Esta vez no hubo grieta entre el oficialismo y el PJ: los y las senadoras y diputados aprobaron en sesiones especiales las modificaciones a la Ley 7722, que prohibía -hasta ahora- el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros. Sin embargo, en el  seno de esos dos frentes políticos hubo legisladores que plantearon disidencias y votaron en contra del proyecto del Ejecutivo, a quienes se sumaron los representantes del FIT y de Protectora.

Una vez que concluyó la jornada maratónica, los oficialistas celebraron la decisión, por entender que tal como estaba redactada la 7722 era una ley prohibitiva, que no permitía el desarrollo de una actividad lícita. Del otro lado, quienes votaron en contra, aseguraron que Mendoza perdió la oportunidad de seguir a la vanguardia en materia de protección de sus recursos naturales y explicaron que con las modificaciones, la norma que se gestó en 2005 y se aprobó dos años después perdió su espíritu.

Por estas razones, el senador Marcelo Romano (Protectora) anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, basada en el principio de no regresión de las normas ambientales.

Entre la "falta de consenso social" y el "aval de los resultados electorales"

Luego de la aprobación en el Senado de la reforma de la ley 7722, la senadora del PJ, Andrea Blandini, quien votó en contra de las modificaciones, señaló que no hubo consenso para su tratamiento. El legislador radical Alejandro Diumenjo, por el contrario, opinó que los resultados electorales le dieron el aval al proyecto del gobernador Rodolfo Suarez.

En los pasillos de la Legislatura también celebraron los representantes de las cámaras de empresarios mineros y de sectores metalmecánicos, quienes destacaron la importancia de la modificación de una norma, que siempre consideraron como un cepo a la actividad.

La modificación de la 7722 fue un anuncio que hizo en campaña el gobernador, Rodolfo Suarez y cumplió con su palabra un día después de asumir, ya que el proyecto ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre.

El proyecto aprobado implica cambios esenciales: a partir de ahora, la única sustancia prohibida en emprendimientos mineros será el mercurio, se dejó de lado la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se estableció que la misma debe estar acompañada por informes del Departamento General de Irrigación (DGI), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), así como del municipio en el que ancle el proyecto. También se estableció un sistema de control bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, con la conformación de una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, una Comisión Bicameral de Seguimiento, la posibilidad de realizar auditorías internacionales y la participación ciudadana, a través de lo que se llamó Red de Vigilancia Ambiental.

Algunos de los puntos incluidos en la modificación que se aprobó, fueron propuestos por el PJ, lo que hizo que los bloques votaran a favor, aunque hubo disidencias.

Protestas y fuerte custodia enmarcaron el día clave para la 7722

Provincial Unidiversidad Ley 7722 / por Unidiversidad / Videos: Noelia Delgado y Ariella Pientro / Publicado el 20 DE DICIEMBRE 2019 Llegó el día: el proyecto del Ejecutivo provincial que busca la modificación a la ley 7722 fue aprobado en sesión especial por el Senado.

Sesiones maratónicas

La jornada comenzó a las 7 y dos horas más tarde se inició la sesión especial de la Cámara Alta, que en cuatro horas aprobó el proyecto por 29 votos a favor y 7 en contra. A las 14 se inició la sesión de Diputados, que poco antes de la 18 dio sanción definitiva a los cambios, con 36 votos afirmativos, 11 en contra y 1 abstención.

Las sesiones se realizaron en un clima tranquilo y la explicación es sencilla: la Legislatura fue literalmente blindada, con vallados colocados alrededor del edificio y con 240 policías apostados en las inmediaciones y en el interior de la Casa de las Leyes. Detrás del vallado se ubicó un grupo de personas que apoyaron el proyecto, mientras en el extremo opuesto se ubicaron los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura, que aseguraron que la propuesta significaba un retroceso.

En el recinto esta situación dividió las voces: unos legisladores aseguraron que no se podía tratar una ley encerrados y a espaldas de los ciudadanos; mientras otros destacaron que la decisión se tomó porque el martes legisladores y trabajadores quedaron “encerrados” y pasaron malos momentos, porque los asambleístas no dejaban salir a nadie.

Empresarios buscaron aval en la Legislatura para modificar la ley 7722

Esta semana, el Clúster Energético, integrado por la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), entre otros, envió un documento a la Legislatura provincial para que se acelere el tratamiento de los proyectos de reforma de la Ley 7722.

Fundamentos parecidos, con distintas visiones

En ambas sesiones especiales, las exposiciones se centraron en dos grandes ejes temáticos: la calidad legislativa del proyecto y el modo en que se trató, y las modificaciones en sí, con los beneficios o perjuicios que acarrearán a la provincia, de acuerdo a los distintos puntos de vista.

Un puñado de palabras salieron de boca de los legisladores cientos de veces: tratamiento exprés, matriz productiva, licencia social, regalías, empleo, agua, ambiente, contaminación y recursos naturales.

En cuanto al primer aspecto, es decir el proyecto y cómo se trató, quienes votaron a favor aseguraron que la discusión no es nueva, que viene desde 2016 cuando se puso en marcha una discusión sobre la minería que arrojó conclusiones y que contó con la participación de muchos sectores, a lo que sumaron las discusiones por los proyectos de modificación de la ley que presentaron hace tiempo los legisladores justicialistas, Alejandro Abraham y Juan Agulles. Del otro lado, quienes votaron en contra, criticaron el tratamiento apurado de una ley que consideraron fundamental y plantearon que no se escucharon los reclamos del sector científicos ni de los ciudadanos.

Justamente, otro aspecto que abordaron fue el de la licencia social. Mientras los que votaron a favor aseguraron que quienes se oponen a los cambios son un grupo minoritario que genera miedo y dudas y que Suárez cuanta con el aval necesario para los cambios por haber ganado la elección; del otro lado destacaron que la ciudadanía tiene temor, no sólo porque la iniciativa se trató muy rápido, sino también porque son conocidos las consecuencias de los accidentes de la industria en otras provincias, especialmente en San Juan, y en otros países.

Economía y matriz productiva

Además de discutir respecto del tratamiento del proyecto, los legisladores abordaron los beneficios o perjuicios de las modificaciones, según sus diversos puntos de vista.

Quienes votaron a favor repitieron que los proyectos mineros generarán grandes beneficios económicos, no sólo a través de la creación de empleo, sino también de las regalías (que son el 3%, más 1,5 para un fondo solidario) y que esto permitirá superar los elevados índices de pobreza y desocupación y dieron ejemplos de otras provincias y países. Del otro lado, explicaron que estos beneficios son ínfimos, que esa industria no genera gran cantidad de empleo y que las regalías que pagan (las determina la Nación) son ínfimas en relación a sus ganancias.

Otro tópico común fue el cambio de la matriz productiva. Quienes votaron a favor, aseguraron que la minería colabora en ampliarla, ya que otros sectores como el agrícola o el turísticos tienen límites y en algunos casos están agotados; mientras quienes votaron en contra destacaron la necesidad de buscar caminos más amigables con el medio ambiente, como apostar a la industria del turismo que promueva los paisajes prístinos de la Provincia.

Un tema recurrente fueron los controles. Mientras los que votaron a favor subrayaron que pusieron en marcha un mecanismo que posibilitará seguir de cerca y monitorear los emprendimientos, con participación de profesionales y ciudadanos; quienes se opusieron dijeron que los permisos y los controles están en manos de un mismo organismo del Ejecutivo (la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial) y que no está claro cómo se formarán esos equipos ni qué fondos hay disponibles para ese fin.

Los legisladores también hablaron sobre dos modelos distintos. Quienes votaron a favor aseguraron que la minería controlada genera enormes beneficios y si bien aseguraron que puede haber accidentes, recalcaron que estos se mitigan con un control serio. Por el otro lado, destacaron que el Ejecutivo impulsa un modelo extractivista, que ya mostró sus consecuencias negativas en muchos países de la América Latina.

Otro eje central del debate fue el cuidado del agua. Los que votaron a favor, subrayaron que con controles estrictos y respetando toda la normativa provincial, nacional y los tratados internacionales en la materia ese recurso esencial para Mendoza está seguro; mientras los que votaron en contra subrayaron que los riesgos de contaminación existen, que son grandes y que no importa en qué lugar se produzcan, porque en definitiva afectarán tanto al oasis como al secano. 

Mientras unos legisladores celebraron la aprobación de las modificaciones y otros la consideraron un retroceso, los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura protestaban en distintos puntos de la Provincia, especialmente en el Valle de Uco y el Sur, que fueron la cuna de la 7722.