El año nuevo vino con aumentos en diversos sectores y todo indica que el transporte no se quedará atrás. En la mañana de hoy, miércoles 10 de enero, se realizó la audiencia pública por la tarifa del transporte público, la cual cerró sin definiciones y sin una confirmación concreta del porcentaje del suba Asociaciones que representan a los usuarios señalaron a las empresas como fraudulentas.

En agosto de 2017, las empresas prestadoras del servicio de transporte público solicitaron una actualización de tarifas, lo que tienen permitido por el contrato de concesión de servicio. Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos de la provincia, aseguró que luego de las presentaciones de las privadas, el área de estudios técnicos de la secretaría que él conduce realizó sus propios informes, que hoy fueron mostrados en la audiencia pública convocada por esa dependencia.

El funcionario explicó que el sistema de transporte público cuesta alrededor de 3400 millones de pesos anuales y tiene tres fuentes de financiamiento: los subsidios nacionales, los provinciales y las tarifas. Estas últimas cubren alrededor de un tercio de los gastos del sistema, que abarca además algunos beneficios como el medio boleto estudiantil y la ventana de 90 minutos de trasbordo, entre otros. Es por eso que Mema aseguró que es necesario realizar un blanqueo de tarifas para que el subsidio llegue a personas que realmente lo necesiten y que, aquellos que pueden, paguen el boleto completo.

Sin embargo, el secretario evitó dar un porcentaje concreto de cuánto aumentaría el pasaje en el transporte público y no dejó de destacar que Mendoza es una de las provincias más baratas en esa materia.

A pesar de que no hay una confirmación oficial, se estima que el boleto pasaría a costar de los $8,50 de hoy a $10 a partir de febrero.

Analizan incrementar el precio del boleto

Los empresarios del transporte público solicitaron una actualización de tarifas, en base al aumento de costos. El 10 y 11 de enero se realizarán las audiencias públicas. El gobernador tiene la última palabra.

Las empresas, en la mira de los consumidores

Tanto la Asociación Civil Consumidores Mendocinos, representada en esta ocasión por Gisela Lamberti, como el diputado nacional José Luis Ramón, de la ONG Protectora, mostraron su preocupación por el accionar de las empresas y por el aval que -dicen- les da el Gobierno provincial.

Ramón aseguró que en los expedientes está demostrado que los colectivos gastan 34 litros de gasoil cada 100 kilómetros, cuando las empresas afirman que consumen 41. Y los aumentos en la tarifa se calculan, entre otras cosas, por kilómetro recorrido de los vehículos.

“El verdadero problema no es cuánto cuesta el boleto, sino en cuánto dinero las empresas se llevan de manera espúrea con el aval del Estado”, sentenció Ramón. Y agregó que “los datos que los empresarios aportan en los expedientes que se muestran en esta audiencia pública son falsos”.

Por su parte, Lamberti advirtió que las empresas se han "cartelizado". “En el momento de estudiar el expediente encontramos que todas y cada una de las empresas han presentado las mismas facturas de costos. Es decir que se podría estar cometiendo un fraude por parte de las empresas hacia el Estado. Hemos solicitado que el secretario de Servicios Públicos tome cartas en el asunto. El año pasado sucedió exactamente lo mismo”, aseguró la mujer.

Y agregó que, para la Asociación que representa, el aumento en la tarifa del colectivo deviene en confiscatorio a los ciudadanos “porque venimos soportando desde hace dos años aumentos generalizados en los distintos servicios públicos”. Además, destacó que el Gobierno ha desobedecido un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de octubre de 2017 que establece que se debe crear un ente regulador del transporte público de pasajeros.