Los organismos de control competentes son esenciales para el funcionamiento de la democracia. Si ellos faltan, no hay garantías de empoderamiento del ciudadano, ni de saber cómo se ejerce el poder, ni de que rindan cuentas por sus actos quienes deben hacerlo. El control permite prevenir la corrupción o, al menos, castigarla para que no se repita.

Pero ¿cómo funcionan los organismos de control en Mendoza? ¿Quiénes son y de dónde vienen los funcionarios que los dirigen? Estas preguntas fueron el puntapié inicial de una investigación que se llevó adelante en Mendoza para Chequeado dentro de un programa denominado “Investigación Periodística con Participación Ciudadana”, que cuenta con el apoyo del Fondo para la Democracia de Naciones Unidas (Undef).

El foco de la investigación estuvo en los organismos de control con rango constitucional en la provincia, como son la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado. Al estudiar la trayectoria de los funcionarios con cargos jerárquicos en el caso de Mendoza, el primer dato que se obtuvo fue que siete de los trece altos puestos de los tres principales organismos de control son ocupados por personas que vienen directamente de cargos en los poderes Legislativo o Ejecutivo. Vienen de la política. Otros funcionarios jerárquicos tienen entre 20 y 31 años de trayectoria en los organismos de control y, en muchos casos, poca experiencia laboral previa.

El análisis de Chequeado pone en evidencia que no se trata de casos aislados, sino que el hecho de pasar directamente de cargos ejecutivos o de representación política a los organismos de control es una práctica extendida en el tiempo y que no hace distinción de color político. Incluso, en los organismos de control se designa a quienes cumplían funciones en áreas que luego deben controlar o a quienes son cercanos a sus controlados, ya sea por afiliación partidaria, amistad e incluso lazos familiares.

Hay casos emblemáticos. Un ejemplo es la incorporación de Marta Liliana Muñoz de Lázzaro como vocal del Tribunal de Cuentas. La única mujer entre las máximas autoridades del organismo de control fue vocal en febrero de 2017, luego de ser propuesta por el gobernador Alfredo Cornejo. Muñoz de Lázzaro acompaña al actual jefe provincial desde 2007, durante su intendencia en Godoy Cruz y, desde hace un año, cuando asumió como gobernador, en el rol de subsecretaria de Administración y Control del Ministerio de Salud. Ahora, como vocal del Tribunal de Cuentas, deberá auditar lo que hasta el año pasado ejecutaba como autoridad administrativa dentro de dicho ministerio.

El cargo de Muñoz de Lázzaro es vitalicio y tiene las mismas garantías que el de un miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Mientras ella llegaba a esa función, se discutía una posible reforma constitucional en Mendoza que terminaría con esta forma de elección para cubrir cargos en los organismos de control y abriría instancias de concurso y participación ciudadana directa. Dos aspectos aún sin contemplar.

En el medio sigue resonando el caso del exfiscal de Estado Joaquín de Rosas, destituido en 2014, acusado de beneficiar a un grupo económico en un litigio por expropiación de tierras. De Rosas perdió su cargo, pero el perjuicio económico contra el Estado nunca fue subsanado.