticas públicas.

Según la gacetilla de prensa publicada en el sitio web del Ministerio, el registro incluiría a personas de la comunidad LGBTIQ; es decir, personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (aquellos que no se identifican con ninguna tipología). Además, detallaron que las fichas de registro fueron diseñadas sobre la base de las formuladas por el Registro Único de Casos (RUC), que se aplica en la provincia para casos de violencia hacia la mujer.

Sin embargo, a partir de la información que ha sido publicada hasta el momento, referentes de la comunidad LGBTIQ han manifestado su rechazo a esta novedad. Las principales críticas se basan en que es un acto de discriminación y de persecución, y en que no se ha tenido en cuenta la participación de organizaciones ni de otros sectores gubernamentales, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

El delegado en la provincia de ese instituto, Daniel Di Giuseppe, confirmó a Unidiversidad que por el momento el Ministerio no se ha comunicado con ellos, aunque cree que es inevitable que en algún momento se realice algún tipo de consulta. Para el funcionario, “siempre es positivo tener bases de datos para implementar políticas públicas". "Hay que ver específicamente qué tipo de datos se requieren, no lo sé”, dijo. No obstante, remarcó que si alguien tiene algún tipo de reparo específico que considere discriminatoria la aplicación del RUD, está invitado a acercarse al Inadi para presentar la denuncia correspondiente.

La exasesora legal de esa institución y militante feminista, Sandra Passarella, afirmó que la implementación del RUD constituye un acto discriminatorio y persecutorio, en tanto que se confeccionan registros con datos personales como el nombre, la filiación, el domicilio y el DNI de la persona. Esos son algunos de los datos que se solicitan para registrarse en el RUC. También destacó que es discriminatorio porque, según ella, “lesbianas, gais, travestis y trans no somos víctimas de nada, no somos vulnerables por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Somos, en todo caso, vulnerados y vulneradas por la falta de políticas públicas y de presupuesto para garantizar las leyes que protegen nuestros derechos y los del resto de las personas que habitan nuestra provincia”.

“Si se respetaran nuestros derechos, nuestras orientaciones sexuales e identidades de género, no haría falta ningún protocolo o registro”, lanzó Passarella, a lo que agregó que las autoridades provinciales deberían preocuparse por la desfinanciación y el desmantelamiento de programas (el caso más significativo lo constituye la Ley de Educación Sexual Integral) y por el cumplimiento de leyes y proyectos como el cupo laboral trans y normas antidiscriminatorias.  

En coincidencia con Passarella, Mario Vargas consideró que implementar un Registro Único de Diversidad Sexual implica entender la sexualidad como algo fijo, estático, y que no sólo es una medida discriminatoria, sino que también es peligrosa porque sirve al perfilamiento policial y a la estigmatización social.

“Pensar en un registro no es pensar en términos estadísticos, generales y anónimos, sino que se trata de un registro que contará con datos personales como nombre, domicilio y ocupación, datos con los que contará el Estado y sus organismos, que incluyen los aparatos represivos, los mismos que aplican toda las noches los Códigos Contravencionales y de faltas a través de su policía o de sus preventores contra las personas en situación de prostitución”, sentenció Vargas.

Finalmente, Macoco Guajardo, docente y miembro de la Federación Argentina LGBT y de Mendoza LGBT, opinó que los datos pueden “desviarse” para cualquier lado, pueden venderse en cualquier momento e iniciar lo que él llamó “una cacería de brujas”. También manifestó su desconfianza acerca de cuál es la finalidad del RUD, quiénes tendrían que inscribirse, para qué, quién va a tener acceso a esos datos, cuáles son los objetivos a corto, mediano, y largo plazo; las metas principales y secundarias, y si esta medida sólo se aplicará desde el Ministerio de Salud o participarán otras organizaciones e instituciones. Además, señaló al Gobierno por haber “embanderado un discurso que está vacío de acción”.

Desde Unidiversidad se intentó contactar a Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, pero no se obtuvo respuesta.