La inflación del 8,8 % es de las más altas del mundo, si no la más alta. Está varios décimos por arriba de la del gobierno anterior para abril de 2023. E implica que todo sigue subiendo, sólo que un poco más lento. Lo que valía 10.000 pesos a comienzos de abril, cuesta 10.880 pesos a final de ese mes. No es poca la diferencia.

Está la confusión de que se cree que bajar la inflación es lo mismo que bajar los precios. Bajar la inflación es decir que los precios siguen subiendo, pero un poco menos que lo que subieron el mes anterior. Eso es todo. Y, como este mismo gobierno elevó la inflación al 25 % en diciembre con la devaluación, le es bastante fácil bajarla a índices parecidos a los del gobierno anterior en su último año.

Veremos cómo se sigue en los próximos meses, porque el tema no es la inflación solamente: más importante es el poder adquisitivo. Se trata de la relación entre precios y salarios. En los nada añorables tiempos de Menem (a quien, pasmosamente, el presidente adscribió que “pudo ser un desaparecido”, cuando no fue secuestrado ni torturado) se imponía el 1x1: casi cero de inflación, con hambre y desocupación generalizadas. Si los salarios son bajos y los derechos sociales y laborales son arrasados –como se busca con la ley Bases que está en el Senado–, la situación de la población es desesperada. La falta de inflación no impide para nada ese desastre. La desocupación se duplicó en tiempos de Menem: con los echados del Estado, tuvimos sitios que se volvieron pueblos fantasmas, ahogados por el desempleo, donde los consumos de alcohol y droga subieron dramáticamente. Es el modelo que sigue Milei, que quiere ir más lejos por el mismo camino.

Hoy, con precios inalcanzables y tarifas siderales, con aumentos en el transporte que en todo el país son enormes y en Mendoza absolutamente desmesurados, apenas se puede arañar el fin de mes; en muchos casos con deudas, comiendo a medias y abandonando los sitios que se alquilaban. No está para festejar un índice como el de la inflación, que pelea el lugar de la más alta del mundo.

Mientras, el gobierno avanza con su técnica de ocultar sus falencias atacando a los demás. Posse fue al Congreso no a hablar de cómo ayudan a los inundados de Concordia o a los que sufrieron el dengue, ya que el gobierno los abandonó: fue a hablar contra la CGT, a decir que iniciarán juicios según denuncias –a menudo anónimas– que son propiciadas por el mismo gobierno (en una práctica perversa y persecutoria). La línea telefónica puesta al servicio de denuncias en contra de los adversarios del gobierno es un obvio mecanismo de apriete político. No cabe denunciar a allí patrones que amenazaron a sus trabajadores para que no pararan o que no cumplen sus obligaciones legales: es sitio contra sindicalistas y líderes populares.

Así, ante el claro eje de hambre y pobreza crecientes con retiro del financiamiento a los comedores –un problema social monumental–, el gobierno logra imponer los allanamientos ordenados por una Cámara amiga (Bruglia y Bertuzzi incluidos) y recomponerlo con cambio de la agenda hacia “corrupción en la gestión de los comedores”. Se llegó al disparate de afirmar que más de la mitad de los comedores financiados no existen, lo que es inviable por completo. La cuestión es escandalizar a la opinión pública y lograr que la TV, incluso la que es mayoritariamente opositora (caso del canal Crónica) terminen hablando exclusivamente de la extorsión –real o supuesta– para que personas que recibían mercaderías fueran a las marchas: a esas marchas decisivas para que exista ese envío de mercaderías.

Otras extorsiones no merecen la misma suerte: cuando el presidente obliga a gobernadores a que “sus” legisladores voten a su favor en el Congreso, lo hace diciéndoles que les negará los fondos que les corresponden. Simplemente eso: además de los que ya les ha quitado sobre docencia y transportes. Ante ello, no hay un teléfono para denunciarlo ni una cámara judicial que intervenga. Siempre se ataca al ladrón de gallinas. Porque es obvio y compartible que deben cuidarse los fondos del Estado: pero, por eso mismo, los gastos de un presidente que va a España a visitar a sus contertulios y no a las autoridades de ese país no deben –pero vemos que se puede– ser cubiertos con fondos oficiales.

En fin: siguen sin financiarse los comedores populares. Lo mismo que las universidades, a pesar de las históricas manifestaciones realizadas. Esas universidades que el presidente desatiende –mientras sus mentores las atacan y desprestigian desde las redes sociales–, pero que, a la hora de presentarse en un libro, lo llevan a afirmar falsamente que él es egresado de la UBA. La editorial tuvo que retirar los ejemplares, con la pérdida económica consiguiente, para enmendar el dato erróneo.

Mientras, se lanzan a Diputados las leyes represivas de Bullrich, que hasta ahora se ocupa de la persecución política, pero muy poco del delito. La inseguridad crece, pero la ministra no se inmuta: ella sigue viendo cómo, en nombre de una seguridad que no parece interesarle, puede agudizarse la represión sindical, política y social. ¡¡Allí se ve a la policía, en las manifestaciones!! Pero no a la hora de patrullar las calles.

Estos proyectos de leyes son letales: se podrá condenar a alguien por hechos en los que no participó, pero que hizo otra persona de su organización. O –según la extraña figura de la “reiterancia”– apresar a una persona si ha tenido algún delito previo sin esperar sentencia. Es el enseñoramiento de la arbitrariedad, según ya vimos con la “corrección” de la condena a Chocobar. Llegó la hora del gatillo fácil establecido legalmente: ojalá se pueda impedir su aprobación, que pretende pasar desapercibida bajo la discusión de la tan remanida y problemática ley Bases.